Humberto Musacchio

¿Una paz con motivos para la guerra?

Los ciudadanos, dijo Enrique Peña Nieto ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, “quieren un México en paz. Exigen respeto y protección a los derechos humanos”, de ahí que el gobierno federal se proponga “reducir la violencia y recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas” y disminuir “homicidios, secuestros y extorsiones”.

El caso es grave –gravísimo–, tanto, que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que uno de cada tres hogares ha sido afectado por la violencia criminal, pero que la llamada justicia mexicana sólo castiga a los culpables de uno por ciento de los delitos.

Osorio Chong agregó algo que muestra el error de fondo que marcó la actuación de Felipe Calderón ante el crimen: la captura de grandes capos, presentada como el mayor éxito del sexenio anterior, “provocó un proceso de fragmentación de grupos que hoy operan con una lógica distinta: pasamos de un esquema de liderazgos verticales a uno horizontal que los hace más violentos y peligrosos”.

Pues sí. Es un buen punto de partida entender que la estrategia –si hubo alguna– estuvo errada de principio a fin, se echó a andar sin un buen estudio previo, se disolvieron cuerpos policiacos y se constituyeron otros, se alentó la impunidad policiaca y se propició la corrupción. Y lo principal: nunca se entendió que la violencia por sí misma sólo genera más violencia y que el Estado, para aplicar con éxito la fuerza legítima, necesita contar con una política inteligente.

No es cosa de menospreciar lo que se propone hacer el gobierno federal: establecer objetivos prioritarios, poner fechas para el cumplimiento de las metas, echar a andar diversas políticas de prevención, elaborar protocolos de actuación para la fuerza pública, respetar los derechos humanos, atender a víctimas, reparar daños y evaluar resultados.

En lo institucional anuncia que habrá de depurar y reestructurar el Instituto Nacional de Migración, crear un marco legal y adoptar medidas técnicas para atender con eficacia la desaparición forzada, reorganizar la Policía Federal, crear la gendarmería nacional y, lo más importante, responsabilizar a la Secretaría de Gobernación de la seguridad pública, lo que implica que la violencia ha de ser necesariamente continuación de la política.

Por supuesto, siempre media una gran distancia entre los propósitos y las realizaciones, pero no hay resultados plausibles sin ideas rectoras, sin un plan amplio y bien meditado. En el que ahora ha presentado el gobierno federal hay omisiones y algunos enfoques discutibles. Con muchos elementos nuevos y hasta loables, pero a fin de cuentas lo que se pretende es continuar la guerra comenzada por Calderón.

Dicho de otra manera, mientras en Estados Unidos y Canadá avanza la legalización de las drogas –por lo menos de la mariguana–, aquí insistimos en prolongar una guerra costosísima en la que no hay victoria posible. Desde luego, la legalización de la drogas no resuelve el complejísimo problema de la criminalidad, pero toda política de seguridad que no tome en cuenta ese factor terminará en malas cuentas. Peña Nieto le hará un servicio a la sociedad y él mismo se hará un favor si abre desde ahora un amplio debate, serio, no con burócratas beneficiarios del prohibicionismo, sino con gente enterada, sobre la despenalización de la cannabis. Sería un buen primer paso y un indicio de que el actual gobierno no será, como el anterior, mero sirviente de intereses que no son los de México.