Carlos Pérez Aguirre

¿El gobernador aplicará la ley?

El lunes pasado el gobernador anunció en declaración a la prensa que “todo aquello que no lesione a la ciudadanía esta enmarcado dentro de las libertades que deben gozar los guerrerenses. Sin embargo cuando esta se rebasa tendremos que aplicar el Estado de derecho, tenemos que aplicar la ley”. ¿Pero entonces tendremos los ciudadanos que pensar que el gobernador ahora sí cumplirá su trabajo y aplicará el peso de esa ley contra aquellos que atentan contra la vida, la convivencia y el desarrollo del estado, que ese Estado de derecho ahora sí se establecerá para dejar de vivir a los ciudadanos y terminar con esa ausencia total de gobernabilidad?

Así los maestros que anuncian que adelantarán el periodo vacacional para proteger a sus alumnos y protegerse de los secuestros, extorsiones y asesinatos, al regresar en enero, podrán desarrollar con tranquilidad su docencia, por la actividad que ahora sí tardíamente emprenderá Aguirre. Los comerciantes, médicos, taxistas, ciudadanos y profesionistas que arriesgan su existencia y patrimonio diariamente, porque no cuentan con una cohorte de guaruras regresarán a desarrollar sus actividades por que regresará el Estado de derecho a la entidad. Las distintas regiones en donde incluso se arremete contra propiedad gubernamental, tendrán tranquilidad, porque “se sancionará a quien tenga de sancionarse”, como también dijo el gobernador. Así también se eliminará de la nómina directa y paralela así como de los privilegios ilegales del poder, a los familiares y amigos del gobernante, porque de manera evidente con ello se lesiona a la ciudadanía. El nepotismo será desde ahora sancionado mediante la aplicación de la ley, además la falta de programas de infraestructura que tanto necesita la entidad ahora sí se emprenderán y se dejará de lado la demagogia de llevar obsequios a las comunidades a donde el gobernador asiste, con el fin de lograr que la gente concurra evitando eventos desiertos. Además se sancionará a los responsables de dar las instrucciones que provocaron la matanza de estudiantes normalistas, acaecida hace un año y que según las declaraciones de funcionarios de alto nivel, policías y evidentemente estudiantes, así como partidos políticos y defensores de los derechos humanos, apunta hacia otros personajes de mayor jerarquía –como su secretario de Gobierno y algún otro– dentro del propio aparato.

Así se “aplicará la ley contra cualquier persona que se aparte del Estado de derecho” y el asesinato y fabricación de pruebas evidentemente es una violación a ese Estado de derecho. Debe entonces saber Ángel Aguirre que el simple hecho de no garantizar el derecho de manifestación que todo ciudadano tiene es una violación a ese tan invocado Estado de derecho y que una nueva represión, con la debilidad que ya evidencia y cuando aun la Comisión Nacional de Derechos Humanos no concluye el señalamiento total de responsables, sería de graves consecuencias para su ahora endeble gobierno.

Por todo lo anterior el gobernante tiene que cumplir sí, con sus obligaciones de cuidar y mantener la seguridad, la integridad y los bienes de los ciudadanos, situación que se ha perdido de manera alarmante en toda la entidad, en vez de andar amenazando con reprimir de nueva cuenta a todo aquel estudiante o grupo social que proteste de manera legítima contra los incumplimientos gubernamentales, ni pretender descalificar el trabajo de organismos probados por su profesionalismo y objetividad en la defensa de los derechos ciudadanos y derechos humanos como Tlachinollan. Tampoco debe buscar recortar las opciones educativas, como venganza por los reclamos estudiantiles, sino todo lo contrario, y menos ya su programa de alfabetización fracasó porque uno de los personajes del triunvirato le negó –o desvió– los recursos, según denuncia del propio responsable de ese programa.

Por ello mejor el gobernante deberá resolver ya el problema de inseguridad, enfrentando de verdad a las bandas delictivas y además  aplicar eficientemente y sobre todo con transparencia el presupuesto gubernamental. Asimismo, debe de inmediato dar a conocer a los 12 mil supuestos comisionados del sector educativo porque hasta ahora ha sido cómplice de esta anomalía, pero tendremos que hacer notar que aquellos trabajadores que dentro del mismo sector y nivel realicen funciones administrativas con plaza docente como dejó entrever Aguirre, no son comisionados y la Secretaría de Educación tendrá solo que regularizarles una situación irregular que ellos no crearon, pero son trabajadores que devengan con un salario su trabajo no como diversos familiares de altos funcionarios, que también practican la enfermedad del nepotismo.

Titishando. Con los actuales niveles de violencia en la entidad, los senadores Armando Ríos Piter por un lado y Sofio Ramírez por otro, realizan con buenas intenciones –espero– gestiones para atraer recursos, uno pretendiendo incrementar el impuesto al turista, para recaudar 3 mil 500 millones con el fin de aplicarlo en publicidad –¿para beneficio de las televisoras? . El otro esfuerzo pretende impulsar el turismo rural. ¿Con la violencia imperante? Interesantes temas, pero creo que lo primero es que el gobierno estatal realice el trabajo que no ha hecho y genere un clima de no violencia, situación que por la evidente parálisis gubernamental se antoja lejana, por lo que programas de esta naturaleza, son solo buenas intenciones.