CARTAS

No declaró nada sobre el gobernador, aclara el presidente de la Barra de Abogados

Señor director:

En la edición número 5436 de su acreditado diario, correspondiente al domingo 16 de diciembre en curso, se publicó una nota, firmada por la señorita Karina Contreras, de mi mayor respeto y consideración, bajo el rubro “En la represión a los normalistas la orden la dio Aguirre, sugiere la Barra de Abogados” y el sumario: “Todos queremos culpar al secretario Humberto Salgado, pero sabemos de dónde vino la orden, dice su presidente Ezequiel Larumbe”, la cual adolece de veracidad, pues su servidor no hizo comentario alguno en ese sentido durante la sesión del pasado sábado, en la que nuestro compañero ex presidente la Barra, ex presidente municipal y ex procurador general de Justicia del estado, licenciado Alberto López Rosas, nos presentó el libro Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades: Una infamia desde el poder; considerando que lo publicado es producto de errores de apreciación de la reportera, tomando en cuenta la buena fama de que usted y su diario gozan de no manipular la información, sometiéndome de antemano a la irrefutable prueba de que se sirva verificar el contenido de su grabadora, de la que hizo uso todo el tiempo que permaneció en el recinto y en la que además, en forma directa, le respondí varios cuestionamientos que aparecen en comillas debajo de la misma nota.
La aclaración de la nota que nos ocupa es un acto de responsabilidad pues me considero una persona centrada, coherente, consciente de ser representante de un órgano de criterio jurídico y mis opiniones por tanto las mantengo alejadas de hipótesis que difieran de ello, por lo que contrario a lo que se publicó, mi cometario general se centró en el hecho incontrovertible de que al existir nuevos elementos en el caso, como es la consignación de 19 policías federales por haber disparado sus armas y en contrario, la exoneración de los dos policías ministeriales actualmente presos, de quienes las pruebas determinaron no haber disparado un arma el día de los hechos a estudio, se amerita una nueva investigación.
Asimismo me permití observar que los “juicios políticos” que se siguen en contra de los licenciados Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja son totalmente improcedentes, pues tal figura implica el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político –como es el Congreso– para remover de su cargo o inhabilitar a un servidor público que ha cometido infracciones, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política si su conducta redunda en perjuicio de los intereses públicos y de su buen despacho, sin embargo, los mencionados, por haber renunciado formalmente y encontrarse sometidos a proceso penal ya no son sujeto de dicho procedimiento; por último dije que el asunto se ha politizado y mediatizado en forma innecesaria por parte de un grupo que se dice vigilante de derechos humanos, como es el denominado Tlachinollan, que a toda costa pretende imponer una verdad que no existe y que lastimosamente ha arrastrado con sus actos a los familiares de los estudiantes asesinados, quienes de esa forma no pueden allegarse a la justicia que legítimamente les corresponde, mediante la realización de una investigación alejada de intereses particulares o de grupos.
De tal modo y manera que, en la aplicación de la Ley Imprenta, pido a usted, muy atentamente, disponga que se publique esta nota aclaratoria en su importante medio informativo, pues no deseamos que la opinión pública se confunda al respecto.

Atentamente
Licenciado Ezequiel Larumbe Radilla
Presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados de Acapulco

Respuesta

Efectivamente, no fue el presidente de la Barra de Abogados quien declaró “todos queremos culpar al secretario Humberto Salgado, pero sabemos de dónde vino la orden” de desalojar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre del año pasado, sino fue la expresión de uno de los miembros del organismo presentes en la asamblea a la que asistió el ex procurador Alberto López Rosas.
Una incorrecta redacción de la reportera dio lugar a la confusión, por la cual ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los afectados por este error.

La Redacción

Lamenta comentario sobre El Partenón

Señor director:

En relación a la nota publicada el día domingo 9 de diciembre de 2012 de la sección de espectáculos, la reportera Aurelia Daly comenta una crítica donde dice que pomposamente a nuestro espacio cultural lo llamamos “Poliforum Cultural” donde menciona que es un lugar más parecido a una papelería, le pido de la manera más atenta aclare ese punto y lo invito a que nos visite.
Sí es cierto, es una papelería, pero la empresa ha hecho un esfuerzo en invertir en un espacio cultural independiente de la papelería para realizar eventos culturales, artísticos, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, escultura y fotografía, en la que tenemos el mural más grande hecho en Acapulco, denominado “Acapulco en la historia y la leyenda” realizando por el muralista Hugo Zuñiga.
Le pregunto a la reportera ¿quién en Acapulco de la iniciativa privada invierte en un mural de alrededor de 250 metros cuadrados? En un espacio donde continuamente se realizan eventos donde no se adquiere ningún beneficio económico; ejemplo, desde el mes de noviembre 2012 hasta marzo 2013 vamos estar patrocinando el cine club cortomania, cortometrajes con un mensaje didáctico a niños y jóvenes de Acapulco.
Felicito a su periódico, es unos de los periódicos con más seriedad y veracidad de Guerrero, lo invito a que nos ayude a promover este mural que describe Acapulco desde la época prehispánica hasta los tiempos modernos y a todas las actividades culturales que realizamos en el mismo.

