No son una realidad vigente los derechos humanos en México, contestan 100 ONG a Poiré

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Más de 100 organismos civiles de derechos humanos del país, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, refutaron ayer al secretario de Gobernación Alejandro Poiré, quien el 7 de febrero dijo que la defensa y protección de los derechos humanos “son la más alta prioridad? del gobierno federal”.
Los representantes de los organismos citaron casos concretos de violaciones a derechos humanos que han sido cometidas en Guerrero, para contradecir al funcionario federal.
Le respondieron que los derechos humanos no son una realidad vigente en el país y que el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), así como la ausencia de un mecanismo de protección para las y los defensores, así como la defensa del fuero militar por el gobierno de Felipe Calderón, son un ejemplo de la “brecha entre discurso y práctica en  México”.
Recordaron que fueron 3 puntos los que citó Alejandro Poiré; que los derechos humanos son una política de Estado y deben permear todas las actividades del Estado mexicano, así como estar presentes en la agenda de los tres órdenes de gobierno; que el gobierno federal seguirá trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y que la estrategia nacional de seguridad emprendida por el gobierno de la república reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.
“Al respecto, las organizaciones de derechos humanos señalamos a partir de hechos concretos, que la brecha existe entre el discurso de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la realidad imperante en el país a lo largo de todo el sexenio”,
Y agregan que en contrapartida de la posición sostenida por el secretario de Gobernación, “lo cierto es que no se han implementado con suficiencia y con un alto nivel de prioridad, acciones para dar cumplimiento? a las obligaciones contraídas? por el Estado mexicano? frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional”.
Entre los mas de 100 organismos civiles de derechos humanos que cuestionan la postura del funcionario federal, se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan;  el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Litiga OLE; así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la república.
Como prueba de que en México los derechos humanos no son la “más alta prioridad”, como lo dijo el secretario de Gobernación, los organismos civiles citan los casos de las sentencias emitidas por la Coidh en contra del Estado mexicano y que no han sido cumplidas, como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Manifiestan que otro tema de particular preocupación es la falta de implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos.
“Peor aún, son varios los casos en los que la Secretaría de Gobernación ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales”, denuncian los representantes de los organismos civiles de derechos humanos.
Los organismos particularizan la constante violación a los derechos humanos en Guerrero, en donde, citan como ejemplo, además, que107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas provisionales ordenadas por la Coidh, “pues desde el año 2009 dichas medidas se han limitado a la entrega de cuatro aparatos de comunicación a las personas beneficiarias, de los cuales ninguno funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su reparación”.
Igualmente, expresan que existe una “inadecuada” implementación de las medidas provisionales, la persistencia de patrones de criminalización ilegítima de defensores comunitarios, como en el caso de Maximino García Catarino, defensor ta savi (mixteco) preso en Ayutla de los Libres, desde el pasado 21 de enero de 2012 “por un delito que no cometió, aun cuando es beneficiario de medidas provisionales desde 2009”.
Agregan que la reiterada posición del gobierno federal sobre el fuero militar es también ejemplificativo de la enorme brecha que se abre entre el discurso y la práctica de las autoridades.
“Como lo ejemplifica el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en representación del presidente de la República Felipe Calderón, impugnó a principios de este año la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial”, cuestionan los representantes de los organismos.
También expresan que el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada guerra contra el narcotráfico, “contradice” también el discurso del secretario de Gobernación, pues entre el 2006 y el 2011, las violaciones cometidas “no han sido investigadas con suficiencia, como afirma el titular de la Segob, sino que en su mayoría permanecen en la impunidad”.