Agentes del MP, de la PIM y peritos marchan a Casa Guerrero; Aguirre no ha cumplido acuerdos, reclaman

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, protestaron en el acceso a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, no ha cumplido los compromisos que hizo con ellos hace un par de semanas en Acapulco.
Los trabajadores de la PGJE iniciaron su protesta poco después de las 9 de la mañana en la pluma de metal que da acceso a las oficinas de la Policía Investigadora Ministerial, del Instituto de Formación y de las oficinas del encargado de despacho, Juan Manuel Herrera Campos.
Los inconformes colocaron en la barda perimetral del edificio público tres lonas blancas con unas leyendas de protesta en negro, y en la primera que se encontraba a un costado del puesto de vigilancia se podía leer, “Fuera (el subprocurador y encargado de despacho de la PGJE) Juan Manuel Herrera Campos; Fuera Nicandra Castro Escarpulli quien se dice subprocuradora de Justicia (quien ha asumido el control de la dependencia sin cargo oficial o nombramiento); Fuera (el director de Averiguaciones Previas) Marciano Nicolás Peñaloza Agama; Fuera (la ex coordinadora del Ministerio Público en la zona Centro y quien inició las indagatorias por el desalojo y asesinato de normalistas el pasado 12 de diciembre) María Eugenia Salgado Guzmán; Fuera, (el Contralor Interno) Alejandro Victoriano Romero, quienes son los principales orquestores del hostigamiento a Ministerios Públicos, policías Ministeriales y peritos”, leyendas que se rubricaban con un “Por el aso Ayotzinapa”.
En otra de las lonas se podía leer: “Señor gobernador este es el resultado de su falta de seriedad en los compromisos con el personal de procuración de justicia, no más imposiciones y usurpación de funciones”.
Y la última lona decía: “Personal adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Chilpancingo mostramos nuestra inconformidad y exigimos el cumplimiento del pliego petitorio”.
Durante la protesta, Herrera Campos –quien ya se encontraba en sus oficinas–, bajó al estacionamiento para pedir a los inconformes que nombraran una comisión y que los recibiría en sus oficinas, pero le manifestaron que con él “ningún diálogo, no resuelve nada y puras malas noticias nos da”, le dijeron desde el grupo que estaba protestando.
La agente auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos dio a conocer que 70 trabajadores de la PGJE enfrentan una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR), por los hechos del 12 de diciembre durante el desalojo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Indicó, que de eso se les notificó en los primeros días de enero y que los cargos que enfrentan son del orden federal como evasión de inculpados en delitos federales, como el de ataque a las vías de comunicación.
“Quien ordenó la liberación de los estudiantes fue el subprocurador, Alejandro Paz y Puente, quien dijo que por órdenes del secretario de Gobierno, Humberto Salgado se liberaran a los estudiantes y ahora la quieren emprender contra nosotros los trabajadores”, denunció.
Salgado Gallegos consideró que es “injusto que estén acusando a 70 compañeros y por ejemplo a la coordinadora del Ministerio Público en la zona Centro, María Eugenia Salgado no tiene ningún procedimiento de la PGR en su contra y fue ella quien integró las actuaciones de la averiguación previa, no se vale que quieren poner a muchos y salvar el cuello de otros, cuando nosotros o los compañeros sólo fuimos en apoyo”, agregó.
Dio a conocer que el sábado sostuvieron una reunión con el encargado de despacho, Juan Manuel Herrera Campos, “hemos decidido que no vamos a dialogar con él, no tiene disposición para atender nuestros planteamientos y al contrario, hay acoso y hostigamiento en nuestra contra”.
Informó que contra esos servidores públicos se iniciaron 40 procedimientos administrativos internos en la Subprocuraduría de Derechos Humanos y en la Contraloría, “no hay disposición del encargado de despacho para ver la forma en que se van a enfrentar esos procedimientos y sólo se cierra a decir que se va a aplicar la ley, cuando insistimos que nosotros no tenemos nada qué ver con la mala integración de los expedientes o de las malas actuaciones que se hayan hecho”.
Sostuvo que por los delitos federales que les están acusando no alcanzan el beneficio de la fianza, que sólo les han dicho que les van a respaldar con un bono de mil a 10 mil pesos, “si no hay un acuerdo o disposición vamos a iniciar un paro de labores estatal, ya fueron dos semanas que nos reunimos con el gobernador en Acapulco y no hay ningún avance en todo lo que prometió; dijo que hay un bono y no es cierto, todavía adeudan el de fin de año”.
“El gobierno del estado tomó decisiones jurídicas inapropiadas con un objetivo político de sobrevivir a esta crisis y ahora quienes deben pagar esas consecuencias somos los trabajadores y eso no se vale, no lo podemos permitir”, añadió.
Para las 12 del día, los manifestantes trasladaron su protesta a la residencia oficial Casa Guerrero, en donde una comisión ingresó para ser atendida por el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, con quien se reunieron más de una hora y al salir de ese encuentro no dieron a conocer a qué acuerdos llegaron y si seguían manteniendo su postura de que van a iniciar un paro de labores indefinido.
Afuera, varios trabajadores administrativos recriminaron al grupo que acudió a negociar con Aguirre Rivero que la comisión sólo se haya integrado por policías ministeriales y que no fueran claros con los acuerdos a los que llegaron, “también estamos perdiendo tiempo y dinero, pero no dicen si se arregló la petición o qué va a pasar”, les gritó molesta una señora que labora en oficinas de la PGJE en Acapulco.
Uno de los policías ministeriales dio a conocer que en la reunión, Aguirre entregó de manera “simbólica” cuatro cheques para saldar el bono que había prometido y que ya había dado instrucciones a la Dirección de Administración de la PGJE que se empezara a pagar ese bono a todos los trabajadores.
Que también, en los próximos días “atendería” el resto de sus demandas que incluyen la remoción de varios funcionarios de primer nivel de la PGJE, además de que se libere a Rey David Cortés e Ismael Matadama, quienes se encuentran presos en el penal de esta capital acusados del asesinato de los dos normalistas el 12 de diciembre pasado.