A 15 años del crimen de indígenas de Acteal, insisten que fue crimen de Estado

Édgar Hernández  / Agencia Reforma

Tapachula

A 15 años de la masacre de Acteal, familiares y sobrevivientes aseguraron que aún no se hace justicia por el asesinato de 45 indígenas de esa comunidad del municipio de Chenaló.

Porfirio Arias Hernández, presidente de la sociedad civil Las Abejas, agrupación pacifista y mediadora para la paz por en el conflicto armado en Chiapas y a la que pertenecían las víctimas, aseguró que el asesinato fue un crimen de Estado y no se ha castigado a los responsables.

“Llevamos 15 años pidiendo justicia pero nadie nos escucha. Está claro que lo que paso en Acteal fue orden del gobierno federal y estatal, no nos han hecho justicia”, afirmó.

Arias Hernández señaló que la comunidad no cesará en su lucha hasta que paguen por el crimen de lesa humanidad quienes entonces estaban al frente del gobierno: desde el ex gobernador, Luis Ferro, el ex presidente Ernesto Zedillo y toda su cadena de mando incluyendo al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, actual titular de la SEP.

Sostuvo que en las comunidades sigue abierta la herida. “Todo lo que ha pasado, lo que sucedió es una masacre muy dolorosa para todas las personas y las familias de los que murieron. Sigue abierta la herida porque no se han juzgado a los autores materiales e intelectuales”.

Y es que en los últimos años al menos una treintena de los presuntos autores materiales fueron liberados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró irregularidades en el debido proceso entre ellas que la PGR fabricó evidencias para inculpar a los presos.

La SCJN atendió el caso desde una óptica de forma y no de fondo, acusó Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha acompañado a Las Abejas de Acteal en su lucha.

“(La SCJN) no se pronunció por el tema de fondo, la responsabilidad material de quienes participaron en la masacre”, explicó.

Sostuvo que la corrupción e impunidad que prevalece en la justicia mexicana ha impedido que se castigue a los autores intelectuales. Por el contrario, se protege a toda costa cuando se intenta enjuiciar a personas de alto nivel en la política y el gobierno.

Por ello, desde 2005 recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que atienda y resuelva el caso. En 2010 la denuncia fue admitida y este año comenzó a solicitar información sobre el proceso que ha llevado.

“Esperamos que el próximo año pueda haber un pronunciamiento de la CIDH señalando o reconociendo la responsabilidad del Estado Mexicano de este crimen de lesa humanidad, porque un crimen de estos trasciende periodos sexenales”, dijo López Rodríguez.