Esclarecer los asesinatos de periodistas, reiteran en Chilpancingo y Acapulco

Zacarías Cervantes y Carlos Moreno A.

Chilpancingo y Acapulco

La dirigencia del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) demandó ayer en el marco del Día del Periodista y el 90 aniversario de la fundación de esa agrupación a nivel nacional, la investigación de los asesinatos de 13 periodistas ocurridos en los últimos tres sexenios en Guerrero.

Asimismo, a través de su dirigente, Salomón Cruz Gallardo, exigió garantías para quienes ejercen el periodismo en la entidad.

La ceremonia se realizó en la plaza de la Libertad de Expresión de esta capital, y asistieron el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández; el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, y el presidente municipal Mario Moreno Arcos.

El dirigente de la delegación 17 del SNRP en Chilpancingo, Salomón Cruz Gallardo, dijo en su discurso: “manifestamos nuestra más enérgica protesta, y demandamos al gobernador Angel Aguirre Rivero que instruya a la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, el inmediato esclarecimiento de los 13 arteros asesinatos de nuestros compañeros periodistas, pues ya no queremos más simulaciones”.

El encuentro reunió a decenas de reporteros de la capital y a funcionarios tanto del gobierno estatal como municipal.

Ante ellos, Cruz Gallardo denunció que es “inconcebible” que el gremio se siga vistiendo de luto; “no es posible que la cifra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la organización Reporteros sin Fronteras, establezca que en México al menos 88 periodistas han sido asesinados en los últimos años, así como decenas de casos de hostigamientos, amenazas, desapariciones, a lo que en Guerrero no estamos exentos”.

Cruz Gallardo recordó los casos ocurridos en Guerrero en los últimos tres sexenios, como el secuestro y desaparición de Marco Antonio López Ortiz, jefe de redacción del diario Novedades Acapulco, el 7 de junio de 2011; y los asesinatos de Juan Francisco Rodríguez Díaz, corresponsal de El Sol de Acapulco en Coyuca de Benítez, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, directora del semanario Nueva Línea; el de Evaristo Pacheco Solís, del semanario Visión Informativa; el de Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El Sol de la Costa; el de Juan Daniel Martínez Gil, del grupo Radiorama Acapulco; el de Juan Carlos Hernández, del semanario El Quijote de Taxco; el de Jean Paul Ibarra, del diario El Correo de Iguala; el de Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco; el de Misael Tamayo Hernández, director de El despertar de la Costa; el de Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político; el de Rafael Villafuerte, director del periódico La Razón; y el de Abel Bueno León, del semanario Siete Días.

Después, el dirigente del SNRP convocó a los comunicadores de las distintas organizaciones y de los diferentes medios de comunicación a permanecer unidos y a “no claudicar en la defensa de la actividad periodística y de la libertad de expresión”.

También exigió a los tres niveles de gobierno que garanticen el libre ejercicio del trabajo periodístico “y que no se vulneren nuestros derechos sólo porque se critique a los funcionarios en el desempeño de sus funciones públicas”.

Al final dijo: “Al gobernador Angel Aguirre le demandamos que en su administración se garanticen las condiciones para que desarrollemos nuestro trabajo con libertad, y sobre todo con la seguridad de que no vamos a ser víctimas de hostigamiento y agresiones físicas por nuestra labor”.

Agresiones desde el gobierno

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Acapulco, Domingo Gómez Gallardo, pidió protección para ejercer el trabajo periodístico, principalmente los de crítica y denuncia, y criticó que no haya avances en las investigaciones de la Procuraduría del estado por periodistas desaparecidos o asesinados.

Consultado al término de la conmemoración del Día del Periodista, Gómez Gallardo dijo que el periodista nunca ha estado protegido frente a los riesgos criminales y que estas agresiones provienen de las instancias de gobierno, “el periodista nunca está protegido frente al riesgo criminal, porque desafortunadamente hemos podido constatar que de las mismas instancias de gobierno provienen las agresiones”.

Indicó que derivado de estas agresiones viene el disimulo gubernamental y la impunidad con que se conducen los criminales, “ese es el hecho de la indignación y la exigencia permanente de que se haga justicia”.

Exigió que se haga justicia sobre todo al periodista de “crítica y de denuncia, que será siempre motivo de persecución”.

Durante el evento, los periodistas sostuvieron una lona que decía “Ya Basta. No más Agresiones a Periodistas”.

Gómez Gallardo expuso cuatro casos concretos de periodistas desaparecidos y que hasta la fecha no se sabe de su paradero en Acapulco.

El de Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, quien fue secuestrado en el hotel Fiesta del Mar el 22 de mayo de 2004 por tres individuos, y a la fecha no se conoce su paradero.

El de Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información de Novedades Acapulco, quien fue secuestrado por individuos armados el 7 de junio de 2011, cuando acudió al restaurante bar Los Arbolitos, en el centro de Acapulco, desconociéndose a la fecha su paradero y los motivos específicos de su desaparición.

El de Amado Ramírez Dillanes, periodista al servicio de Novedades Acapulco, corresponsal de Televisa y conductor del programa Al Tanto de Radiorama Acapulco, quien fue asesinado el 6 de abril de 2007; y el de Erick Molina, hijo del periodista Cecilio Molina Martell, quien fue levantado el 20 de junio de 2008.

Se quejó que ante estos hechos delictivos se encuentran todos en “zozobra y en la indignación permanente de que no hay respuesta, sólo hay un intento de querernos convencer de algo que no nos convence”.

Manifestó que ahora el gobierno “quiere disfrazar que está poniendo vigilancia, pero no resuelve nada”, y agregó que han tenido pláticas con el gobierno estatal y municipal, y “nos han escuchado, pero no hay acciones concretas”.