Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Con el helicóptero no se juega t Botín de la ganancia y la avaricia

La noticia de que Ángel Aguirre Rivero utiliza los helicópteros del gobierno con la misma discrecionalidad y arrogancia que su antecesor Zeferino Torreblanca,como si fueran posesiones personales, se agrega a la que ya es una larga lista de traiciones al programa de compromisos que hizo durante su campaña y en su toma de posesión el 1 de abril de 2011.
Esos compromisos pretendían establecer una diferencia muy clara con el gobierno zeferinista, que fue presa de la corrupción, y por eso Aguirre proclamó en aquella fecha: “No permitiré que Guerrero sea botín de la ganancia y la avaricia”. Un mes antes había sido exhibida en la prensa la ruindad de Zeferino Torreblanca, quien se apropió para sus traslados personales –y para prestarlo a sus amigos– de un helicóptero comprado por la Secretaría de Salud con el objetivo de habilitarlo como ambulancia destinada particularmente al traslado de enfermos y embarazadas de La Montaña, donde el aislamiento y la marginación agudizan los índices de mortalidad.
En la toma de posesión Aguirre sabía que su audiencia esperaba un pronunciamiento en ese sensible tema, y no la defraudó. Dijo primero: “Con la vida de los guerrerenses no se juega, se respeta y se salva hasta donde sea posible”. Y a continuación anunció: “He instruido que el famoso helicóptero que tanto debate y polémica ha generado, estará dedicado única y exclusivamente a atender casos de emergencia en los servicios de salud. Ni para uso del gobernador ni de sus colaboradores. Estará única y exclusivamente para estos propósitos”.
Un año y nueve meses después sabemos que ese compromiso fue falso, que el helicóptero adquirido por la Secretaría de Salud en 36 millones de pesos no fue habilitado como ambulancia y que en resumidas cuentas no ha trasladado a ningún enfermo, sino que continuó al servicio del gobernador como lo estuvo en la gestión del contador Torreblanca Galindo. Ya ni siquiera pertenece a la Ssa, pues el dinero que empleó en la adquisición le fue devuelto por la Secretaría de Finanzas, por lo que quedó asignado al control de la oficina del gobernador. Las noticias son un poquito peor, porque resultó que no solamente ese helicóptero es utilizado para el traslado de quien el gobernador quiera –menos algún indígena enfermo–, sino también los otros que integran la flota aérea del gobierno, y presumiblemente también los aviones. Han usado esas aeronaves en viajes personales el hermano del gobernador, Mateo Aguirre; el empresario Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria deTelecomunicaciones por Cable (Canitec), amigo de Aguirre y hermano de la representante del gobierno del estado en la ciudad de México; el ex senador Silvano Aureoles, hoy coordinador de los diputados federales del PRD; el abogado Julio Scherer Ibarra; Carlos de la Colina, director de TV Azteca Guerrero, y los obispos Alejo Zavala y Maximino Martínez. Y en el colmo, también Lázaro Mazón Alonso, el titular de la Ssa. Este último dijo que es mentira que se haya subido a ese u otro helicóptero oficial el año pasado, y si eso es cierto entonces su nombre fue usado en las bitácoras de vuelo presentadas como la fuente de la información publicada en la primera plana del diario Reforma el 1 de enero (“Usan de taxis flotilla oficial”, nota aparecida en estas páginas al día siguiente).
Confrontado el viernes pasado, Aguirre se hizo el ofendido y con cinismo pidió “pruebas” de que su familia y sus amigos disfrutan los helicópteros del gobierno. Aunque no se atrevió a desmentir la información, aventuró una afirmación sobre las actividades del helicóptero que iba a ser ambulancia, de las que tendría, él sí, que aportar pruebas: “Yo le puedo acreditar el uso que se le ha dado para la atención de problemas médicos, de atención urgente en materia de salud”. Y tendría que proporcionar pruebas de ello porque el mismo Lázaro Mazón –en su momento un crítico feroz de que el helicóptero se sustrajera de sus fines médicos– había dejado establecido con anterioridad que el helicóptero ya no pertenecía ni estaba bajo el control de la Ssa.
