Jesús Mendoza Zaragoza

Una nueva estrategia… ¿suficiente para ña seguridad y la paz?

Jesús Mendoza Zaragoza

En días pasados, el presidente Peña expuso seis líneas de acción para una “política de Estado” por la seguridad de los mexicanos. En el contexto de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, planteó la visión que su gobierno tiene de la violencia y de la inseguridad y la manera en que pretende abordar esta dolorosa situación que aflige al país. Planeación, prevención, respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación son los ejes que articularán la acción gubernamental para dar seguridad a los mexicanos. Algunos de ellos, como la planeación, la coordinación y la evaluación son más metodológicos, mientras que otros, como prevención, derechos humanos y transformación institucional, introducen temas considerados claves para restablecer la paz y la seguridad en el país.
¿Cuál es la novedad de esta estrategia del nuevo gobierno federal? La primera que salta a la vista es que, a diferencia de la del gobierno del Calderón, se percibe que hay una idea más amplia de la estrategia gubernamental que incluye diversos aspectos complementarios. La estrategia de Calderón visualizó la violencia más como un problema policiaco y puso a la fuerza pública como el actor privilegiado para reprimir a las organizaciones criminales. Con toda seguridad, el nuevo gobierno no podría darse el lujo de mantener esta visión que manifestó su fracaso e incluyó otros aspectos.
La incorporación de la prevención y la protección y respeto de los derechos humanos como líneas de acción, resulta necesaria. La primera es de sentido común mientras que la segunda tiende a disminuir los riesgos que implican las actuaciones de la fuerza pública que mantiene su lugar intacto en la nueva estrategia. Por otra parte, la descripción de lo que implica la prevención no parece que vaya a fondo, pues habla de alinear las políticas para combatir las adicciones, de ampliar las escuelas de tiempo completo, de promover proyectos productivos, y de formación en valores cívicos. Una prevención así no es proporcional al mal que se pretende prevenir.
¿Cuál puede ser el alcance de esta estrategia? Desde luego que se trata de una visión y de una estrategia que se perfila desde el poder y, como tal, unilateral. Por lo mismo, cuenta con límites de fondo que se mantienen porque no corresponde a una visión integral de la realidad de la violencia y de la inseguridad. Recordemos que la estrategia de Calderón fracasó porque correspondía a un diagnóstico totalmente desfasado de la realidad. En este caso, no se percibe un diagnóstico certero detrás de esta estrategia. Veamos.
Aunque se reconoce que el tema de la violencia está causando un daño grave al país, no se hace una consideración del tamaño real del mismo. Es imprescindible que haya un diagnóstico cierto que reconozca la violencia en sus reales proporciones, en su génesis, en su desarrollo y en sus consecuencias. Hace falta honestidad ante las proporciones de este fenómeno que está poniendo de rodillas a muchas regiones del país. En este sentido, las seis líneas planteadas por el gobierno federal, parecen más una respuesta light al tema de la violencia que no da con sus causas más crónicas.
¿Qué podemos decir de este gran desastre que está causando la violencia? ¿Por qué no se reconoce su gravedad al grado de ser asumido como un tema de salud pública? Al parecer, porque no se quieren reconocer las responsabilidades dispersas en las estructuras, en las instituciones y en la misma sociedad. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que se reconozca esta emergencia de manera que tenga el trato adecuado para superarla?
Esto significa que las diversas violencias que se entrecruzan, desde las más visibles hasta las ocultas, debieran ser vistas como un tema de salud pública para ser manejado como tal. Tenemos una sociedad enferma y en alto riesgo, siendo la violencia su síntoma más arrollador. Un diagnóstico social riguroso puede dar con los factores y con los responsables. Habrá que reconocer que todos somos responsables y que todos tenemos que asumir lo que nos toca para operar los cambios necesarios para sanar al país de esta postración. Pero hay de responsables a responsables.
Para comenzar, un tratamiento de la violencia que sufre el país como crisis humanitaria, tendría que poner en juego a todas las instituciones del Estado, enfocando todos sus recursos hacia la prevención y la atención de la emergencia, sin olvidar las soluciones a mediano y a largo plazo. Todos los temas están relacionados con la violencia: la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, la cultura, la producción, las leyes, los recursos naturales, la gobernabilidad, la democracia, la impartición de justicia y todos los demás. Nadie puede decir que está exento de responsabilidad, ni como parte del problema ni como parte de la solución.
