Aurelio Peláez

Salgado Gómez supo antes que el procurador
de los dos muertos en la Autopista

(Segunda y última parte)

Las llamadas desde Palacio

Ese 12 de diciembre de 2011 el todavía procurador geeneral de Justicia Alberto López Rosas tuvo acuerdos con el gobernador Ángel Aguirre en Casa Guerrero.
Es de suponer que por ahí andaría merodeando Humberto Salgado Gómez, su “adversario de casa”. Ya se sabía desde temprano de la protesta de los normalistas de Ayot-zinapa, que llevaban varios días en eso. Al salir, ya en la camioneta oficial en la que se trasladaba fuertemente custodiado, recibe la llamada del secretario de Gobierno:
“Serían las 12:10 aproximadamente: ‘le pido (dijo HSG) que envíe apoyo a la Policía Federal a la autopista, hay un bloqueo, quiero detenidos”. Y ALR instruyó al director general de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela, que enviara a 40 “académicos”, policías de reciente ingreso, “desarmados”.
Según ALR, él desconocía que en esos momentos se estaban dando enfrentamientos, puesto que la vigilancia de la autopista tocaba a la Policía Federal. No obstante, cuenta que decide ir al sitio del incidente, pero un bloqueo, derivado del conflicto, se lo impide.
Alcanza a llegar, dice, a las instalaciones de la Policía Ministerial. “Si acaso habían pasado cinco minutos de mi arribo cuando me informan que la Policía Federal nos ponía a disposición a algunos de los manifestantes. Ante ese informe procedo a comunicárselo al secretario General de Gobierno, quien al recibir el parte vía telefónica, me da como respuesta el parte total, ‘también hay dos muertos”, me dice. “Yo no tengo ese dato, voy a corroborarlo”, reiteración de que HSG mantenía contacto con la Policía Federal.

Regresa a la Procuraduría

“Entre a mi oficina a las 11:30 horas, ya entonces había recibido la indicación de parte del secretario general de Gobierno para dar libertad a los manifestantes detenidos, 24 en total… se dictaron los acuerdos y las boletas de libertad (con) el conocimiento del Ministerio Público de la Federación… (la medida) fue pretexto para que el gobierno federal a través de la PGR… desmantelara la PGJE” con la acusación del delito de propiciar la “fuga de presos y encubrimiento”.
El caso es que dio la orden de libertad HSG, ante el escándalo que ya había en los medios nacionales, pero la PGR se va contra López Rosas. Para entonces, estaba andando el montaje para encubrir a la PF y culpar a los estatales, que afirma López Rosas, armaron García Luna y Televisa, con el respaldo de HSG.
Salgado avalaría después las conclusiones de la PGR, y reprocha ALR que “fue precipitada la aceptación de la responsabilidad de los hechos” pues fue un proceso “viciado y tendencioso”, además del tímido reproche del secretario general de Gobierno , referente a que al aceptar que iban armados los policías ministriales “se habían desacatado sus órdenes”, mismas que habría dado a López Rosas.
Y dice que en el conflicto, su pecado fue “exigir que se abriera una línea de investigación contra la corporación federal”, parte en la que no se adhirió HSG.
Y es que dice, “a través de imágenes fui teniendo convencimiento de una realidad que hasta ese momento desconocía y creo que hasta hoy desconoce gente del primer círculo del gobernador, quienes manejaron una versión equivocada que en nada favorecía al gobierno del estado”. Círculo que al final lo dejaría solo, una vez que junto con el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, fueron los funcionarios inculpados como mandos responsables de los hechos.