Estos hechos desfondan al gobierno de Ángel Aguirre y muestran la frivolidad e insensibilidad social que se aloja en el Palacio de Gobierno. Pero como anticipamos, existen otros acontecimientos igual de graves que borran la diferencia que Aguirre pretendió marcar al principio. Como la súbita y aún no explicada desaparición del programa “Guerreros por la Alfabetización”, presentado por Aguirre en su toma de posesión como una de las grandes prioridades de su gobierno.“Estoy decidido de una vez por todas a erradicar el analfabetismo en Guerrero, esta colosal tarea la haremos con una amplia participación, con una movilización de más de 30 mil jóvenes estudiantes, educadores, maestros, jubilados, sector  público, privado y la iglesia”, dijo también aquel 1 de abril.
Con un presupuesto de 80 millones de pesos en el primer año, “Guerreros por la Alfabetización” simplemente se desintegró hace dos meses en medio de una pugna interna del grupo en el poder. El segundo y último responsable de ese programa, Ricardo Castillo Barrientos, renunció a esa función y denunció el boicot que emprendió en su contra el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, quien le retuvo los recursos. Aparentemente el conflicto se debió a una temprana manifestación de la lucha por la candidatura para las elecciones de 2015, pues Castillo Barrientos no pertenece a la facción de Salgado Leyva –quien con su hermano Raúl encabeza a los llamados aguirristas, que pretenden o pretendían formar su propio partido local–, que se pertrecha para oponerse a las aspiraciones del senador Sofío Ramírez. La nota del caso es que Aguirre Rivero no hizo nada, porque no quiso o porque no pudo, para impedir que ese conflicto interno entre los suyos afectara el programa para la alfabetización, del que el gobernador alardeaba todavía en septiembre pasado. Sin embargo, el exabrupto del grupo político de Aguirre y su falta de determinación tendrán como efecto la paralización de las tareas para combatir el analfabetismo, que afecta a 16.68 por ciento de la población del estado, más de 300 mil personas (frente a una media nacional de 6.88 por ciento), y el abandono de una de las funciones esenciales de todo gobierno.
Algo similar sucede también con el proyecto de reformas a la Constitución del estado, anunciado estruendosamente por Aguirre en su campaña y en su toma de posesión, y después convertido en un tosco intento de obtener mayores atribuciones y discrecionalidad para el gobernador en menoscabo del Congreso y del Poder Judicial. Se supo de este golpe al equilibrio de los poderes por la oportuna denuncia realizada hace unas semanas por el abogado Jaime Cárdenas Gracia, quien informó que el proyecto elaborado por Porfirio Muñoz Ledo, a quien Aguirre se lo había encargado, fue tan bueno y vanguardista en la recuperación de derechos y libertades, que incomodó al gobernador. El proyecto de Muñoz Ledo fue desechado por Aguirre, quien envió al Congreso uno distinto que pone el acento en la entrega de más atribuciones al Ejecutivo. Pero públicamente se ignoraba que el proyecto de Muñoz Ledo había sido sustituido, y se creía que era ese el que había sido propuesto por Aguirre al Congreso local.
Podrían sumarse varios más a la lista de compromisos abandonados, truncados o traicionados por Aguirre. En materia de corrupción, contra la cual alzó su voz al tomar el poder, no ha hecho nada. El ex gobernador Zeferino Torreblanca y funcionarios del anterior gobierno han sido acusados oficialmente, pero no les han sido levantados cargos penales ni han sido llevados a los tribunales. La promesa de esclarecer y castigar el asesinato de Armando Chavarría está a la deriva en una Procuraduría de adorno, pese a que cuenta con indicios sólidos sobre los homicidas materiales e intelectuales. Pero a esta altura es más que ingenuo esperar algo distinto del gobierno de Aguirre. Si no cumplió con lo del helicóptero…

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