Por otra parte, la quinta línea señala la transformación institucional refiriéndose a los ámbitos de la seguridad pública y de la procuración de justicia. Es seguro que la causa está en que son las áreas que tienen que ver directamente con la inseguridad. Pero el caso es que si se quiere tomar el toro por los cuernos hay que reconocer que son todas las instituciones del Estado que necesitan una transformación profunda. Y no solo en cuanto a su configuración administrativa sino en cuanto a su eficacia y a su talante ético.
El tema de la corrupción no es tocado en los seis puntos y no puede darse por supuesto en este país. Es sabido que la corrupción pública ha sido el caldo de cultivo y un componente del crimen organizado. El combate a la corrupción debiera ser uno de esos seis puntos y debiera instrumentarse de una manera clara y transparente. Este es uno de los puntos débiles de la propuesta presidencial porque ha sido la clase política, con sus honrosas excepciones, la que ha contribuido con sus omisiones y complicidades al desarrollo de la violencia en el país y en éstas condiciones no puede ser parte de la solución. Si va a ser la misma clase política la operadora de esta estrategia, estamos condenados a otra frustración. El hecho es de que, por esa historia añeja de corrupción, a los gobernantes no les creemos ni cuando dicen la verdad.
Por ello, una verdadera transformación institucional requiere una evaluación de cada institución pública, que detecte las formas en las que contribuye a generar la violencia y que dictamine los cambios institucionales que haya que hacer para que se convierta en factor de justicia y de paz en el país. En la medida en que las instituciones no cumplen con sus obligaciones, en que infringen las leyes, en que abusan en detrimento de los derechos de los ciudadanos, las instituciones generan violencia. Se necesita una reforma de todas las instituciones para que se articulen a partir de la legalidad necesaria y cuenten con la legitimidad requerida para que funcionen en favor de los ciudadanos.
Y de aquí, hay que señalar que si la estrategia tiene que ser proporcional al problema de la violencia tiene que plantearse en su nivel sistémico. La violencia es generada también por un sistema que no satisface las necesidades de la gente y, en cambio, produce situaciones de injusticia y de desigualdad. La violencia que padecemos tiene sus raíces en nuestro sistema político que en las últimas décadas ha avalado un modelo económico excluyente, el neoliberalismo con sus secuelas de desempleo, subempleo, migraciones, entre otras. Han sido funcionales con este sistema la corrupción y el sistema educativo plagado de vicios. De hecho, las reformas laboral y educativa que se han aprobado recientemente están previstas para reforzar dicho sistema que es incapaz de dar respuestas a derechos tan elementales como a la educación y al empleo digno. Mientras no se planteen transformaciones estructurales, con legislaciones adecuadas que amparen todos los derechos humanos de todos, el sistema político sigue siendo factor de violencia. Las seis líneas de Peña no incluyen el aspecto de las violencias sistémicas y no pueden incluirlo porque son respetuosas del sistema político que ampara la corrupción y promueve la impunidad como sistema.
Por último, ya señalaba anteriormente que los seis puntos son planteados desde la perspectiva del poder, al margen de la sociedad. Vaya, esto es legítimo. Pero si no incluye el protagonismo de la sociedad y de los ciudadanos, si no señala la participación de los ciudadanos como un tema clave, entonces no asume la corresponsabilidad del Estado con la sociedad civil. No comprende el gobierno que, precisamente, las violencias que sufrimos se manifiestan crudamente en todos los segmentos de la sociedad y que sin la participación cualificada de la sociedad no habrá resultados duraderos. No se entiende que si se trata de implementar una política de Estado para la seguridad y la paz, va al fracaso si no se cuenta con la activación amplia de la sociedad para la construcción de la paz. Vamos, el gobierno no puede darnos la seguridad y la paz como si fuéramos unos niños que reciben dulces sin el menor esfuerzo. El gobierno tiene que encabezar los esfuerzos de la sociedad para que se movilice mediante procesos educativos, culturales y comunitarios que desactiven las dinámicas violentas en su seno y se generen los cambios sociales necesarios. En este sentido, si no se incluye la participación de los ciudadanos, por más presupuesto que se gaste, las seis líneas de acción quedarán como mera demagogia.