Nombran a un vigilante de policías locales nuevo jefe de la Policía Federal

*Enrique Francisco Galindo propuso en agosto cancelar el subsidio de seguridad a estados y municipios que no certifiquen sus corporaciones este enero

*Desarmaron a los agentes de Acapulco que vigilan playas

* Tiene la Codehum 280 quejas en el puerto contra preventivos, ministeriales y federales; son más que en 2011

Designan como comisionado en la PF
a un experto en el combate anticrimen

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Enrique Francisco Galindo Ceballos fue designado como Comisionado General de la Policía Federal por Manuel Mondragón y Kalb, subsecretario de Planeación y Protección Institucional y encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
Desde febrero de 2011, Galindo Ceballos se desempeñó como secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),  dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando estaba como titular Francisco Blake Mora, y después con su fallecimiento, de Alejandro Poiré.
También fungió en esa dependencia federal como secretario técnico de la Subsecretaría de Protección Civil y Prevención Social de 1995 a 1998.
En agosto pasado, como funcionario del SNSP declaró que dejarán de percibir ayuda económica los estados y municipios beneficiados con el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) que no evalúen a sus policías para enero de 2013.
El anuncio de esta medida se da luego de que el ex presidente Felipe Calderón mostró un reporte, hasta junio pasado, en el que se confirma que sólo el 49.5 por ciento de los uniformados a nivel nacional había sido sometido a las pruebas de control de confianza.
El nuevo Comisionado de la Policía Federal es originario del estado de San Luis Potosí y cuenta con capacitación de diversas agencias de seguridad a nivel internacional en materia de política criminal, prevención del delito, combate a la corrupción, análisis del crimen organizado y terrorismo, de acuerdo con un comunicado difundido ayer por la corporación.
De 2009 a 2011 encabezó la dirección general de Planeación del SNSP, así como la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de San Luis Potosí, donde le tocó enfrentar al crimen organizado que migró de estados colindantes ante los operativos encabezados por el gobierno federal.
Antes, de 2004 a 2006 estuvo a cargo de la Policía Municipal de San Luis Potosí.
Galindo, de 46 años, cuenta con cursos de especialización en operaciones antisecuestro y negociación de rehenes impartidos por el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Castilla-La Man-cha, la Universidad de Sevilla y la Sociedad Mexicana de Crimino-logía.
También se dio a conocer que es egresado de la carrera en Derecho y que cuenta con una maestría en Política Criminal con mención honorífica, ambos títulos emitidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Actualmente, abundó la SSP, cursa el doctorado en la Universi-dad de Salamanca bajo la línea de investigación: Unidades de Inteligencia Financiera como instrumentos de lucha contra el lavado de dinero.
“El ahora Secretario General y encargado de despacho de la oficina del  Comisionado General de la Policía Federal, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos cuenta con una trayectoria de más de 20 años en los que a la par de la labor docente, ha ocupado diversos cargos en el servicio público, entre los que destacan el de agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República en 1992”, recordó la corporación.

Desde el lunes fueron desarmados policías viales y preventivos que vigilan la Costera

Yee Trujillo y Carlos Moreno A.

Desde el lunes, policías viales, algunos preventivos, que vigilaban a pie la avenida Costera fueron desarmados por órdenes de los “mandos” del operativo Guerrero Seguro, se quejaron los efectivos.
También fueron desarmados algunos policías federales que recorren la avenida Costera, quienes dijeron que esta medida será por toda la temporada vacacional y argumentaron que está disposición es “para resguardar la seguridad de las personas que visitan el puerto”, que se mantiene comunicación continua con los “compañeros que están en las patrullas, cualquier cosa ellos acuden en auxilio”.
Ayer los efectivos municipales continuaron desarmados, y en la Costera, frente al Asta Bandera, se observó a algunos federales sin ningún tipo de arma.
El lunes, policías viales se quejaron porque desde las 9 de la mañana los comandantes de sectores recorrieron la avenida Costera para decomisarles las armas, sin explicarles la razón ni cuando devolverán el armamento a unos 100 efectivos que vigilan la vialidad entre Caleta y la Base Naval.
Por la tarde, fuentes policiacas  dijeron que el desarme se realizó por orden de los mandos del operativo Guerrero Seguro, quienes establecieron que ningún agente deberá portar armas en la franja turística, tanto en el caso de policías viales como el de policías preventivos, y que aunque esto haya causado inconformidad “es una orden que no se puede contradecir”.
Los policías viales aseguraron que sin previo aviso, a las 9 de la mañana, los comandantes comenzaron a confiscar las armas.
“No estamos vestidos de payasos, tenemos la responsabilidad de prestar el auxilio a la población, que se acuerden que el delito se da por acción y por omisión y si un ciudadano me pide un auxilio yo como policía tengo que dárselo aún esté en riesgo mi vida, pero si no tenemos las herramientas o los elementos para prestar ese auxilio ¿cómo pues? si hay una acción inminente en tú contra ¿cómo la vas a repeler, o cómo te vas a proteger, o cómo le vas a dar el auxilio a alguien?”, se quejó uno de los efectivos.
Los policías viales exigieron una explicación del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, René Mota García, y el director de la Policía Vial, Valentín Franco Pineda, porque cumplen con todos los requisitos para portar armas y cuentan con una licencia colectiva para el uso de las mismas, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Uno de ellos afirmó que hace un año algunos policías fueron desarmados por no cumplir con los requisitos; “cuando pasó la primera vez no dijimos nada porque sabemos que es parte de la normatividad, que uno tiene cumplir con los requisitos, con los reglamentos de portación, los cursos, pasar por todos los exámenes de control de confianza, pero ahora desconocemos el motivo y la razón de por qué nos están desarmando”.
“Entre nosotros somos los primeros que nos apoyamos en caso de que a algún compañero le quieran hacer algo, imagínese, ahora no podemos ni darnos seguridad a nosotros mismos, ¿cree que le podemos dar seguridad a la ciudadanía?”, lamentó otro policía vial.
En un recorrido por la avenida Costera se observó que el lunes y ayer todos los policías viales estaban desarmados.
También algunos federales que recorrían a pie la franja turística por el Asta Bandera, aunque en otras zonas de la Costera los efectivos federales sí portaban armas largas.
En algunas playas como El Revolcadero se observó a policías municipales con armas largas.
Ayer se buscó a Mota García para que diera una postura sobre la medida, pero su secretario particular dijo que “no se encuentra, salió, tal vez más tarde”.
Sin embargo minutos después se observó que Mota García salió por una segunda puerta de las instalaciones de la dependencia a bordo de su vehículo particular.
También se buscó al director de la Policía Preventiva, Elías Oliva Pérez y al titular de la Vial, Valentín Franco Pineda, quienes tampoco se encontraban en sus oficinas.

