Exigen familiares la liberación de la agente estatal encarcelada por el desalojo del 12 de diciembre

Misael Damián

Ndyowe (Ometepec)

Familiares de la ex agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado, Gloria Rocío Cruz Méndez, denunciaron está encarcelada injustamente desde el seis de julio, acusada de que liberó a los detenidos en el desalojo del 12 de diciembre contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo que exigen su liberación.

En un comunicado dicen que después de “una serie de irregularidades en el caso”, a Cruz Méndez le fue dictado auto de formal prisión el 12 de julio del año en curso, por los delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia.

La resolución, dice el documento, la apelaron en tiempo y forma ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo y a pesar de que no se justificaban los elementos para una formal prisión, le fue ratificada por el tribunal de apelación.

La acusada promovió un amparo que se le otorgó el 21 de noviembre, “porque al entrar al estudio y análisis del auto de formal prisión se encontró que la citada resolución estaba plagada de irregularidades y no se ajustaba ni reunía los requisitos que la ley establece, dejándola en un total estado de indefensión, razón por la cual le fue otorgado el amparo y protección, a efecto de que el tribunal de apelación dictara una nueva resolución: distinta o en su caso en el mismo sentido”.

Luego, “la agente del Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión, con el argumento que se encontraba ajustado a derecho, cuando jurídicamente no es así”, enfatiza el escrito.

En el comunicado enviado a diferentes medios de comunicación, se especifica que por el delito “fabricado” la ahora ex agente se encuentra “privada de su libertad” en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo.

Ahora, la ex agente está inculpada porque participó en la liberación de las 24 personas detenidas por policías estatales, federales y ministeriales del estado el 12 de diciembre, de quienes después se sabría sufrieron de golpes y algunos fueron torturados y después liberados sin cargos.

En esa ocasión fueron asesinados a tiros los estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

Los familiares de la ex agente denunciaron que tras la firma de liberación de los detenidos, el funcionario federal de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Arturo Porras Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez Primero de Distrito en el Estado, se ha encargado de vulnerar los derechos de la ahora presa en el Cereso de Chilpancingo, “infringiendo la ley, ajustándola a sus intereses”.

En el documento, los familiares enumeran irregularidades y violaciones a los derechos humanos de Gloria Rocío Cruz Méndez “desde un inicio cuando fue citada a comparecer ante el Agente del Ministerio Publico de la Federación, a declarar en calidad de inculpada, primero la incomunicaron como una forma de ejercer tortura psicológica e intimidarla con dos agentes ministeriales federales que se encontraban atrás de ella, para obligarla a contestar al interrogatorio en la forma que la citada funcionaria federal quería”.

En la misiva se lee que a pesar de que la inculpada se reservó a contestar el interrogatorio fue consignada por el delito federal contra la administración de justicia, tomando como medio de prueba entre otros, su declaración ministerial en base al interrogatorio.

“Lo que al ministerio público de la federación se le olvidó, muy favorablemente, es que solo los servidores públicos federales pueden cometer ese tipo de delitos, luego entonces por qué fue consignada y aun peor, el Juez Primero de Distrito en el Estado le dictó auto de formal prisión, resolución que apeló y le fue revocado el auto de formal prisión”, señalan los familiares de Cruz Méndez.

Al percatarse los agentes de la federación del error que cometieron, acusan, “volvieron a consignarla en una segunda ocasión por un delito del ámbito local, cuando sabían que no se podía, resultado de ello les negaron la orden de aprehensión”.

“¿Por qué culpan ahora a la ex servidora pública así como a otros funcionarios de los errores cometidos por autoridades federales, de no haber llevado a cabo lo que era su obligación?, extraño resulta hoy que se duelan de que la autoridad local obstaculizó la investigación de la federación, si el día 12 de diciembre del año 2011 fueron informados inmediatamente, versión que se encuentra documentada, y aun así no hicieron nada por evitar que el delito se siguiera cometiendo y de ellos resultaran dos personas privadas de la vida por su indiferencia ante hechos delictuosos de su competencia, ahora les resulta muy provechoso buscar culpables donde no los hay”, se señala en el documento.

El escrito destaca que todas las actuaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado fueron convalidados por la Representación Social Federal, entre ellas “los acuerdos de libertad dictados a las 24 personas que al parecer eran estudiantes, al convalidar los acuerdos de libertad, aprobaron que estaban ajustados a derecho, hoy a todas luces buscan eludir su responsabilidad penal y hora por su negligencia todavía se encuentra privada de su libertad injustamente la ex agente del Ministerio público Gloria Rocío Cruz Méndez por delitos que no cometió y (está) pagando por algo que no hizo, solo cumplió con su trabajo, bajo ninguna forma es justo que siga privada de su libertad”, finaliza.

La ex agente presa es originaria de Ometepec.