Atentamente
Licenciado  César Zambrano Pérez
Gerente general de El Partenón

Cuestiona la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto

Señor director:

Mucho le agradeceré si inserta la presente carta en su prestigiado diario.
Nuevamente, como ocurre sexenio tras sexenio, una serie de reformas en apariencia con buenas intenciones; recientemente el presidente Peña Nieto ha enviado a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma educativa, iniciativa incierta y oscura primeramente por la falta de solvencia moral y académica de quien la propone, lo primero por el desaseo en el proceso y resultado de las recientes elecciones presidenciales y lo segundo por el nivel académico demostrado por el presidente.
Ciertamente, amplios sectores de la población han dejado de creer en los maestros, situación que en muchos casos nos hemos ganado a pulso, pero también la sociedad en su conjunto detesta a los políticos ¿cómo estar seguros que la tan llevada y traída evaluación no sea más que un instrumento de control, un medio que justifique la represión administrativa, los recortes presupuestales y de personal y no un mecanismo que permita mejorar la calidad educativa y salarial del sector? Seguramente pasará lo mismo que con el programa de Carrera Magisterial, en donde no necesariamente se encuentran los mejores docentes disfrutando de este beneficio y en el cual además no se han privilegiado criterios académicos o de desempeño profesional, sino aspectos presupuestales y en muchos casos de tráfico de influencias para el cobro de cuantiosos salarios. El aspecto de la iniciativa en que el gremio debe poner suma atención es el referente al de la permanencia ya que este pudiera trastocar derechos laborales fundamentales, asimismo los trabajadores organizados debemos exigir que la evaluación –proceso al que no podemos sustraernos– sea realizada por un organismo autónomo, conformado por personalidades con toda la autoridad académica y que se apeguen a la realidad nacional y por otro ente independiente que se encargue de revisar con toda imparcialidad las inconformidades e impugnaciones al proceso de evaluación, así como de la implementaciónde una verdadera capacitación y no como los lastimosos cursos que hasta hoy se imparten.
En lo concerniente al polémico tema de la mal llamada herencia de plazas, podemos apuntar que para que exista una eficaz reforma no necesariamente se debe eliminar lo que de manera correcta debiera llamarse propuesta de plaza, posibilidad que históricamente se ha otorgado a los trabajadores como un estímulo y contraprestación por los treinta o más años de servicios prestados al momento de jubilarse, tal como lo hacen muchos sindicatos, incluso estipulándolo a nivel de contrato colectivo y como lo hace de igual forma nuestra clase política que se pasa el poder de generación en generación, entre familiares, íntimos y amigos, si no revisemos la historia nacional, sólo que en el caso que nos ocupa se hace necesario que se implementen los convenientes filtros y candados que prohíban la venta vulgar e indiscriminada de plazas, como son que las mismas sean propuestas a un familiar directo del trabajador al momento de retirarse, que sea un egresado normalista, así como que no necesariamente los hijos de los trabajadores que han sido propuestos salgan de la región correspondiente, sino que se tomen en cuenta factores como la preparación, el promedio y el examen para ocupar los lugares preferentes, que todas las plazas que queden sin propuesta, las de programación detallada de la propia secretaría, las que se generan por incremento en el presupuesto y por las incidencias que concurran en el ámbito educativo puedan ser concursadas libremente por todos los interesados.
Lamentablemente lo anterior no es parte de la agenda de nuestra dirigencia sindical a la que sólo le interesa pactar con el régimen su autonomía para salvaguardar su poder y el manejo patrimonial e ilícito de los montosmillonarios que por concepto de cuotas sindicales y otros múltiples negocios obtiene. Es claro que si el gobierno federal verdaderamente quisiera dar una muestra de buena voluntad, el primer paso sería coadyuvar con las bases magisteriales del país para deshacerse de ese lastre llamado Elba Esther Gordillo de la dirigencia nacional del SNTE, instrumentando los mecanismos que establecen los propios estatutos como la revocación de mandato y el plebiscito, para que responda penalmente por sus abusos y para que entregue cuentas al pueblo de México.
Con base en lo anterior, pensamos que es urgente y necesaria una verdadera reforma educativa en la que participen todos los sectores sociales, que se cumpla con el calendario escolar, que eleve la calidad, que otorgue un salario decoroso y remunerador al maestro, que incremente la inversión y que haya una evaluación efectiva que nos permita abandonar la dimensión del ancestral atraso en que nos encontramos.

Atentamente
Isaías Arellano Maldonado
Profesor de educación básica     [email protected]