Legisladores de EU exploran medidas para armar a maestros en las escuelas

EFE

Washington

Legisladores de varios estados de Estados Unidos están planteando medidas para que los profesores y otros trabajadores de los colegios puedan portar armas para proteger a los alumnos en caso de masacres como la ocurrida en la escuela de Newtown (Connecticut), donde murieron 20 niños y 6 adultos.

Los últimos en sumarse a lista han sido Virginia y Carolina del Norte, según recogen medios locales de ambos estados.

Legisladores de esos dos estados consideran necesario que profesores y personal administrativo seleccionado puedan llevar armas de fuego encima o que exista un lugar de la escuela para guardarlas y poder recurrir a ellas si aparece alguien dispuesto a atacar.

En Virginia la propuesta parte del legislador estatal Robert Marshall (republicano) y es apoyada por el gobernador Bob McDonnell, del mismo partido.

En Oregon y Dakota del Sur legisladores estatales del Partido Republicano están apoyando esa misma idea.

Mientras, en Tennessee, el senador estatal Frank Niceley, también republicano, defiende que en cada escuela haya al menos un empleado que vaya armado en todo momento.

Legisladores de Minesota y Florida también han indicado que van a estudiar medidas para armar a los profesores, una idea que apoya el exsecretario de Educación Bill Bennett.

El estado de Texas prohíbe las armas en las escuelas, a menos que el colegio dé a la persona que lo solicite una autorización escrita para llevar una.

Arizona y otros seis estados tienen leyes similares, con excepciones para las personas que tienen licencias para portar armas ocultas.

Inicia reunión del grupo de trabajo, liderado por Biden, contra la violencia por armas

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, encabezó ayer la primera reunión de un grupo de trabajo que deberá presentar para enero próximo un plan “integral” con el fin de evitar tragedias como la masacre de niños y docentes en una escuela en Connecticut el viernes pasado.

“Tenemos que tener una forma integral de responder a la masacre de nuestros niños, como la que vimos en Connecticut”, dijo Biden al inicio de una reunión en un edificio anexo a la Casa Blanca con varios miembros del Gabinete presidencial, algunos asesores y representantes de una decena de organizaciones policiales.

Biden, cuyo grupo prevé celebrar consultas con organismos de los sectores público y privado, explicó que decidió reunirse primero con miembros de las entidades policiales porque “tienen una visión más integral sobre cómo bregar con la violencia en nuestras calles y en nuestro país”.

El vicepresidente de Estados Unidos reiteró el compromiso del presidente, Barack Obama, de poner en práctica medidas concretas para combatir la violencia generada por las armas de fuego, en un país que el año pasado registró unos 11 mil homicidios con armas de fuego.

“Hay algunas cosas que podemos hacer de inmediato, y vamos a necesitar su ayuda”, entre ellas, la prohibición de la venta de armas de asalto, dijo el vicepresidente.

Biden se refería a una ley federal puesta en marcha en 1994 pero que caducó en 2004. La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, ha dicho que presentará una medida para prohibir la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad en la 113 sesión del Congreso que comienza en enero próximo.

El grupo interministerial liderado por Biden –quien ayudó a elaborar la ley de 1994 cuando entonces representaba al estado de Delaware en el Senado–, tendrá que presentar “propuestas concretas” para frenar la violencia generada por las armas, según explicó Obama el miércoles.

Entre los presentes en la primera reunión del grupo de trabajo de Biden estaban los secretarios de Salud, Kathleen Sebelius; de Justicia, Eric Holder; de Educación, Arne Duncan, y de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, así como funcionarios de alto rango de la Administración Obama.

Según la Casa Blanca, en el marco de la labor del grupo de trabajo anunciado el miércoles por Obama, Biden se reunirá en las próximas semanas con dueños de armas, activistas a favor del control de armas, profesionales de salud mental, educadores, líderes comunitarios y religiosos, así como con funcionarios locales, estatales y federales.