Exigen amuzgos al gobierno la cancelación del proyecto de agua potable para Ometepec

Sergio Ferrer

Ometepec

Habitantes n’anncue ñomndaa’ (amuzgos) de la Costa Chica así como organizaciones nacionales e internacionales exigieron al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, la cancelación de la obra que extraerá agua del río San Pedro para abastecer a la cabecera municipal de Ometepec porque no fueron consultados los pueblos que serán afectados.
Además, les piden a las comunidades, organizaciones, colectivos y personas que luchan por una vida digna para todos estar al pendiente de  “nuestra lucha en defensa de la tierra, del agua, del aire, es decir del territorio, de la vida misma de nuestros pueblos”.
Mediante un comunicado, los inconformes demandan al gobierno del estado la cancelación inmediata de la obra por ser violatoria a sus derechos colectivos establecidos en convenios internacionales como el 169 de la Organizacón Internacional del Trabajao (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y resaltando “la flagrante violación a los artículos 68 y 69 de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.
El texto critica que, así como en la década de 1970 la forestal Vicente Guerrero extrajo millones de metros cúbicos de madera deforestando La Montaña, dn Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, negociando la venta de madera con representantes agrarios y el comisario de San Pedro Cuitlapa sin consultar a las demás comunidades, ahora el gobernador hace lo mismo con dicha comunidad para cumplir una de sus promesas de campaña.
Agrega que sin el consentimiento de las comunidades que integran bienes comunales y ejidos de los dos municipios por donde atraviesa el río y del cual dependen muchas actividades pretenden llevarse una gran cantidad de agua introduciendo tubería de más de 40 centímetros de diámetro.
La misiva va dirigida al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena, la Otra Campaña, medios libres, comunitarios y populares, medios masivos honestos, organizaciones sociales, personas honestas y al mal gobierno en sus tres niveles.
Según los inconformes, lo anterior se realiza tras la negociación que hiciera el gobierno con el ex presidente de Tlacoachistlahuaca y con representantes de San Pedro Cuitlapa por la necesidad del gobernador de cumplir sus promesas de campaña con los caciques de Ometepec.
El documento denuncia que presuntamente los caciques necesitan que el agua corra cerca de los lotes de tierra que están vendiendo para que aumente su ganancia, “ellos han vuelto el agua una mercancía para acrecentar su riqueza, mientras que para nosotros los pueblos originarios que habitamos las riveras del río pretenden cambiarnos nuestra forma de vida.”.
La protesta formal contra el proyecto de entubamiento de agua de río, surgió a orilla de la Poza del Mango del río San Pedro durante una reunión en el marco del VIII aniversario de la radio comunitaria Ñomndaa’ (La Palabra del Agua) en cuyo primer día de actividades se vio rondar un camión del Ejército por el lugar en el cual se realizó una ceremonia cultural musical.
Para los asistentes al encuentro “se trata de una historia más de despojo que sufren  las comunidades na savi (mixtecos) y nancue ñomndaa (amuzgos) que habitan en Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, quienes desde la antiguedad han convivido y respetado la naturaleza”.
El comunicado retoma las palabras de pobladores quienes recordaron que años atrás la naturaleza proveía todo lo necesario para alimentarse y resguardarse sin que nada tuviera precio, sin embargo, ahora el desarrollo capitalista y la ambición de poderosos ha puesto como mercancía la fuente de vida para que los indígenas vendan sus tierras sin que las puedan recuperar así como ha puesto precio a la madera y al agua para que sólo los poseedores del poder puedan comprarlas.
En otros párrafos, el comunicado solicita al “mal gobierno federal que respete el territorio de los pueblos originarios, campesinos y gente pobre que vive de la cosecha de la tierra”.
Para los firmantes el sistema capitalista depredador se fortalece a costa de despojar el territorio, cultura y dignidad de la gente trabajadora, inventando entre otras cosas la guerra contra la delincuencia organizada que no es en el fondo más que un exterminio del Estado contra la gente de abajo y sobre todo de la gente que se organiza para luchar y defender sus derechos, lo cual está dejando miles de muertos, desaparecidos y presos políticos.
Asimismo, el escrito asevera que los cambios de partidos y personajes del poder no se ha traducido en mejoras para el pueblo trabajador sino son estrategias del sistema para fortalecerse pues los gobernantes sólo son empleados del poder económico y no representantes del pueblo.
El comunicado aparece avalado por organizaciones de Guerrero como el CECOP, la CRAC, Radio Ñomndaa, la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, organizaciones de Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, estado de México, Veracruz y por medios libres, colectivos juveniles, estudiantes de la UNAM, ENAH, UIEG, UPN-Tlapa, habitantes y asistentes.

Deben convenir y consensuar autoridades y comunidades indígenas el aprovechamiento de recursos naturales, según la ley

Según una versión de la ley disponible en Internet en la página del gobierno de Guerrero, en su capítulo VI, acerca del Aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas enuncia en el Artículo 68 que “los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través de la Secretaría de Ecología, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales comprendidos en sus territorios, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo de los recursos naturales”; y el Artículo 69 agrega que “las autoridades y los particulares deberán consensar con las comunidades indígenas, los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios”.