Tomás Tenorio Galindo

Otro País

 “Mano dura” y doblez de Aguirre

Tomás Tenorio Galindo

No le gustó al gobernador Ángel Aguirre Rivero ver desplegada en la primera plana de este diario su declaración en la que anunció un mayor endurecimiento de su gobierno frente a las movilizaciones sociales. De acuerdo con la carta que envió a El Sur el director de Comunicación Social del gobierno, Pedro Julio Valdez Vilchis, el gobernador no dijo lo que dijo, sino todo lo contrario. Lo mismo reclama el propio Aguirre, que sus palabras fueron mal interpretadas, según lo que informó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Pero aunque después hasta al propio Aguirre le resultara repugnante, lo que dijo lo dijo, y la ola de críticas que sus expresiones suscitaron está debidamente fundamentada.
Lo que parece haber ocurrido es que el gobernador de Guerrero se envalentonó al calor de la dura respuesta del gobierno federal a las protestas del 1 de diciembre en la ciudad de México, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y se sintió respaldado para replicar aquí ese modelo en nombre, claro, de “la ley”. (Bueno, en México no existe la represión: lo mismo en tiempos de Porfirio Díaz que de Díaz Ordaz, Rubén Figueroa o Francisco Ruiz Massieu, siempre se esgrime la simple aplicación de la ley y la preservación del Estado de derecho, cuando lo que se ejecuta es la técnica del garrote.)
Ángel Aguirre dijo el 10 de diciembre: “Todo aquello que no lesione a la ciudadanía está enmarcado dentro de las libertades que deben de gozar los guerrerenses. Sin embargo, cuando ésta se rebasa, tendremos que aplicar el Estado de derecho. Tenemos que aplicar la ley, cualquier persona que hoy o mañana cometa un acto que los aparte, precisamente del Estado de derecho, vamos a actuar con la ley en la mano y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar”.
Aplicados a delincuentes y criminales, los supuestos aludidos por el gobernador son incuestionables y dignos de aplauso. Pero Aguirre no estaba hablando de criminales ni de delincuentes, sino de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que dos días más tarde saldrían a las calles a conmemorar el primer aniversario del asesinato de dos de sus compañeros y del violento desalojo del que fueron objeto en la Autopista del Sol. Subrayar en ese contexto que se sancionaría “con la ley en la mano” a quien se apartara del Estado de derecho, era sin duda una amenaza contra los estudiantes, emitida en el tono y con la misma gesticulación empleada por los viejos (y nuevos) gobiernos del PRI.
Además, es bastante obvia la insidia que movió a Aguirre al clasificar a los estudiantes como delincuentes. Para ello bastaba con que dijera lo que dijo, y luego decirse mal interpretado. Pero lo traicionan sus palabras, pues hubo más. Al defender la respuesta de su gobierno a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los homicidios de los jóvenes, se fue de la lengua y dijo que “hay organizaciones en el estado que lo que les interesa es prolongar los conflictos, porque allí han encontrado su modus vivendi, entonces van a descalificar cualquier avance que se tenga, para ellos no hay ningún avance y eso no es cierto”. Es decir, no solamente arremetió contra los estudiantes, sino también contra los organismos civiles que los acompañan en su exigencia de justicia. No lo mencionó, pero cuando se refirió a “organizaciones” y “modus vivendi”, seguramente tenía en mente al Centro Tlachinollan, que es la organización independiente que ha asumido la defensa legal de los normalistas, por lo que un reportero se lo preguntó. Respondió: “No quiero hacer una mención en lo personal, pero esa es mi visión, de que hay quienes se dedican a eso y en la medida de que se prolongan los conflictos a ellos les conviene”. Pero ahí mismo el gobernador ofreció todavía más evidencias del encono con el que ve a los normalistas y a quienes los defienden, cuando otro reportero le preguntó si la protesta en Guerrero es “negocio”, como parecía estar insinuando. Respondió: “Por supuesto que sí, hay líderes que se han beneficiado con este tipo de prácticas”. (El Sur, 11 de diciembre de 2012).
La misma doblez, con la que se dice una cosa pero no se reconoce su significado, es utilizada por el director de Comunicación Social en su carta publicada aquí el día 15, enviada para negar que el gobernador pretenda aplicar “mano dura” a las protestas sociales. Después de “desmentir” la mano dura, Pedro Julio Valdez agrega un pero: “Sin embargo, hay quienes promueven actitudes radicales y violentas que constantemente agravian al resto de la población, provocando que justamente se reclame la intervención del gobierno para que todos puedan desarrollar sus actividades en paz y con normalidad”. Y más: “Sin embargo, si hay excesos y la ciudadanía, que es ajena a los reclamos resulta afectada, el gobierno tiene la obligación de utilizar los mecanismos legales vigentes para proceder en consecuencia, dejando a salvo los derechos humanos de las personas. Y eso no es invocar ‘la ley’ para reprimir, es simplemente resguardar el Estado de derecho”. Por lo tanto, dice, “el gobernador Aguirre Rivero, señor director, no es un personaje represor, ni intimida o persigue a opositores; es un político democrático que no rehúye interactuar con nadie, como consta a decenas de miles de habitantes del estado”. Aguirre no sólo es democrático, concluye el vocero oficial, sino que “no es autoritario ni está desesperado por las protestas de algunos grupos, porque entiende que son parte de la realidad de pluralismo y libertades de que gozamos”.
Resguardar el Estado de derecho y aplicar la ley es un recurso muy viejo para disfrazar acciones represivas, y los gobiernos que tratan de sustentar en ese pretexto una política de contención de los movimientos sociales dejan al desnudo su insensibilidad y su incapacidad para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades populares. Pero eso no es lo que le preocupa a Aguirre, sino ver descrita públicamente la desnudez de sus tentaciones autoritarias. Por otra parte, exponer a la luz pública esas tentaciones es lo que impide su consumación, como precisamente podría suceder en este caso.

Javier Merino

Fue un gesto injustificado y desafortunado que los manifestantes del 12 de diciembre pretendieran sacar de la marcha al médico Javier Merino, director del hospital general del ISSSTE en Chilpancingo. Lo que Merino dijo para responder a sus increpantes es cierto: no sólo es un hombre de convicciones de izquierda, sino también y sobre todo es una persona íntegra. Por eso estaba ahí.

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