Hombres armados disuelven su marcha en la Costera, denuncian transportistas

Redacción

Hombres armados disolvieron ayer una protesta de taxistas contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la avenida Costera, y golpearon a dos transportistas frente al director de Gobernación municipal, Felipe Loyo Malabar, y de tres patrullas de las Policía Vial y Preventiva.

Informó lo anterior el presidente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, quien dijo además que él mismo fue amenazado de muerte por los agresores.

Ayer a la 1 de la tarde, 50 choferes de taxis colectivos y combis de la ruta Coyuca-Cayaco-El Porvenir, acompañados por choferes de taxis azules, partieron de La Diana al Asta Bandera en 30 vehículos para protestar en un acto del gobernador y exigir justicia por el asesinato del líder transportista del Coyuca de Benítez, Tomás Galeana Agatón, pero 15 minutos después fueron interceptados en el cruce con la calle Wilfrido Massieu por varios hombres que comenzaron a golpear los vehículos y a arrancar las cartulinas que llevaban en los parabrisas.

“Nos cerraron la circulación la Policía Preventiva y la Policía de Tránsito municipal, yo no sabía cuál era la estrategia de ellos, ellos me decían que no podía llegar al Asta Bandera; bueno primeramente me coartaron el derecho a la manifestación, dos, me emboscaron, prácticamente me estaban sacando hacia Cuauhtémoc para que me levantaran. Yo señalo aquí a una persona que se llama Ulises Sánchez, él es conocido como El Cuervo en el mundo del narcotráfico, yo lo señalo directamente a él y al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil municipal, mayor René Mota García, que fue quien lo mandó, lo mandó para que despedazara esta manifestación”, señaló Mendoza Tapia en entrevista, luego de acudir a resguardarse en las oficinas de la Policía Federal ubicadas en la Costera.

Explicó que los policías municipales cerraron el paso al contingente atravesando unas tres patrullas en el cruce con Wilfrido Massieu para desviar los vehículos hacia la avenida Cuauhtémoc, y que mientras reclamaba a los policías unas seis personas armadas, encabezadas por Ulises Sánchez, se acercaron a la camioneta en la que iba utilizando una motocicleta roja y dos vehículos, lo encañonaron frente a Loyo Malabar y los policías, que no hicieron nada.

Reveló que los delincuentes le dijeron “que me van a matar si sigo protestando”, por lo que de manera inmediata retornó a la avenida Costera.

En el vehículo del dirigente viajaban también el presidente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, quien acudió a respaldar la protesta de los transportistas, y la secretaria de Mendoza Tapia.

“Que el alcalde Luis Walton Aburto se dé cuenta del tipo de gente que trabaja en la Policía municipal porque los señores municipales que estaban ahí bien gracias, ellos vieron, lo conocen pues, ellos no hicieron nada porque tienen miedo, dicen, que los vayan a matar; otra que René Mota lo haya mandado es un hecho grave ¿no?, estamos denunciando un asesinato, estamos denunciando la impunidad y ahí se está dando y Luis Walton bien gracias, él es responsable por estos hechos que pasaron ahorita, él es el responsable”, reprochó.

Agregó que tras la agresión habló con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien le dijo que presentara su denuncia y señalara a los responsables para su detención, pero al acudir a la Policía Federal, Mendoza Tapia y unos ocho choferes tuvieron que esperar media hora en una sala dentro del centro de negocios Costera 125, y después los policías federales le pidieron que dejara una copia de su credencial de elector y saliera del lugar, sin tomar una declaración sobre los hechos diciéndole que estas solo son “instalaciones estratégicas”.

Por la falta de atención de la Policía Federal, Mendoza Tapia y 40 transportistas que lo esperaban afuera de Costera 125 se trasladaron en unos 20 vehículos a la Octava Región Naval, en donde minutos después de las 3 de la tarde el dirigente presentó la denuncia formal sobre los hechos y los oficiales le aseguraron que se hará una investigación.

Desde el momento de la agresión, en repetidas ocasiones policías municipales vigilaron a los transportistas.

Mientras esperaban los choferes a Mendoza Tapia, afuera de la Policía Federal llegó una patrulla de supervisión de la Policía Vial; a su salida hacia la Octava Región Naval, otras dos patrullas de la Policía Preventiva salieron antes de los transportistas y sin razón aparente se detuvieron unos metros antes de La Diana, dejando sólo un carril libre a la circulación.

