Asesinato de agricultores desata crisis en zona mapuche en Chile

DPA

Santiago de Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, pidió ayer “una lucha frontal contra la violencia”, luego que dos agricultores murieran calcinados en su casa, tras sufrir el ataque incendiario de una veintena de encapuchados en la zona mapuche, al sur del país.

“Tienen responsabilidad –si bien no penal, pero responsabilidad política o moral–, todos aquellos que de una u otra forma colaboran con estos actos de terrorismo y de violencia protegiendo, amparando, fomentando, justificando o estimulando estos hechos”, dijo Piñera.

El incendio en la localidad de Vilcun, que acabó con la vida de Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mckay, ocurre en momentos que comunidades mapuche exigen devolución de tierras ancestrales y autonomía, en medio de conflictos con los propietarios y el Estado.

El crimen, que motivó un rechazo transversal en los partidos, coincidió con el quinto aniversario del asesinato del comunero mapuche Matías Catrileo, muerto por un tiro por la espalda por la policía cuando ocupaba justamente un predio de la familia Luchsinger.

Un hijo de la víctimas, Jorge, reveló que su madre alcanzó a contactarlo en medio del ataque. “Me dijo que estaban siendo atacados, que le estaban pegando a mi padre”, recordó.

“Podíamos suponer que nos quemarían la casa, nunca imaginamos que iban a matar a nuestros papás… Eran un matrimonio mayor”, ahondó el agricultor.

Piñera, quien viajó de urgencia a la zona, anunció en ese marco una serie de medidas especiales, incluyendo “el control del tráfico vehicular y de identidad en los sectores más afectados”.

El plan incluye el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva al caso y el fortalecimiento de la cooperación entre la Agencia Nacional de Inteligencia y las fuerzas armadas.

Las primeras pesquisas llevaron ya a la detención de Cerafín Córdova de 26 años, comunero mapuche capturado con una herida de bala similar al arma con que se defendió el fallecido Luchsinger.

“Estamos cerca de hallar a estos salvajes”, dijo tras la aprehensión el intendente (gobernador) de La Araucanía, Andrés Molina.

La derecha en el poder alega que hay sectores mapuches coordinados con ETA y las FARC operando en la zona, tesis objetada por organismos de derechos humanos y líderes indígenas.

Los diputados de la oficialista Unión Demócrata Independiente, el principal partido de gobierno, pidieron incluso aplicar el Estado de Sitio en la región.

Los mapuches, el único pueblo reconocido como nación independiente por la Corona Española tras 300 años de guerra con España, viven tanto en las ciudades como en los campos, con índices de pobreza bajo el promedio nacional, según cifras oficiales.

Varios de sus líderes comunitarios fueron juzgados bajo los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet  con una polémica Ley Antiterrorista que permitía juicios dobles y el uso de testigos secretos pagados que no podían ser interrogados por los abogados defensores.