Dan diez meses de plazo para depurar las policías ante el incumplimiento de estados

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En un plazo no mayor de diez meses a partir de ayer, todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno deberán contar con la certificación de los centros de evaluación y control de confianza o de lo contrario serán separados del servicio.

Así lo establece el decreto que reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, con las rúbricas del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de diez meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio”, dice el texto.

“El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto”, añade el documento.

Apenas el pasado 19 de diciembre el Congreso aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para prorrogar durante un año el plazo que tienen estados y municipios en la evaluación y depuración de sus corporaciones policiacas.

El proyecto fue llevado a la Tribuna del Senado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priista Omar Fayad, quien reconoció que es indispensable ampliar el plazo ya que más de la mitad de las entidades no han cumplido con su obligación de evaluar a los agentes policiacos.

“En los ámbitos estatal, municipal y del DF, al 31 de octubre de este año se reportan 293 mil 632 elementos evaluados de manera integral en las entidades federativas, de un estado de fuerza estimado en 420 mil 349 elementos activos”, detalló al reconocer que 54.8 por ciento de los policías no han sido evaluados.

El legislador federal explicó que debido a que el 59 por ciento de los estados no podrían cumplir con el plazo que vencía el 3 de enero de 2013, era necesaria una prórroga de 365 días naturales.

En agosto pasado, durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, entonces titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP, emplazó a 10 días para que las entidades federativas reporten a la federación la ruta crítica que siguen para la depuración de sus corporaciones policiales.

Aunque a nivel federal el Secretariado no detalla cuántos mandos quedaron sin acreditar las pruebas, sí indica que de 70 mil 501 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR) evaluados en los Centros de Control y Confianza, 5 mil 737 reprobaron los exámenes.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecía el 3 de enero del 2013 como fecha límite para las evaluaciones, fecha que quedó rebasada ante la lenta depuración de las instituciones de seguridad pública.