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Podría irse hasta junio el dictamen del juicio político contra López Rosas y Almonte, dice el diputado Omar Jalil

Rosalba Ramírez

 

Chilpancingo

 

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, informó que será hasta el 8 de enero cuando la comisión se reúna para acordar el calendario de comparecencias en el juicio político en contra del ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, pero advirtió que podría detenerse por aproximadamente mes y medio durante el primer periodo de receso en la 60 legislatura.

Consultado vía telefónica, el diputado priista comentó que todavía no tienen fecha para las comparecencias de Ramón Almonte, del comisario de la Policía Federal que se encontraba en el cargo el 12 de diciembre cuando fueron asesinados dos estudiantes normalistas y para la presentación de un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que aclare dudas que los diputados encargados de realizar el juicio tengan.

Flores Majul recordó que el 15 de enero empieza el primer periodo de receso legislativo en el que sólo queda laborando la Comisión Permanente integrada por 12 legisladores, lo cual podría detener los trabajos de la Comisión Instructora encargada del juicio político.

El periodo de receso concluirá en los primeros días de marzo, marcando así otra pausa de aproximadamente mes y medio después de este periodo vacacional de diciembre.

Comentó que el proceso de juicio político que el Congreso local está realizando en cumplimiento a una de las recomendaciones de la CNDH tras el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, podría concluir en la primera quincena de abril, si los integrantes de la Comisión Instructora deciden trabajar durante el periodo de receso.

De no ser así será hasta junio cuando se presente un dictamen de la Comisión Instructora.

Comentó que se reunirán el 8 de enero para concretar el calendario de comparecencias, que a más tardar podrían concluir el 15 de febrero, y después de esa fecha la comisión necesitaría un máximo de dos meses para desahogar las pruebas que aporten las partes, en este caso la CNDH como demandante y los dos ex funcionarios como enjuiciados.

También deben tomar en cuenta las declaraciones de los estudiantes normalistas que acudieron ante la comisión a dar su versión de lo acontecido el 12 de diciembre de 2011 en la entrada de la Autopista del Sol, y del comandante de la Policía Federal que en ese momento ocupaba el cargo, puesto que “se comprobó que fueron los policías federales quienes iniciaron con los disparos”, dijo Flores Majul.

Se le preguntó si cambiaría algo la responsabilidad que encontraron en los elementos federales al ser ellos los primeros en accionar sus armas durante el desalojo, pero dijo que los diputados únicamente se abocarán a consignar la responsabilidad por acción u omisión de los ex funcionarios estatales, “no nos podemos desviar de nuestro deber que es el cumplir con la recomendación de la CNDH, porque nosotros no somos un órgano judicial y sólo desahogaremos la cuestión política”.

Después de las comparecencias, la comisión solicitará un informe circunstancial de los avances en la investigación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la PGR para complementar la información que las partes y los comparecientes aportaron.

Comentó que en la reunión del 8 de enero planteará a los integrantes de la comisión que trabajen durante el periodo de receso para desahogar el juicio político.

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