Tlachinollan

Ayotzinapa:  ¿nueva etapa?

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

De no haber contratiempos inesperados,  hoy quedará formalmente instalada la Comisión Civil de Interlocución que abordará los temas educativos subyacentes al conflicto surgido entre el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero y los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
La instalación de esta Comisión, integrada por personalidades de larga trayectoria y reconocida solvencia moral en el plano nacional, abre una ventana de oportunidad para que se atiendan cabalmente los puntos relacionados con la agenda educativa que han quedados desatendidos, sin que ello implique que los estudiantes releguen las demandas de justicia que legítimamente enarbolan desde el 12 de diciembre de 2011, fecha inscrita ya en la memoria guerrerense del oprobio.
La Comisión Civil nace por la propia iniciativa de los estudiantes, quienes en una nueva demostración de la madurez de su movimiento, emplazaron al gobernador del estado para que por medio de connotadas personalidades iniciara una interlocución formal a efecto de atender las demandas educativas. El compromiso de los estudiantes con la mejora de su histórica escuela es encomiable, pues han puesto sobre la mesa demandas que de atenderse harían de la Normal Raúl Isidro Burgos una institución de excelencia académica para formar los docentes que demanda el olvidado campo guerrerense, acorde con el ímpetu de la actual generación, como desde hace años lo han demandado alumnos y padres de familia y como era el designio de Lázaro Cárdenas cuando emprendió su revolucionario  proyecto de educación rural.
La relevancia de la Comisión Civil, cuya existencia sería imposible sin el generoso aporte de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), organización civil que mantiene viva entre nosotras y nosotros la palabra profética de don Samuel Ruiz, queda de manifiesto al considerar los alcances que los propios estudiantes le han asignado: la Comisión planteará al gobierno de Ángel Aguirre Rivero una agenda de trabajo centrada en los aspectos educativos.
Fieles a su vocación magisterial, los normalistas de Ayotzinapa continúan impartiendo una profunda lección de dignidad y democracia. Pese a su juventud, o acaso precisamente por ello, perseveran en su firme demanda de justicia y se abstienen de sentarse a la mesa con  los responsables de los lamentables hechos acaecidos hace apenas dos meses en la Autopista del Sol, sin que por ello releguen al olvido sus legítimas exigencias como estudiantes y futuros docentes, reivindicando la aceptabilidad y la adaptabilidad como componentes básicos del derecho a la educación. En esa medida, apuestan por la interlocución sin caer, como tantos otros, en el esquema de las vergonzantes negociaciones que se realizan al amparo de la oscuridad y la claudicación.
Cómo responderá el gobierno de Ángel Aguirre Rivero a los planteamientos que realizarán los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos a través de personalidades de notoria consistencia moral y amplia trayectoria como Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Dolores González, Miguel Pulido, José Rosario Marroquín, Miguel Álvarez, Agnieska Raczynscka, y Edgar Cortez, es aún una incógnita por despejar. Si bien existen señales halagüeñas en la respuesta inicial del gobierno estatal, el panorama es incierto. No porque esté en juego la capacidad de la Comisión, probada ésta con creces por la experiencia de sus integrantes, sino porque a partir de su instalación quedará puesta a prueba la voluntad del gobierno encabezado por Aguirre. De entrada, es de esperarse que se imponga la genuina capacidad de escucha y que cesen las frívolas expresiones de funcionarios de segundo nivel que, ansiosos por figurar en la prensa, se apresuran a improvisar declaraciones ligeras con la pretensión de dar por solucionado un conflicto cuyo fin está aún lejano.
En todo caso, estamos ante un ejercicio inédito en la historia de nuestro estado. No sólo en virtud de que son jóvenes, un sector poblacional usualmente excluido de la discusión pública, quienes directamente han tomado la palabra para interpelar al gobierno, sino también porque la instalación de la Comisión Civil mantiene al caso Ayotzinapa en la palestra nacional e incluso internacional, desde la que seguirán siendo observadas puntualmente las reacciones de los actores políticos guerrerenses.
Sin duda, todas y todos los que anhelamos la democratización de Guerrero, estaremos atentos a la respuesta del gobernador frente a la Comisión Civil de Interlocución, pues además de avanzar aspectos torales de la agenda educativa del conflicto,  el proceso en ciernes podría dejar un precedente ejemplar sobre los métodos que deben prevalecer en la atención a los conflictos  sociales que surgen en la entidad, en la lógica de garantizar derechos para evitar la discrecionalidad y la burda criminalización. ¿Estará el gobierno a la altura de las graves circunstancias que imperan?
Entre tanto, la demanda de justicia se mantiene vigente. También en este renglón, ha quedado abierta la posibilidad de transformar las instituciones de procuración y admistración justicia de la entidad. Al respecto, ante los recientes debates públicos es necesario destacar una vez más que sólo con ingenuidad o desde la abierta complicidad cabe pensar que el cambio en instituciones permeadas por la corrupción como la Policía  Ministerial puede gestarse en unos cuantos meses, con cursos de capacitación y por virtud de la inclusión de nuevos elementos. La experiencia muestra que sólo la sanción efectiva de las violaciones a derechos
humanos y de la corrupción, de la mano con la depuración de los elementos viciados, puede en el mediano plazo cambiar la cara a corporaciones que cargan un largo historial de abusos. En este sentido, la sanción de aquellos servidores públicos que de forma irracional hicieron uso de la fuerza letal en contra de los normalistas y de aquellos que dolosamente pretendieron imputar a uno de los estudiantes hechos falsos, llegando al extremo de torturarlo para que se autoincriminara, serán más efectivas para transformar a la Procuraduría General de Justicia que todos los inocuos cursos que puedan presumirse. Confiando en ello, las víctimas ya han presentado sus denuncias ante las instancias correspondientes, aun a costa de su propia seguridad, sabiendo que el gobierno estatal deberá responder de cualquier atentado contra su vida, la de sus familiares o la de sus representantes.
La sed de justicia en Guerrero no empezó ayer. Pero en un contexto donde la atmósfera se ha vuelto irrespirable por una extendida crisis de violencia, aunada a hechos tan lamentables como la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista o el injusto encarcelamiento del defensor Na Savi Maximino García Catarino en Ayutla, los avances de la Comisión Civil instalada para atender los aspectos educativos del caso Ayotzinapa y la sanción efectiva de los responsables de la represión del 12 de diciembre de 2011 pueden contribuir a aminorar nuestra secular sequía.