Desaprueba Tlachinollan que el Ejército coordine las tareas de seguridad en el estado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachino-llan, Abel Barrera Hernández, opinó que dejar en el Ejército, aunque sea temporalmente, la cooordinación de las tareas de seguridad pública en Guerrero evidencia que no hay un cambio en la política del gobierno federal que encabeza el presidente priista Enrique Peña Nieto, pues el Ejército sigue siendo utilizado para labores que corresponden a las policías.
Y luego dijo que la decisión anunciada el miércoles en Acapulco por el gobernador Ángel Aguirre Rivero de que ya no será la Policía Federal la que encabece la Operación Guerrero Seguro, “es lamentable porque en el sexenio pasado se comprobó que su participación en labores policiacas no terminó con la violencia y, por el contrario, se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”.
Barrera agregó que seguramente esta determinación es parte del reacomodo que se está dando en la Policía Federal, al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, dijo que ve que la tendencia del gobierno de Peña Nieto es seguir fortaleciendo la presencia del Ejército en los mandos y las acciones que corresponden a las autoridades civiles.
“Y esto no refleja un cambio en las políticas en materia de seguridad, a pesar de que en el sexenio de Felipe Calderón causó graves daños a familias enteras y pobres en el país pues miles de ciudadanos fueron muertos”, denunció.
Manifestó que no se atienden las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre que haya controles civiles para evitar los excesos de los militares, “de tal forma que no existe un contrapeso que impida o se castiguen las violaciones a los derechos humanos que cometen los miembros de las fuerzas castrenses”.
También denunció que al no haber controles civiles las acciones que comenten los militares no son sancionadas y quedan sin castigo.
Por eso insistió en que la decisión de dejar en manos de los militares el programa Guerrero Seguro, “es una mala señal pues con ello se aprieta más la tuerca y, desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, se están tomando decisiones contrarias que no nos llevan a garantizar la tranquilidad ciudadana y, por el contrario, son en detrimento de la ciudadanía”.
Barrera Hernández dijo que la decisión es grave porque el balance que arrojó la intervención del Ejército en su lucha en contra del crimen organizado en la administración anterior no fue positivo pues el ciudadano quedó en una total indefensión, “no tuvo forma de hacer valer sus derechos cuando fueron víctimas de violaciones a sus derechos por los militares ante la falta de un mecanismo que sirviera de contrapeso que obligara a los militares a rendir cuentas por las violaciones a los derechos civiles”.
Barrera agregó que por eso el Ejército fue la autoridad que más violó los derechos humanos, “pues las quejas se elevaron a más del 100 por ciento a partir del 2010 y ninguna de ella se trasladó a la autoridad civil, de tal forma que no hay ninguna autoridad que les pida cuentas a los militares por sus acciones arbitrarias o cuando me-nos que los obligue a ceñirse al respeto de los derechos humanos”.
Además, concluyó que “donde hay Ejército la gente no se siente segura porque siguen habiendo acciones de violencia y se percibe un ambiente de inseguridad y caos”.