La soledad del entregado

A los dos días de la represión “el timbre del teléfono me avisa de una llamada. Era el secretario de Gobierno. Voz ahora áspera y nerviosa, se limitó a decirme, ‘por instrucciones del gobernador, Alberto, debes separarte de tu cargo’… concluí que la presión había tenido éxito, el plan de Genaro García Luna (secretario de Seguridad), estaba en marcha…”.
Opta por pedir una licencia por 30 días. “Me preocupaba que se hablara de cese… había que ayudar al gobernador y a las instituciones del estado a frenar la irrupción de la federación, ávidos de sacudirse de cualquier sospecha de ser los autores del homicidio…”.
El jueves 15, ya con licencia, busca una reunión con Aguirre, a quien le dice que aceptar la versión federal sería “dispararnos al pie… le di mis razones, escuchó, lo observé interesado, llamó a Ernesto Aguirre (su sobrino y coordinador de Proyectos Estratégicos), le dio en mi presencia indicaciones para tener al día siguiente, 16 de diciembre una mesa de trabajo”, con funcionarios estatales. Comenta que presentó el video y estuvieron presentes además de Almonte, “el vocero Arturo Martínez Núñez y otros asesores del gobernador…
“Llegó el sábado, empezó la inquietud, no me llaman, esperaba con impaciencia, no me contesta nadie de los asistentes a la sesión del día anterior. Después de mucho insistir responde el vocero: ‘la reunión se suspendió’… quedé entumido: ‘Me mandaron a una comisión y Ernesto está fuera de Chilpancingo”.
Decide entonces trabajar su de-fensa con el ex titular de la SSP: “Llamé a Almonte, acudió solícitamente a donde me encontraba y ambos con indignación, al menos así parecía, quedamos de acuerdo en dar al día siguiente la conferencia de prensa”, y reunirse por la noche para preparar el borrador en el restaurante Suntory de Acapulco. “Espera inútil, no llegó… marqué y marqué, ya no hubo respuesta”. A las 12 del día siguiente “continuaba mudo” el teléfono de Almonte.
“Presumo la existencia de un acuerdo entre el gobierno del estado y la federación (para que la PGR investigara el caso), en el ánimo de que el primero no interviniera en la investigación y con todo profesionalismo permitiera a los propuestos (de la PGR) hacer un trabajo objetivo… sin embargo (dados los resultados) si así fue, es evidente el fracaso del propósito y la deslealtad de los personeros (¿HSG?) hacia el gobernador…”.
Al terminar su primera licencia, el 12 de enero presenta dos escritos a la Oficialía de Partes donde pide en uno al gobernador una prórroga más por 30 días respecto a la separación del cargo, figura que le daba libertada para realizar investigaciones, y en la otra su renuncia, para que Aguirre escogiera.
“La renuncia me ponía en desventaja (pero) con ello dejaba en libertad al gobernador para que tomara la decisión que más conviniera a su gobierno…. No recibí respuesta ni de una ni de otra. A los pocos días vi al gobernador y le pedí me definiera si seguía con licencia o había aceptado mi renuncia. Su respuesta fue inmediata: ‘sigues con licencia’ (y) supongo que sin consultar con el gobernador, el secretario de Gobierno había rendido un informe dos días antes ante el Juez primero de Distrito que lleva el proceso en mi contra, en el sentido que con fecha 12 de enero había presentado mi renuncia e inmediatamente se me había aceptado…
“Seguía ostentándome como procurador con licencia, sin saber que el secretario de Gobierno tenía prisa por desplazarme”.
Y de ello se enteró al estar estudiando posteriormente  los 22 tomos de la causa penal en su contra, no por el gobernador.
“Al ver la actitud amenazante del poder”, cuenta, acudió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) con el visitador Luis García López Guerrero, el 22 de diciembre, a presentar videos e investigaciones propias en su defensa. “Desconfiado, lo delataba la mirada, pero amable en esa ocasión… La visita no sería en vano, tendría eco”. Al descubrir nuevos elementos, solicitó una segunda reunión, donde recibió casi un portazo: “Esto que usted me muestra no me dice nada, tráigame algo contundente”, le contestó el visitador. “Estaba dejando a mi cargo la investigación que por mandato le corresponde a la institución”, dice ALR. “Ya estaba cambiado, algo o alguien influyó para que cambiara su actitud”.
No se sabe si después de lo narrado habrá que creer a López Rosas que la tarde del 12 de diciembre pasado encontró a un Aguirre “atribulado, consternado” y que aún le preguntará: “¿Alberto, que pasó”, cuando detrás de él se paseaba el silencioso HSG, o sea, Humberto Salgado Gómez.