Emite la CNDH recomendación a Aguirre por la desaparición de joven morelense en oficinas de la PGJE

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De las recomendaciones emitidas este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cinco son para Guerrero; una para el gobierno del estado por la ejecución de un joven de Cuernavaca secuestrado y ejecutado aquí, y cuatro para ayuntamientos que ignoraron recomendaciones del organismo estatal.

De esas recomendaciones, sobresale una que involucra a Margarito Genchi Casiano, ex alcalde de Florencio Villareal, asesinado en junio pasado durante las campañas de alcaldes y diputados locales.

A Genchi Casiano, la CNDH le reclama un acto de invasión de propiedad privada.

De acuerdo con la página oficial de la CNDH, en 2012 Guerrero tuvo 11 recomendaciones, cinco para el Ejecutivo estatal, y entre éstas la 1VG-2012 del 23 de marzo, que se derivó de la investigación especial por las violaciones graves a los derechos humanos en el desalojo policiaco de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Una para la Secretaría de Marina, hace un mes, por violencia sexual, tortura y tratos crueles contra niñas de Coyuca de Benítez, el año pasado.

El 20 de diciembre la CNDH emitió las siete últimas recomendaciones de 2012, de las cuales cuatro son para ayuntamientos de Guerrero.

Otra, emitida el 5 de diciembre, es para al gobernador Ángel Aguirre Rivero, por la ejecución de Alan Israel Cerón Moreno en Chilpancingo después de haber sido secuestrado en Cuernavaca hace un año.

Comuna de Petatlán mintió a la Codehum

En la recomendación 80, el organismo nacional pidió a la mesa directiva del Congreso del estado y al ayuntamiento de Petatlán que tomen medidas para el cumplimiento de una recomendación de hace dos años, y que se establezcan responsabilidades legales a servidores públicos por la falta de respuesta.

El documento que se dirige al presidente de la mesa directiva de la 60 Legislatura, Antonio Gaspar Beltrán, y a los miembros del actual ayuntamiento de Petatlán, se refiere a una investigación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), que derivó en la recomendación 139/2010 para las autoridades de aquel municipio.

En la recomendación del 6 de diciembre de 2010, la Codehum solicitó que en la siguiente sesión de cabildo se autorizara el pago de una indemnización por cincuenta mil pesos para el entonces encargado de la dirección de Tránsito municipal, que cubrió indebidamente como caución para obtener su libertad condicional después de un accidente automovilístico.

Así como la entrega de una camioneta retenida, porque se confirmó que hubo excesos de las autoridades “por haber conculcado los derechos a la legalidad y seguridad jurídica”, e incluso proporcionaron información falsa a la Codehum durante sus investigaciones.

En la nueva recomendación, la CNDH pidió que se giren instrucciones al secretario general del ayuntamiento de Petatlán, para que en lo subsecuente se abstenga de proporcionar información carente de veracidad a la Codehum, “que propicia descrédito a ese Ayuntamiento municipal que representan”.

Asimismo, recomendó la impartición de cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos, a fin de evitar actos como los que dieron origen a este pronunciamiento, y el diseño de indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Genchi Casiano ignoró recomendación como alcalde de Cruz Grande

En la recomendación 082, la CNDH también pidió al Congreso local y al ayuntamiento de Florencio Villareal, con cabecera municipal en Cruz Grande, que tomen medidas para el cumplimiento de la recomendación de la Codehum, de siete meses atrás, por vulnerar los derechos humanos a la seguridad jurídica de propiedad y posesión.

En mayo de 2012, la Codehum notificó la recomendación al cabildo de Florencio Villareal para comenzar un proceso administrativo contra el alcalde (entonces Margarito Genchi Casiano), porque autorizó la construcción de una obra pública que afectó una propiedad privada.

Asimismo, pidió al cabildo restituir el bien inmueble y reparar los daños o en su caso indemnizar al afectado, como consecuencia de los actos irregulares del servidor público.

Sin embargo, en ese periodo Genchi Casiano solicitó permiso para participar como candidato a diputado local, y fue ejecutado el 11 de junio de 2012, por un comando armado en su domicilio.

En este tiempo, el ayuntamiento no respondió a la notificación sobre la aceptación o negativa de la recomendación, por lo que se determinó que no fue aceptada, y el quejoso presentó el recurso de impugnación correspondiente.

En respuesta a este recurso, la CNDH pidió al Congreso local que se inicie conforme a derecho una investigación para establecer la responsabilidad en que pudo incurrir el ex alcalde y los integrantes del ayuntamiento de Florencio Villarreal, y que se acepte y se cumpla la recomendación 029/2012, emitida el 18 de abril de 2012 por la Codehum.

En Iliatenco, municipales

atacaron a estudiante

La recomendación 083 de la CNDH es por la falta de respuesta a la recomendación para el presidente municipal y regidores de Iliatenco, a la recomendación 060/2010 de la Codehum.

El organismo estatal pidió a las autoridades comenzar un procedimiento administrativo en contra el segundo comandante y policías de la Preventiva Municipal por la incriminación y detención arbitraria de un estudiante a quien también hirieron de bala en un pie.

La  Codehum pidió que se calcularan los daños ocasionados y gastos en atención médica para el joven lesionado, para cubrir su indemnización, y ahora la CNDH pidió otra vez que se giren instrucciones para el cumplimiento de esas recomendaciones y que se notifique sobre las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Como advertencia, sólo se informa que la falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la CNDH estará en libertad de hacer pública esa circunstancia.

Las recomendaciones para el gobernador

De las cinco recomendación para el gobernador en 2012 —además de la que corresponde al caso Ayotzinapa, donde fueron ejecutados extraoficialmente dos estudiantes, hubo tres heridos de bala y una cantidad indeterminada de jóvenes golpeados y torturados—, tres corresponden a negligencias médicas en el Centro de Salud Guillermo Soberón Acevedo de Chilpancingo, en el hospital básico de la comunidad de Xochihuehuetlán, y en el hospital básico de Arcelia.

La última, del 5 de diciembre, corresponde a la queja que presentaron los padres de Alán Cerón Moreno, secuestrado el 24 de diciembre de 2011 en Cuernavaca, Morelos, y que luego se reportó por teléfono con su familia desde una agencia del Ministerio público de Chilpancingo.

Desde entonces no supieron más de su paradero, hasta que encontraron su cadáver cinco meses después en las inmediaciones del Hospital Raymundo Abarca Alarcón, de la capital, y las autoridades judiciales pretendieron deslindarse de responsabilidades.

En primera, la CNDH pide que se repare el daño ocasionado a los deudos del joven asesinado, “por la responsabilidad institucional en que incurrió el personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero”.

Asimismo, que el gobierno estatal diseñe e imparta programas integrales de capacitación y formación para promover la actualización y especialización de los agentes del Ministerio Público, en materia de atención, victimología y en el fortalecimiento de valores.

Además de que colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la PGJE. Se aclara que el plazo para que el gobierno del estado conteste a la recomendación es de 15 días hábiles siguientes a su notificación,  para informar sobre la aceptación de la misma o justifique su negativa.