Profundiza Aguirre la ofensiva en contra de las luchas sociales, afirman las FARP

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

En un comunicado, el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) responsabilizó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de criminalizar a la organización y lucha social, y lo acusan del desplazamiento de los habitantes de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, a través de una ofensiva política-militar.
Las FARP describen a Guerrero como “semillero y asentamiento de diversos proyectos revolucionarios” desde la independencia de México hasta “las luchas guerrilleras encabezadas por los comandantes Genaro Vásquez y Lucio Cabañas Barrientos”, pero actualmente, la problemática política y social del estado representa un desafío para las fuerzas de izquierda y en particular para las organizaciones revolucionarias
En un comunicado enviado a la redacción de El Sur, el grupo sostiene que a partir del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo en el estado se inició la ofensiva en contra de la lucha social, “que se ha profundizado con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Apunta que ante la desigualdad social que prevalece en el país y el estado, es común que “converjan en el escenario político estatal una amalgama de organizaciones, grupos, colectivos y referentes de la izquierda de toda índole”.
Las FARP dicen que en el estado se ha desarrollando la lucha civil y pacífica, pero también hay quienes impulsan la lucha armada “en sus distintas modalidades y formas, cada quien según sus condiciones, capacidades, análisis y visión de ver las transformaciones democráticas y revolucionarias”.
Culpa a Aguirre Rivero de implementar una guerra contrainsurgente “en toda su magnitud”, lo que trae como consecuencia “la exacerbada ola de violencia que azota las regiones de la Costa, Centro, Montaña y Tierra Caliente, principalmente”.
“Aguirre Rivero como un gobernante de doble cara, cree tener la solvencia moral y política de confrontar todo esfuerzo organizativo progresista y democrático que se anteponga a los intereses de él y el grupo en el poder”, señala.
La ofensiva gubernamental, añade, va dirigida a zonas del estado en las que existen proyectos que reivindican la reconstrucción del tejido social comunitario y donde se impulsan proyectos de defensa de los recursos naturales, mineros o forestales y se construyen estructuras comunitarias que asumen el combate a males sociales como la delincuencia común y organizada.
Pero estas organizaciones son combatidas, “aisladas y exterminadas” a través de la represión, el hostigamiento, la satanización y los asesinatos, apuntan las FARP.
Recuerda casos como el de los estudiantes asesinados de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y “la premeditada acción paramilitar en contra de comunidades que defienden sus bosques y que raya en el exterminio”, en alusión al desplazamiento de los habitantes de La Laguna, Coyuca de Catalán.
La organización condena en su comunicado la persecución y acoso del estado contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Según el comunicado, el gobierno estatal le apuesta a desaparecer y asesinar a los dirigentes sociales y políticos simbólicos o representativos, para lo que utiliza a las corporaciones policiacas y militares con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero son precisamente a los grupos delincuenciales a quienes el Estado utiliza “para aniquilar la protesta y organización social”.
La finalidad, además de acabar con la insurgencia, es “limpiar el terreno” para que entren las empresas mineras, forestales y “grupos mafiosos” se apoderen de todos los recursos naturales y económicos.
Afirma que existe “demasiado dinero de por medio y no están dispuestos a detenerse por ningún motivo, la historia demuestra que lo económico determina lo político, social y cultural”.
También critica el gobierno que encabezó Marcelo Ebrard en la ciudad de México, que “se considera produce resultados con mayor rapidez que anteriores formas de combate contra la lucha social y revolucionaria”.
La organización guerrillera considera que es un esquema de “dar pan y circo al pueblo, impulsar medidas populistas que sólo embellecen o decoran lo exterior, pero lo interno se mantiene y lo que está siendo un obstáculo se erradica de tajo”.