Jorge Camacho Peñaloza

Ley para la libertad de expresión (I)

Cuando la comunicación desaparece y las palabras pierden su sentido común, el espacio público se disuelve y la sociedad entra en la era de la imprevisibilidad. Nicolás Tenzer.

Como integrante de la Sexagésima Legislatura al Congreso del Estado, el pasado martes presenté una iniciativa de Ley para la Libertad de Expresión y de Prensa en el estado de Guerrero, y en esta entrega quiero compartir con ustedes las ideas de la exposición de motivos con las que sustenté la pertinencia y viabilidad de dicha iniciativa.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos centrales en un Estado constitucional, y tienen una doble función en la sociedad: por un lado, permiten el despliegue de la autonomía de las personas y, por otro, permiten el intercambio de ideas tan central para una democracia representativa.
Es por esta última función que la libertad de expresión cumple, a lo largo de los diversos órdenes normativos, con diversas garantías especiales. Estas garantías especiales cubren el ejercicio del periodismo. Esto lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que “las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción”.
La Convención Americana de Derechos Humanos precisa que la libertad de pensamiento y expresión comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El derecho a la libre expresión del pensamiento no se agota en el ámbito individual sino que guarda una relación con el derecho social o colectivo de conocer la información que otros difunden, lo cual implica que la libre expresión en su sentido amplio debe ser garantizada junto con la posibilidad de utilizar los instrumentos necesarios para la difusión pública de las ideas. Limitar la utilización de medios de difusión masiva sería equivalente a la limitación del propio derecho sustantivo.
En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
La expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al estatus de quienes se dediquen profesionalmente a ella.
En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Las dos dimensiones mencionadas deben ser garantizadas simultáneamente.
La situación particular del periodismo en México –en general– y en Guerrero –en particular– ha sido objeto de preocupación para diversas instancias. El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, visitaron en misión oficial conjunta nuestro país del 9 al 24 de agosto de 2010, incluyendo al estado de Guerrero.
Llamó la atención de los relatores que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera la única institución del Estado con un registro público y documentado de crímenes o violaciones respecto al gremio periodístico, donde se revela que entre 2000 y 2010 fueron asesinados 66 periodistas, y entre 2005 y 2010, 10 fueron desaparecidos; específicamente en Guerrero se reportaron, entre otros, los asesinatos de Jorge Ochoa Martínez, Elvira Hernández Galeana y Juan Francisco Rodríguez Ríos.
Frank La Rue también señaló que en algunas zonas del país las y los periodistas se encuentran sometidos a una atmósfera de intimidación que provoca autocensura y, consecuentemente, la sociedad mexicana en su conjunto está perdiendo conocimiento de lo que está sucediendo en dichos lugares respecto al crimen organizado, corrupción, inseguridad pública y asuntos similares
El estado de Guerrero, de hecho, es una de las entidades federativas donde se concentra la mayor parte de las agresiones extremas en contra de periodistas, siendo que el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, particularmente de aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad pública y asuntos conexos.
Retomando lo establecido en la Declaración conjunta sobre delitos contra libertad de expresión, adoptada el 25 de junio de 2012, “los delitos contra la libertad de expresión revisten especial gravedad, puesto que representan un ataque directo contra todos los derechos fundamentales”, situación que evidencia que “representan ataques no sólo contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma y al derecho de todas las personas a procurar obtener y recibir información e ideas”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al término de su visita oficial a México en julio del 2011, sostenía que “el Estado debe hacer más para salvaguardar la libertad de expresión. No solamente permitiendo la pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas. Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”.
De acuerdo con el Informe 2012 del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, si las personas que ejercen el periodismo están en peligro, también lo están las estructuras que conforman a los medios de comunicación, y éstas no pueden ser libres.
Siguiendo el razonamiento de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si los y las periodistas no son libres, tampoco lo somos los ciudadanos y ciudadanas, quienes dependemos del flujo libre y robusto de la información para construir y vivir nuestra democracia.
Por ello, la iniciativa que presentamos tiene como objeto proteger y promover al derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión, pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática, protegiendo y promoviendo los derechos de los y las periodistas de Guerrero y sus familiares.
Vuela vuela palomita: Y ve y dile a mis homólogos que qué pasó con la Agenda de la LX Legislatura que están esperando los y las guerrerenses, ya es hora de hacer política más allá de los colores partidistas.