Al llegar a la Base Naval los choferes fueron vigilados en todo momento por la patrulla de la Policía Vial número 315, que primero se estacionó sobre la avenida Costera, obstruyendo el paso de los vehículos que salían de las instalaciones de los marinos y después los policías sólo observaron a los transportistas parados en la glorieta.

La inconformidad por el asesinato de Galeana Agatón

Desde las 12 del día, los transportistas comenzaron a reunirse cerca de La Diana, en donde estacionaron sus vehículos en dos de los carriles con dirección Base-Centro bloqueando el paso hacia la avenida Universidad.

En el lugar, unos 50 choferes protestaron con cartulinas en mano para exigir justicia por la muerte del líder de la CETIG en Coyuca, Tomás Galeana Agatón, el 1 de diciembre, en compañía de otro transportista.

“Sr. gobernador exigimos justicia por el asesinato de Tomás Galeana Agatón”; “Exigimos solución a los asesinatos de los compañeros Tomás Galeana e Ignacio Dorantes Ríos”, decían las cartulinas de los manifestantes.

Hace dos semanas, en conferencia de prensa, Mendoza Tapia exigió la intervención de Aguirre Rivero para que la procuradora general de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, y la Policía Investigadora Ministerial castiguen a los asesinos de Galeana Agatón, y advirtió que convocaría a una manifestación estatal si en una semana no había resultados.

Ayer, en entrevista previa a la protesta, el dirigente reiteró que el asesinato no se debió a la delincuencia organizada sino a problemas del transporte público con otros grupos de la misma ruta Cayaco-Coyuca, y criticó la impunidad ante los asesinatos, por la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“A 19 días de asesinato de nuestro compañero no hay avances, no hay ni siquiera líneas de investigación, no hay ni siquiera algo, vaya una diligencia que se haya realizado allá donde fue el hecho”, afirmó, y criticó que Garzón Bernal le llamó minutos antes para decirle que ya los atendería luego de negarse a recibirlos durante las últimas semanas, por lo que aseguró que las manifestaciones continuarían.

“La procuradora me está presionando, me está diciendo que si yo ya tengo la autorización de la familia de nuestro compañero para que yo pueda hacer algo por él; yo no necesito autorización, él fue nuestro compañero, fue dirigente y si él estuviera vivo aquí estaría con nosotros, entonces no necesitamos autorización y yo le mando a decir a la procuradora que no vamos a ceder a las presiones”, señaló.

Mendoza Tapia exigió que el alcalde Luis Walton Aburto designe a un secretario de Seguridad Pública y Protección Civil que no sea militar sino un civil “sensible” a las necesidades de ciudadanía; “no necesitamos Rambos, como el director de Tránsito que se cree Rambo el señor con un aparatoso equipo de seguridad que trae, para un automovilista y el automovilista hasta se asusta por la forma en cómo actúan”.

Se quejó también de que el Ayuntamiento les cobra infracciones excesivas, que van desde 600 pesos por estacionarse en un lugar prohibido hasta mil 800 pesos por otras faltas, y reconoció que los transportistas prefieren caer en actos de corrupción para librar las multas.

A la 1 de la tarde, al lugar llegó el director de Gobernación municipal, Felipe Loyo Malabar, quien ofreció a Mendoza Tapia una reunión con la secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho Díaz, y el líder de transportistas le comentó que llevaba con él 50 infracciones que quería que fueran canceladas.

En entrevista, el funcionario indicó que “unas 30, 40 infracciones” serían revisadas por la secretaria general, y a pregunta de reporteros sobre si serán canceladas y si esto no representa impunidad, Loyo Malabar respondió que “no se trata de esto, simplemente se trata de darles soluciones a los problemas, que no afecten a terceros”, y que finalmente esto lo determinaría Camacho Díaz.

Loyo Malabar y Mendoza Tapia acordaron que la caravana de vehículos pasaría al acto del gobernador en el Asta Bandera para después dirigirse al Ayuntamiento, y fue entonces cuando los transportistas y el director de Gobernación partieron del lugar a la 1 de la tarde.