Minuto de silencio en el Congreso por los dos normalistas y el empleado de la gasolinera

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer en el Congreso del Estado, a propuesta del diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de los dos estudiantes normalistas asesinados en el desalojo violento del 12 de diciembre del año pasado, y del trabajador de la gasolinera muerto a consecuencia de las quemaduras que sufrió.
En el tema de los normalistas fue involucrado el caso de la agresión a balazos de parte de la policía municipal de Acapulco en contra de peregrinos guadalupanos, el pasado miércoles 12, lo que fue condenado por los legisladores priistas.
Los diputados del PRI propusieron que comparezca en el Congreso local el alcalde Luis Walton Aburto, pero la petición no prosperó porque no fue llevada a tribuna como un punto de acuerdo.
El tema de los estudiantes normalistas fue tratado en tribuna en la sesión de este jueves, por el diputado coordinador de la fracción del PRI, Héctor Apreza, quien primero pidió a los diputados guardar un minuto de silencio.
Después, fuera de la lectura del posicionamiento que leyó, Héctor Apreza dijo enérgico que su partido “está en contra de que se criminalice el movimiento social y que se politice entre los partidos políticos el tema de Ayotzinapa, pero estamos en contra de que se olviden estos hechos que avergüenzan”.
Y encarrerado en su postura, propuso llamar a comparecer al alcalde de Acapulco, Luis Walton, debido a que la policía municipal disparó contra peregrinos guadalupanos.
Pidió sin precisar que “a las autoridades gubernamentales que hagan su chamba, que den respuesta al reclamo social de los estudiantes normalistas”.
“Como Congreso no podemos quedarnos callados, debemos decirles a las autoridades que hagan su trabajo apegados a derecho, pero con prontitud y eficacia”, reiteró.
Además propuso crear protocolos de atención a la movilización social, “para que nunca más las armas apunten a los ciudadanos que actúan ejerciendo su libertad”.
Aunque a Apreza se le olvidó hacer un llamado a sus compañeros diputados para agilizar el juicio político contra los ex funcionarios del gobierno de Angel Aguirre Rivero, el ex procurador general de justicia, Alberto López Rosas, y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, responsabilizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del desalojo violento del 12 de diciembre del año pasado en que murieron los dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Acudo en esta ocasión ante el pleno del Congreso para llamar la atención en un sentido positivo y de reflexión profunda a todos nosotros y al pueblo de Guerrero, para que nunca más se repitan estos hechos que han enlutado a las familias de los jóvenes muertos, a la institución educativa, a la sociedad en su conjunto y también, para que estos crímenes no queden impunes”, enfatizó el priista Héctor Apreza.
“Valga este llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto, para que cada quien asuma la responsabilidad que nos corresponde”, señaló.
Y remató su intervención diciendo que “mientras en el Distrito Federal se debate por el uso de balas de goma por las corporaciones policiacas, para disuadir manifestaciones de estudiantes, en Guerrero en este lamentable hecho se utilizaron balas de verdad que segaron la vida de dos personas”.
Y lanzó: “¡Nunca más un estudiante muerto o agredido¡”, “¡Y que nunca más se repitan hechos violentos que vuelvan a enlutar a familias guerrerenses¡”
Le respondió al PRI el diputado perredista Elí Camacho Goicochea, quien dijo que las apreciaciones de que la escuela Normal de Ayotzinapa es escuela de guerrilleros, es porque de allí egresaron comandantes guerrilleros como Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Rojas.
Habló del sistema de la enseñanza marxista-leninista, destacando que estos normalistas defienden la educación gratuita y allí radica el último reducto de defensa de la educación pública contra la pretensión de privatización del gobierno federal.
Enumeró los métodos de lucha de los normalistas, como marchas y bloqueos, y dijo que han afectado a terceros.
De lo ocurrido el 12 de diciembre del año pasado, Elí Camacho dijo que parece que la estrategia del gobierno estatal y federal es tratar de enturbiar los hechos, porque pedir perdón sólo es aceptar las culpas, pero deben presentar a los verdaderos autores intelectuales, quienes ordenaron disparar y quienes mostraron incapacidad para dialogar con los estudiantes.
Porque ante la incapacidad del gobienro para atender las demadnas de educación gratuita, responden con marchas y son reprimidos, justificó.
Breve, intervino enseguida el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, para marcar un deslinde porque dijo que no comparte el tratamiento de represión del PRI y del PAN hacia el movimiento civil, cuando hacen uso pleno de los derechos.
Indicó que Guerrero seguirá siendo un estado donde se defienden los derechos y por eso ocurrieron las masacres, como la de Acteal en Chipas y Aguas Blancas y El Charco en Guerrero.
Y por el MC, el diputado Mario Ramos del Carmen intervino en tribuna en alusión al caso de Ayotzinapa y al de Acapulco, donde la policía municipal disparó contra peregrinos guadalupanos.
Dijo que obviamente pueden condenar los hechos de lesiones y homicidios de ciudadanos, sin embargo explicó que fueron hechos distintos, al igual que la intervención de los policías.
Indico que lo del 12 de diciembre del año pasado fue una agresión directa contra los estudiantes normalistas, “donde hubo excesos de los estudiantes y hubo una reacción de la autoridad, pero que fue excesiva, donde hubo dos muertos por balas y uno por el incendio ocurrido en la gasolinera”.
En el caso de Acapulco, explicó que “hubo varios cohetes que lanzaban y amenazaban con causar daños a los comercios y ciudadanos que se encontraban en ese lugar”.
Aunque precisó que su partido condena los hechos, el caso es que los policías fueron armados y dispararon contra los ciudadanos, “pero fuerron disparos al aire y sólo unas esquirlas lesionaros a dos personas, pero como fueron leves ya están en sus domicilios”.
Informó además que este jueves por la mañana renunció el secretario de Seguridad Pública municipal y 25 policías fueron consignados ante el Ministerio Público, como un ejercicio de autoridad: “Usar armas es peligroso y no se puede aceptar su uso ante manifestantes”, dijo Mario Ramos del Carmen.
Luego, por el PRI, fue a tribuna el diputado Javier Taja, quien aseveró que hubo excesos de la policía municipal y el responsable fue el alcalde Luis Walton Aburto, “y por ello debe comparecer aquí en el Congreso”.
Argumentó que en el caso de Acapulco “no hay autoridad municipal, porque ayer (miércoles) se reflejó la incapacidad al querer quitarles los cohetes a los peregrinos”.

