Poblado veracruzano acusa a la Marina de abatir civiles y señalarlos como “sicarios”

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un pueblo entero alzó la voz en el centro del Veracruz para demandar a los gobiernos estatal y federal que se limpie el nombre de cuatro hombres abatidos por la Marina el 28 de diciembre, pues asegura que eran gente de trabajo y honesta y no sicarios que pretendían rescatar el cadáver de un líder del grupo delictivo Los Zetas, como afirman las autoridades.
La versión oficial que se difundió la noche del 28 de diciembre, fue que Jesús Juárez Hernández, Ángel Piña Teodoro, Luis Vargas Piña y José Raúl Fernández Ortega, intentaban rescatar el cadáver del líder de los Zetas,  Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, que días antes fue cercado y ultimado por elementos de la Secretaría de Marina.
Pero en Ixhuatlán del Café, municipio cercano a la zona de Córdoba y Orizaba, los pobladores y los familiares de las cuatro víctimas, refutan a las autoridades y aseguran que eran hombres de trabajo.
Los deudos narraron la historia de las horas previas a que fueran acribillados en un retén instalado por la Marina en el perímetro donde se localiza la funeraria en que estaba el cuerpo de Uscanga Marín.
Jesús Juárez Hernández era propietario de un pequeño taller mecánico en Ixhuatlán, y ese día pidió a sus amigos Ángel Piña y Luis Vargas, que le acompañarán a comprar refacciones.
Se fueron a Córdoba en el taxi de José Raúl Fernández, el cuarto amigo que perdió la vida a manos de Marinos.
Tras comprar las piezas para reparar el vehículo que quería entrar antes del Año Nuevo, los cuatro pararon en un bar y entrada la noche decidieron regresar a Ixhuatlán y tomaron camino justo donde la Marina custodiaba la funeraria en que estaba el cuerpo del sujeto conocido como “Pokemón”.
Según un escueto comunicado del Gobierno de Veracruz difundido el 28 de diciembre, los cuatro hombres eran “delincuentes” que pretendían rescatar el cadáver del líder delictivo.
“Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes quienes intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, identificado como líder del grupo delictivo los zetas en la región”, afirmó el Gobierno encabezado por Javier Duarte.
De acuerdo con ese comunicado, en el lugar fueron asegurados un vehículo, armamento y una granada.
Sin embargo, vecinos y parientes de los abatidos acusan a los marinos de haberse equivocado y a las autoridades en general de sostener una versión falsa que mancha la memoria de los caídos, quienes vivían de manera modesta.
Indignados, familiares y vecinos de los cuatro hombres decidieron marchar en Ixhuatlán y protestar esta semana Córdoba en demanda de que se diga la verdad.
A Jesús Juárez, que tenía 37 años, le sobreviven cuatro hijos de 15, 13, 10 y dos años, quienes quedaron a cargo de su esposa Eva Piña Teodoro.
Junto con su esposo, Eva Piña perdió también a su hermano Ángel Piña, abatido a los 32 años, y a su primo, Luis Vargas Piña, ultimado a sus 37 años.
Ángel ayudaba en el taller a su cuñado durante el tiempo que estaba en México, pues cada que tenía oportunidad aprovechaba su visa de trabajo para irse a laborar como jardinero a los Estados Unidos.
Luis Vargas también apoyaba en el taller y José Raúl Fernández era taxista.

Lidera Veracruz en quejas

Veracruz registra el mayor número de quejas contra elementos de la Secretaría de Marina presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con el Sistema de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, un total de 146 quejas, el 39.3 por ciento del total nacional, se presentaron contra elementos de la Armada en la entidad costera entre enero y noviembre del año pasado.
La quejas van desde la privación de la vida, con dos denuncias y la desaparición forzada, con siete, hasta la detención arbitraria, con 111 quejas, la tortura, los tratos inhumanos y crueles y otras.
El año pasado, la CNDH emitió seis recomendaciones a la Semar por violaciones a los derechos humanos consistentes en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos, cateos ilegales, incomunicación y violencia sexual contra menores, entre otros.