Tiene la Codehum 280 quejas en el puerto contra policías, ministeriales y federales

Carlos Moreno A.

Durante el 2012 se han reportado 280 quejas en la Comisión Regional de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en el puerto, principalmente en contra de policías municipales y maestros, por lo que hubo un incremento a casi el doble en comparación con las quejas del año pasado, cuando se registraron 190.
El coordinador regional de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que este año hubo un incremento en las quejas por violación de derechos humanos, y manifestó que el primer lugar lo ocupan la Secretaría de Seguridad Pública municipal y la Secretaría de Educación en Guerrero.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que en este año se han registrado 280 quejas, mientras que el año pasado fueron 190; “llevamos un número mayor de quejas que hemos recibido”.
Señaló que el mayor número de quejas son contra policías municipales, con 53, y el segundo lugar contra la Policía Investigadora Ministerial (PIM), con 31 y 25 contra policías federales.
“Los actos más denunciados son los hechos referentes a los principios de legalidad y seguridad”, dijo.
Precisó que la mayoría de las quejas interpuestas son por abuso de autoridad, cateos sin autorización, allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones.
Indicó que “cuando una persona se detiene sin orden de aprehensión, cuando una persona actúa prepotente, no está cumpliendo con sus obligaciones de la norma establecida en los bandos de policía y buen gobierno; ahí es donde existen el mayor número de violaciones a los derechos humanos”.
Añadió que a raíz de que se intensificó el patrullaje por parte del Ejército y la Marina en Acapulco, “por el combate a la delincuencia organizada”,  se han presentado 12 quejas en contra de la Marina y 3 contra efectivos del Ejército Mexicano.
Señaló que las quejas contra los soldados tuvieron un decremento, de 27 que hubo el año pasado a sólo tres este año.
Abundó que en “febrero o marzo, el presidente (Juan Alarcón Hernández) tuvo una junta con el comandante de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano, en la cual estuve presente y se comprometió a que habría menos abusos a los derechos humanos por parte de sus elementos”.
Por esta razón, “ha cumplido (Moreno Serrano), y sólo se presentaron tres quejas en este año”.
Navarrete Magdaleno señaló que en el año pasado se habían presentado denuncias en contra de las fuerzas castrenses, principalmente por detenciones arbitrarias y abuso de autoridad o cateos sin autorización.
Sobre las denuncias que han sido interpuestas contra dependencias del gobierno municipal, la mayoría se han resuelto, “muchas de ellas se han aceptado, otras están en término o proceso de aceptación y en las que se han negado a cumplir los estamos persuadiendo para que en beneficio de la sociedad sean aceptadas”.
Por otra parte, dijo que también se han interpuesto denuncias en contra de maestros pertenecientes a la SEG, con un total de 52 quejas.
Las principales quejas fueron por maltrato a los alumnos, violación a la educación impidiendo la entrada a las instituciones, así como la suspensión sin ningún procedimiento o el cobro de cuotas de inscripción, pues “ahí se están violando los derechos a la educación”.
Agregó que “las demás quejas son hacia autoridades municipales, por abuso de autoridad o porque no hacen los trámites correspondientes”.