Humberto Musacchio

Nuevo golpe a los
contribuyentes

Desde el primero de enero es más difícil el pago de impuestos, especialmente del impuesto sobre la renta. Es así porque desde este año las únicas facturas válidas serán las que se expidan mediante internet y las expedidas en papel ya no servirán para respaldar ante el fisco los egresos.
Hay una lógica perversa, suicida incluso, en esta persistente y progresiva aplicación de la ley del embudo, según la cual, en lugar de generalizar la emisión de comprobantes, abrir todas las opciones al pago de impuestos, ampliar la base impositiva y elevar la recaudación, se imponen condiciones que hacen cada vez más difícil y oneroso cumplir las obligaciones fiscales, pues sólo 40 por ciento de la población tiene acceso a internet y salvo que se cuente con personal para hacer un seguimiento puntual, será muy difícil comprobar que cada empresa o persona a la que hacemos un pago emite en tiempo y forma el comprobante respectivo.
Cada año se profundiza en esa política que quita tiempo a cada contribuyente y que, visto en términos sociales, significa un inmenso desperdicio de horas hombre que muy bien podrían emplearse productivamente. El resultado de esas fórmulas restrictivas ha sido complicar el pago oportuno de contribuciones, y, como consecuencia, que la recaudación crezca menos que la población.
Dicho de otra manera, para un país cada vez con más habitantes, el Estado dispone de menos recursos por cabeza, como lo confirman los datos de la Secretaría de Hacienda, que para los once primeros meses de 2012 reportó un crecimiento del ingreso fiscal de sólo 1.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras la población crece a una tasa superior a dos por ciento.
Atenta contra un fisco saludable la dispersión de los gravámenes. Existe el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a depósitos en efectivo (IDE), que en conjunto representan apenas 22.7 del ingreso fiscal del sector público, a lo que deben agregarse los impuestos relacionados con el petróleo, el IVA y varios más.
Tal cantidad de impuestos diferentes es un primer obstáculo para la recaudación. El Estado se frota las manos con lo que consigue cobrar de IETU, pese a los costos que implica esa carga a las empresas y sobre todo a las llamadas personas físicas. También, se celebra el impuesto a los depósitos en efectivo, lo que desalienta la captación bancaria y por ende disminuye la posibilidad de controlar el universo de contribuyentes.
En suma, tenemos un sistema fiscal en que los únicos paganos son los causantes cautivos y los clasemedieros a los que se imponen los más absurdos requisitos, a quienes se ha decidido privar hasta de comprobantes en papel y a los que se reduce cada vez más la posibilidad de pago oportuno.
Todos tenemos el deber de aportar al sostenimiento de las instituciones públicas, y eso implica que el Estado tiene la atribución de vigilar el buen cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar la evasión y la elusión fiscales. Pero en México los contribuyentes son (somos) una exigua minoría, pues los de hasta arriba no pagan o hacen como que pagan, en tanto que abajo, más de la mitad de los que trabajan, tampoco pagan porque no tienen qué ni con qué. Es la tragedia.
A México le urge una reforma fiscal completa y profunda, que obligue a pagar a los de arriba y que incorpore a los de abajo al régimen fiscal, así sea mínimamente, pues sólo una ciudadanía que paga impuestos es consciente de sus derechos y exigente con su gobierno.