El gobernador alienta la impunidad y la intolerancia, advierte el director de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La advertencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de que aplicará mano dura contra la protesta social, y su intención de desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, es una manera de alentar la impunidad y de fortalecer las posturas intolerantes que existen en el estado, denunció el director del Centro Tlachinollán, Abel Barrera Hernández.
Advirtió que la postura del gobernador va a provocar una nueva campaña de linchamiento contra lo que representa la reivindicación de los derechos de las víctimas, como la de las “fuerzas vivas” que tras el desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre del año pasado comenzaron a defender al mandatario y a criminalizar a los normalistas.
En entrevista, Barrera Hernández consideró que las declaraciones de Aguirre Rivero se deben al descrédito en el que se ha sumergido su gobierno al no poder resolver asuntos como el asesinato de Juventina Villa Mojica en La Laguna, antes de que fuera desplazada a la comunidad de Las Ollas.
Asimismo, la desaparición forzada de Marcial Bautista y Eva Alarcón, lo sucedido en el caso Ayotzinapa, la inseguridad en el puerto de Acapulco y “el único mecanismo de defensa es desacreditar a quienes hacemos un trabajo de muchos años”.
Subrayó que el gobernador reaccionó como lo hacen los gobiernos autoritarios, cuando acusan a los defensores de defender a los delincuentes, pero esas declaraciones nada tienen que ver con un gobierno que se dice democrático.
Lamentó que el gobernador no esté pulsando la realidad del estado y lo convocó a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ayotzinapa, porque mientras no haya responsables materiales ni intelectuales, no hay cumplimiento.
Aclaró que sí ha habido atención a algunos puntos de la recomendación, pero sólo en cuestiones administrativas, no de fondo, como en las investigaciones y el castigo a los responsable, “de eso no hay nada”.
También consideró que el gobernador está perdiendo los estribos en términos de mantener el control de las instituciones y busca descargar la responsabilidad de lo que pasa en el estado en las organizaciones sociales y en las víctimas, pero “no es responsabilidad de las organizaciones, más bien de la ineficacia, la impunidad y de la falta de justicia que existe en el estado”.
Reiteró que esta postura del Ejecutivo estatal es muy peligrosa, porque en momentos de crisis (ante el clima de inseguridad) sale el talante autoritario de un gobernador y vulnera a las víctimas y a los integrantes de los movimientos sociales, para que los sectores duros las sigan atacando.