Busca el gobierno un acuerdo de paz para los desplazados; son víctimas del crimen y piden justicia, recuerda la Redgro

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno estatal pretende reducir el conflicto de los desplazados a un problema entre particulares, cuando es un fenómeno de la delincuencia organizada que trata de controlar la sierra del estado asesinando a los pobladores de las comunidades, denunció el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández.
Lo anterior lo declaró después de una reunión con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y funcionarios del gobierno del estado en Casa Guerrero, la cual se dio a conocer también mediante un boletín de prensa.
En ese documento se menciona que el encuentro fue con los desplazados de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán en donde se acordó la firma de un acuerdo de paz “con las otras partes implicadas de las Ollas y el Ciruelar con el objetivo de restaurar la paz social y la convivencia”.
En consulta telefónica, el defensor de derechos humanos señaló que hacer un plan de paz en esta situación no es lo más conveniente, “porque el gobierno tiene que entender que no es un problema entre particulares, sino un fenómeno de la delincuencia organizada que trata de controlar la sierra desplazando y asesinando”.
Denunció que el gobierno quiere asumir un papel conciliador y de mediador cuando su obligación es dar garantias de seguridad para las personas y comience a perseguir a aquellos que han cometido asesinatos en la zona.
Por lo tanto, subrayó que no está de acuerdo con un plan de paz y demandó que se garantice el acceso a la justicia, se dé seguimiento a las averiguaciones previas y a las investigaciones de los cerca de 25 asesinatos -del 2005 a la fecha-, de familiares de Rubén Santana Alonso y Juventina Villa Mojica que también fueron asesinados, y que el gobierno estatal asuma su responsabilidad como parte del Estado mexicano.
Informó que en este encuentro se programó una audiencia con la procuradora, Martha Elva Garzón  Bernal, pero la funcionaria remarcó que fue solamente para ponerlos al tanto del estado que guarda cada una de las averiguaciones que a los defensores de derechos humanos les interesan.
Sin embargo, también señaló (como en otras reuniones) que existen averiguaciones previas iniciadas por gente de El Ciruelar en contra de los habitantes de La Laguna, “como advirtiendo: exigen justicia pero también hay averiguaciones en contra de ustedes; mejor así que se queden las cosas, ni ustedes, ni ellos”.
En este sentido, Olivares Hernández insistió en que el gobierno quiere ver este conflicto como intercomunitario, no como la situación que refleja la desatención de las autoridades. Recordó que prácticamente quienes ejercen el dominio y el control en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente del estado, son los grupos caciquiles que se encuentran vinculados o son parte de la delincuencia organizada.
Dijo que en su intervención ante los funcionarios cuestionó que el gobierno pretenda aparecer como conciliador porque, antes de que fuera asesinada, Juventina denunció que gente del gobierno quería llevarla a dialogar con el grupo de la delincuencia para llegar a algunos acuerdos y no hubiera agresiones.
Asimismo, recordó que el 2 de diciembre pasado, el gobernador canceló un encuentro con los desplazados de La Laguna en Taxco, a donde organizaciones y afectados iban a presentar una propuesta, “pero las cosas han cambiado y el planteamiento se tiene que volver a discutir con los pobladores”.
El 29 de noviembre fue asesinada Valentina Villa, y horas después unas cien personas desplazadas por la violencia bajaron de La Laguna a Las Ollas, resguardadas por policías estatales.
De la audiencia, Olivares informó que cuando se les preguntó a los asistentes por la solución al problema, se explicó al gobierno que lo más importante es el diseño de un plan emergente, y estrategias a mediano y largo plazo, “esa es nuestra propuesta desde esa audiencia frustrada”.
Sobre la propuesta de la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, que hace unos días declaró que se analizaba con las comunidades el fomento de proyectos productivos, Olivares consideró que son propuestas sacadas al vapor, sin analizar el contexto real.
“La gente está en peligro de ser asesinada, esos planteamientos eran antes, para evitar que la delincuencia creciera y se señoreara en esa región, ahora lo más urgente es garantizar la seguridad y la vida. Se trivializan las cosas con proyectos cuando el contexto fue otro”.
De la reunión detalló que comenzó alrededor de la 1:20 de la tarde, y el gobernador estuvo con ellos entre 15 y 20 minutos y se quedaron dialogando con al secretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, entre otros funcionarios, y acordaron subir a Las Ollas el miércoles 16 de enero, para realizar diligencias en torno al asesinato de Juventina Villa.

Despensas y proyectos productivos, ofrece el gobierno a desplazados

Mediante un boletín, se informó que el gobernador recibió en Casa Guerrero a representantes de las familias desplazadas de la comunidad de La Laguna, a quienes les refrendó su apoyo solidario para salvaguardar su seguridad y crear un plan emergente de atención a los afectados.
El Ejecutivo manifestó su disposición para que las víctimas sean reubicadas en el lugar que ellos decidan y elijan, mientras se pongan de acuerdo y decidan de manera conjunta con las demás familias afectadas, la ubicación de un predio donde vayan a asentarse.
El documento destaca la entrega de proyectos productivos y despensas para reinsertarlos a las actividades productivas, y dice que se garantizará a las familias desplazadas que no serán sujetos de nuevas agresiones, por lo que las investigaciones por la Procuraduría General de Justicia del Estado continuarán y se castigará a los responsables de la violencia.
En este tenor, se informó que también se acordó firmar un acuerdo de paz con las otras partes (contrarias) implicadas en el conflicto de las Ollas y el Ciruelar, con el objetivo de restaurar la paz social y la convivencia.
Se informó que en la reunión estuvieron, por la Red Guerrerense, Olivares Hernández y del Frente de Organizaciones Democráticas, Bertoldo Martínez.
Del gobierno estatal asistió el secretario General de Gobierno, el de Administración y Finanzas, Jorge Salgado Leyva, el de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez Padilla,  la procuradora Martha Elva Garzón Bernal, el subsecretario para Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Iñaki Blanco Cabrera, el diputado local Elí Camacho Goicoechea y el presidente del PRD estatal, Carlos Reyes Torres, entre otros funcionarios del gabinete estatal.
Olivares cuestionó que particularmente Camacho Goicoechea dio mucho vuelo a la propuesta del acuerdo de paz, “que indica que está de parte de las personas que están siendo señaladas como responsables de los asesinatos, porque los desplazados de Las Ollas se declaran como víctimas, por lo tanto, no habría nada que conciliar”.