Silvia Romero, dispuesta comparecer en el Congreso por el caso Ayotzinapa, afirma

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, declaró que está dispuesta a comparecer en el Congreso del Estado por el caso Ayotzinapa, y consideró que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos están en su derecho de pedir un juicio político en su contra, por las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en el desalojo policiaco en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.
Lo anterior en respuesta al pronunciamiento de los estudiantes, quienes cuestionaron su capacidad para desempeñar su encargo, y su trayectoria como docente, sin embargo, aseguró que tiene argumentos válidos para demostrar que sí les ha dado atención permanente, “el único pendiente que pudiera haberse señalado en esos lamentables hechos, es que no se entregaron plazas automáticas, situación que en la actualidad tampoco podemos hacer, ni el año pasado ni este”.
Reconoció que la molestia de los estudiantes fue por el pronunciamiento que hizo la semana pasada, en el sentido de la transformación académica en la Normal, donde también cuestionó el costo por alumno de la escuela y señaló que tienen averiguaciones por retener autobuses del servicio público y robo.
En una conferencia de prensa, con los subsecretarios de la dependencia, Romero Suárez añadió que los problemas de la Normal Rural no son nuevos, saben que los jóvenes dedican mucho de su tiempo a las acciones de lucha, pero añadió que la formación de los docentes (desacreditada por los estudiantes), también será tema de la reforma.
Aseguró que la intención es que la escuela Normal cumpla con la función para lo que fue creada, y en particular la Raúl Isidro Burgos, para que dediquen mayor tiempo al trabajo académico. También señaló que tiene perfil docente, y para confirmarlo informó que es maestra jubilada con 30 años de servicio.
En otro tema, ratificó que en Guerrero se aplicará la reforma federal en el sector educativo, y en el momento que se eleve a rango constitucional, se cancelará cualquier modalidad en la que los maestros puedan dejar a sus hijos o familiares sus espacios de trabajo; incluso, por encima del nuevo modelo normativo para el manejo de personal que se firmó con las expresiones político sindicales del magisterio.
Aseguró que en muchas entidades de la República no se heredan las plazas docentes, y la reforma educativa establece que la distribución de plazas debe ser a través de concursos de oposición.
Por otro lado, el subsecretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, aceptó que la educación media superior representa un fuerte reto en el estado, en particular para regularizar a las escuelas que imparten este servicio con poco o nulo apoyo oficial.
Aceptó que de acuerdo con las proyecciones del gobierno federal, será después de 10 años cuando se alcance la cobertura universal en este nivel educativo, en 2022 o 2023.
En cuanto a educación superior, indicó que están trabajando en la creación de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, que podría comenzar a funcionar el próximo año, y ya se realizan los estudios de factibilidad para la creación de la universidad del estado.
A pesar de los pronunciamientos en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), insistió en que no vendría a competir, sino a complementar la demanda educativa: “Hay muchos jóvenes que se quedan sin estudiar y que tenemos que abrirles más espacios en diferentes regiones”.
Pero, aclaró que los estudios de factibilidad suelen llevarse mucho tiempo y todavía no saben en qué región se instalará, ni qué licenciaturas ofertaría.
Antes las movilizaciones de las preparatorias populares en Chilpancingo, informó que van a tratar de de regularizar todos los centros de bachilleratos o planteles que no reciben financiamiento regular.
Señaló, por ejemplo, que existen 41 Colegios de Bachilleres por cooperación, donde el sólo el gobierno estatal aporta para su operación, la federación no, “esperamos que aporte, con el convenio de peso a peso”.
Asimismo, dijo que hay 37 planteles de bachillerato municipales que no reciben dinero federal ni estatal, los ayuntamientos “cuando quieren o pueden” hacen alguna aportación, pero en realidad son los padres los que cooperan para el pago de los profesores.
En cuanto a las preparatorias populares, señaló que son un caso especial, porque no fueron creadas por el estado, sino por la UAG que les da clave de trabajo, matrícula, autoriza sus planes de estudio y extiende certificados, “son de ellos, de la UAG”, se deslindó, pero agregó que les harían una propuesta para regularizar este tipo de servicios con el propósito de que los jóvenes tengan certeza y seguridad que esos estudios son reconocidos.
Para terminar, Romero Suárez informó que se aplicaron sanciones a 74 maestros de primarias de lo polígonos de Renacimiento y Zapata en Acapulco, porque suspendieron labores alrededor de mes y medio sus clases, aseguró que hablaron con ellos, pero condicionaban su regreso a la presencia de militares, lo que estaba fuera de su alcance.