Día internacional de los derechos humanos

En otros temas abordados ayer en el Congreso local, los diputados también escucharon desde tribuna al diputado del PRD, Valentín Rafaela Solís, quien aprovechó para hacer un reconocimiento a todos los organismos defensores de derechos humanos, porque el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La intervención del perredista sólo se basó en dar a conocer fechas sobre los reconocimientos de los derechos humanos a nivel internacional, nacional y estatal.
“Esta soberanía debe tener como compromiso, que en la nueva Constitución que en estos tiempos se analiza, debe de fortalecer la defensa y protección de los derechos en esta materia, con propuestas innovadoras y medidas eficientes y eficaces”, dijo.
Lo anterior fue lo más interesante de su participación y no hizo ninguna referencia a la denuncia de hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos en Guerrero, mucho menos aportó datos sobre violaciones a los derechos humanos, que es un tema emblemático en el estado.

Atención a discapacitados

En los asuntos de trámite, los diputados le aprobaron al diputado del PRD, Roger Arellano, exhortar al gobierno federal y estatal y a los presidentes municipales de los 81 ayuntamientos, a que instruyan a las instancias y dependencias de salud correspondientes para que garanticen la atención médica y el tratamiento de rehabilitación a las personas con discapacidad de manera eficaz y oportuna, asegurando el acceso, comunicación y difusión de programas orientados a toda la población.
Y es que dio a conocer que en Guerrero, de su población, el 70 por ciento es pobre. Más del 46 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud, mientras que el promedio nacional de personas que carecen de ese servicio es de 33.2 por ciento, “nos supera Oaxaca, que no atiende al 43.8 por ciento de su población y Chiapas que excluye el 41.73 por ciento, respectivamente”.
Agregó que en el estado “prácticamente a la mitad de la población no se le provee este elemental servicio, si eso ocurre de manera general, cuantimás los servicios especializados, los cuales se ubican en las principales ciudades de Acapulco y Chilpancingo, a donde nuestros paisanos tienen dificultades para trasladarse y buscar ser atendidos y rehabilitarse”.
Y en otro asunto, se turnó a comisiones la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado del PRI, Omar Jalil Flores, para modificar el funcionamiento y la organización interna de la Coordinación de Apoyo y Estudios Técnicos a Comisiones y Comités (CAYET), para reubicar físicamente a cada uno de sus integrantes por medio del Servicio Civil de Carrera, a las comisiones y comités que se encuentren asignados.
En esta sesión, que había sido aplazada desde el martes para este jueves, los diputados aprobaron por unanimidad y sin discusión las leyes de ingresos de los ayuntamientos, así como tablas de valores, que como característica no presentan aumento de impuestos.