Son 36, y no 101, los funcionarios sancionados por el caso Ayotzinapa y sólo cuatro detenidos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el expediente que la Procuraduría de Justicia del estado integró por el desalojo violento de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no existen antecedentes de que haya 101 funcionarios del gobierno del estado sancionados, ya sea penal o administrativamente, y tras un año de los hechos en que hubo tres muertos solamente hay cuatro detenidos.
Solamente existen antecedentes de la sanción penal en contra de 12 funcionarios y ex servidores públicos; además, en este mismo paquete fueron incluidos como presuntos sancionados el ex procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, y el ex subprocurador César de los Santos Mendoza, así como ex directores de áreas de la dependencia, sin evidencias de que fueron sancionados.
También otros 24 servidores públicos fueron sancionados administrativamente.
Otros dos agentes ministeriales, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, están procesados por los delitos de homicidio y lesiones.
Sin embargo, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dijo que 101 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría local fueron sancionados administrativamente.
Lo anterior lo afirmó en el acto de disculpa pública realizado hace dos semanas en Acapulco.
Agregó que otros 12 funcionarios estatales fueron separados de sus cargos y que se encuentran sujetos a investigación administrativa y penal.
En el expediente de 48 tomos, con poco más de 33 mil fojas, que plasman actuaciones ministeriales y peritajes en áreas de medicina forense, criminalística de campo, retrato hablado, balística, video, fotografía, química, incendios y explosiones, valuación, tránsito terrestre y dactiloscopia, no se menciona la sanción penal, aparte de los 12 funcionarios de la Procuraduría y la sanción administrativa de los 24 servidores públicos, a otros funcionarios.
Se menciona que se han realizado 215 pruebas testimoniales e investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial, que comprenden la comparecencia de personas, obtención de partes informativos y 280 declaraciones relacionadas con el caso.
Asimismo, se dice que el Ministerio Público de la Federación acreditó la comisión de delitos de los órdenes federal y local, y consignó los de su competencia.
También se menciona dentro de los 12 funcionarios sancionados que la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Juez Primero de Distrito del estado, giró orden de aprehensión desde el 22 de febrero en contra el ex procurador López Rosas y otros ocho ex servidores públicos por el caso Ayotzinapa, por el delito de obstrucción de la justicia.
Sin embargo el ex funcionario obtuvo un amparo enfrenta en libertad el proceso judicial por delitos contra la administración de justicia y encubrimiento, por obstaculizar y desviar la investigación de los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, donde perdieron la vida dos normalistas.
Junto con López Rosas están en proceso judicial el ex subprocurador César de los Santos Mendoza, el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la agente del Ministerio Público Rocío de la Cruz, estos dos últimos presos.
Asimismo, se encuentran inculpados por este delito un ex director general, un ex fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de ministerio público “y otro servidor público”, sin que se precisen detalles.
Los 12 ex servidores públicos se encuentran procesados dentro del expediente PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011, y que la dependencia federal turnó a la Procuraduría de Justicia estatal para el tratamiento del caso, al declararse incompetente.
En el documento también se menciona acción penal contra un civil por los delitos de “falsedad de informes” dados a una autoridad y por simulación de pruebas, conductas sancionadas en los artículos 247 y 248 del Código Penal Federal, respectivamente.
En este expediente, a López Rosas se le señala concretamente de  encubrimiento, “en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, prevista en el artículo 400 del Código Penal Federal”.
La PGR remitió a la Procuraduría del Estado copia del expediente “para que proceda de conformidad a sus atribuciones legales a consignar por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables”.
Otro de los servidores públicos sancionados en este mismo expediente es Pablo Jasso, quien hasta el martes 14 de febrero de este año era el fiscal anti secuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado. Asimismo, Esteban Maldonado, coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial.
Otro de los sancionados en este mismo expediente es David de Jesús Urquizo Molina, quien se desempeñaba como coordinador de la Policía Ministerial en la zona centro del estado y se le relacionó con la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y con el intento de fabricarle el delito de portación de un AK-47 o cuerno de chivo. También fue sancionado el ex comandante de la Policía Ministerial en la zona Centro, el comandante Jorge Nava Palacios, los agentes Israel Espinosa, Salvador Téllez Márquez y Raúl Gaona, a quienes se les inició un procedimiento administrativo y se les separó de sus cargos.
A todos ellos se les integraron los expedientes, sin embargo recurrieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y obtuvieron de parte del organismo el beneficio del resarcimiento de sus derechos y regresaron a sus funciones, con excepción de López Rosas y el ex subprocurador César de los Santos Mendoza.
En un segundo paquete fueron sancionados otros 24 servidores públicos y turnados sus casos a la Contraloría General del Estado, para determinar sus responsabilidades administrativas y las sanciones que correspondan por los hechos del 12 de diciembre, cuando murieron dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los casos de este paquete de funcionarios se encuentran dentro del expediente QD/IA/007/2012 y ellos son: el ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente, el director general de Control de Averiguaciones Previas José Vélez Zapata, María Seberiana Flores Peña, quien se desempeñaba en esa fecha como fiscal Regional Zona Centro, y Esteban Maldonado Palacios, fiscal Especializado para la Investigación de Delitos Graves.
Joaquín Díaz Terrero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal Especializado para el Combate del Delito del Secuestro; María Eugenia Salgado Guzmán, quien fuera agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, y Juan Manuel Martínez Utrilla, director General de los Servicios Periciales.
También los elementos de la Policía Ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Jorge Armando López Ruin, Ismael Matadama Salinas, Rey David Cortés Flores, Ricardo Arévalo Adame, Manuel Luis Cristino y Manuel Araujo Arellano.
En el caso del ex subprocurador Paz y Puente, se le acusa de permitir la “liberación irregular” de 23 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, entre ellos Gerardo Torres, el estudiante  que fue detenido presuntamente con un rifle AK-47 en su poder, de acuerdo a lo que informó en conferencia de prensa el ex procurador Alberto López Rosas.
Sin embargo, en el expediente no se encuentran, aparte de los anteriores, los nombres de los otros servidores públicos presuntamente sancionados y que según el gobierno del estado suman 101.