Recibe el Cabildo capitalino una recomendación de la CNDH por un desalojo de ambulantes

El organismo pide que se sancione a los funcionarios involucrados y se repare el daño a los comerciantes retirados de la plaza cívica en febrero de 2011

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al cabildo de Chilpancingo por el desalojo de febrero del 2011 a comerciantes ambulantes del zócalo, en la cual pide sanciones a funcionarios y reparación del daño a los afectados.
La recomendación 84/2012 fue emitida el 20 de diciembre y advierte que “con el propósito de proteger la identidad de las personas que intervinieron en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad”.
El documento recuerda que el 28 de febrero, el 2 y 10 de marzo de 2011, tres comerciantes a los que identifica con las claves V1, V2 y V3, interpusieron sus quejas ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
El documento señala que los agraviados son integrantes de organizaciones civiles dedicadas a la venta al menudeo en puestos semifijos instalados en la plaza cívica de la ciudad de Chilpancingo, que desde mayo de 1997 habían firmado un convenio con autoridades municipales para tal efecto, y se encontraban “al corriente de los pagos de pisaje y energía eléctrica que les solicitaban”.
Relata que los días 16, 25 y 27 de febrero de 2011, se presentaron en el lugar “AR1, entonces director de Gobernación y Asuntos Políticos del municipio de Chilpancingo de los Bravo, acompañado de AR2, entonces jefe de inspectores del Departamento de Vía Pública, así como AR3 y AR4 de la Policía Preventiva Municipal, quienes derribaron y retiraron sus puestos semifijos, llevándose consigo la mercancía, y, en algunos casos, dinero en efectivo o productos perecederos”.
Por esos hechos, la CNDH recomendó al Ayuntamiento que en su próxima sesión de Cabildo dé a conocer la resolución instruyendo para que inicie y determine el procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra de AR1, AR2, AR3 y AR4, por vulnerar los derechos humanos de V1, V2, V3, entre otros, a la seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal y al trabajo; así como a la libertad de manifestación de ideas y de los derechos de los defensores de los derechos humanos, respecto a los dos últimos”.
Asimismo, se les recomienda que “se acuerde implementar una mesa de diálogo con los quejosos, a fin de que sean reubicados en lugares adecuados donde puedan expender sus mercancías”, y ordenar que se les devuelvan “los carritos de venta de hot dogs, esquites y demás bienes que les fueron asegurados. Debiendo informar a esta Comisión del cumplimiento a lo recomendado”.
Como cuarta recomendación piden que se realicen “las acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la restitución de los derechos violados a los quejosos, quienes fueron objeto de violación a sus derechos de libertad de manifestación de ideas y a los derechos de los defensores de derechos humanos por el desalojo de que fueron objeto”.
La recomendación la emitió la CNDH porque la que envió la Codehum a la administración de Héctor Astudillo Flores no fue atendida. (Rosendo Betancourt Radilla / Chilpancingo).