Sostiene su acusación de que Añorve fue un “narcopresidente”, dice Figueroa Smutny

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El diputado local del PRI, Rubén Figueroa Smutny, dijo que sostiene los señalamientos que hizo contra el ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, desde enero del año pasado, cuando lo acusó de ser un “narcopresidente”, y dijo que no se retractará de ninguno de sus comentarios críticos hacia su correligionario.
Le pidió al ahora diputado federal que “salga” a desmentir que es el responsable del déficit financiero en el ayuntamiento porteño.
El priista invitó ayer a una conferencia de prensa en su oficina en el Congreso local; sin embargo, por la concurrencia que la convocatoria provocó, la conferencia se mudó a la sala de reuniones José Bajos Valverde, donde dijo que los Figueroa son priistas institucionales, y sólo por eso en la campaña por la gubernatura apoyaron a Héctor Astudillo Flores y a Manuel Añorve.
Dijo que ambos fueron malos candidatos y a ellos se debe la derrota del PRI, “fueron candidaturas equivocadas y provocaron que se perdiera el poder”.
Después corrigió: “Bueno, no que se perdiera el poder, quiero decir que se perdiera Guerrero para el PRI”.
Pidió a Añorve que se defienda con argumentos de los señalamientos en su contra y que “deje de enviar a terceros a contestar por él, porque sólo salen a descalificar al mensajero, pero no desmienten el mensaje”.
De los señalamientos de los añorvistas, la secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, y el dirigente municipal de ese partido en Acapulco, Luis Miguel Terrazas Irra, se negó a contestarles porque dijo que únicamente debatirá cuando el ex alcalde de Acapulco salga a defenderse.
Dijo que sus publicaciones en el Facebook fueron porque pretendió “tener un diálogo, que hasta hoy ha sido un monólogo, pero la intención era tenerlo con Añorve”.
En repetidas ocasiones sus palabras fueron pausadas debido a las voces que llegaban de afuera, donde protestaba un grupo de diez viudas y huérfanos de la matanza de Aguas Blancas, perpetrada por policías estatales en el gobierno de su padre, Rubén Figueroa Alcocer.
Encabezados por José Sánchez, un abogado que trabajó en el gobierno de Añorve en Acapulco, los manifestantes pedían “¡justicia!”, por lo que el legislador pidió a su asistente que cerrara la puerta para que las demandas no interrumpieran sus palabras.
Insistió en que Añorve “salga a hablar de frente, como yo lo estoy haciendo”, y recordó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, dio a conocer el lunes que no habrá apoyo económico para rescatar a los municipios que se declararon en quiebra, y mencionó a casos como el de Acapulco  y Cuernavaca que están en el buró de crédito.
También retó al ex alcalde de Acapulco a que desmienta al funcionario federal.
Negó que su familia presione a los gobernadores de Guerrero para que le compren el fertilizante a la empresa de su hermano, “aunque él es uno de los proveedores del estado”, dijo.
Mientras familiares de los campesinos asesinados por policías estatales en el gobierno de su padre clamaban justicia, el diputado afirmó que la matanza de Aguas Blancas es un caso concluido y castigado, por lo que consideró que no es necesario que se reabra, “porque ya fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia, y si tienen nuevos elementos entonces sí se debe reabrir”.
Después dijo desconocer el monto del déficit del ayuntamiento de Acapulco, pero insistió en que no dejará de demandarle a Añorve Baños que “regrese” el dinero que falta en el municipio, lo que dijo ha provocado que los servicios públicos sean afectados, y apuntó que esperará a que los órganos fiscalizadores informen el monto del déficit para exigirle que “responda por ese faltante”.
Se le preguntó si presentará una denuncia contra Añorve cuando sean públicos los informes de las auditorías, pero dijo que él no realizará ninguna acción y que eso le corresponde a los entes fiscalizadores.
Añadió que únicamente busca que “después no salgan con que todo está en orden y comprobado”, y dijo que es un problema grave, porque desaparecieron cientos de millones de pesos presupuestados para Acapulco, y el adeudo de 52 millones de pesos con un banco que llevó al ayuntamiento al buró de crédito.
Dijo que no es el “aliado incómodo” del gobernador Ángel Aguirre Rivero, como afirmó Héctor Astudillo, y que tampoco está “enfermo de poder”, e insistió en que Añorve y Astudillo fueron los culpables de que el PRI perdiera el poder en Guerrero.
De lo señalado por el también ex alcalde de Chilpancingo, en el sentido de que no servirán de nada las reuniones o la intervención del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, porque lo que Rubén Figueroa requiere es “tratamiento psiquiátrico”, respondió sonriendo que únicamente necesita atención médica “para bajar los más de 10 kilos que tengo de sobrepeso”.
Mostró un informe de sus actividades, que presentará al CEN del PRI, con lo que dijo que comprobará que ha realizado su trabajo como delegado en Acapulco, en el que incluyó fotografías de reuniones en diferentes colonias y comunidades.
También incluyó copias de notas periodísticas relacionadas con el déficit financiero en el puerto, desde declaraciones del alcalde Luis Walton Aburto hasta las de algunos perredistas y funcionarios, “aquí están todas las acusaciones, ¡y no soy yo!”, exclamó.
Figueroa Smutny afirmó que acatará las decisiones que tome el dirigente nacional del PRI César Camacho Quiroz después de escuchar a Añorve y al presidente del PRI en Guerrero Cuauhtémoc Salgado, aunque la indicación sea que deje la delegación en Acapulco, porque dijo que no dejará de ser institucional.
Pero adelantó que no pedirá disculpas nuevamente a Añorve Baños, y que sostiene los comentarios de que fue un “narcopresidente”, “porque nunca me retracté, sólo me disculpé porque los comentarios pudieron ser hirientes para su familia”.
Afuera de la sala, los familiares de los asesinados en Aguas Blancas, entregaron al presidente de la mesa directiva del Congreso una solicitud de que se presente un punto de acuerdo en el que se exhorte al gobernador a que indemnice a las familias conforme a los estándares internacionales y para que el caso se reabra y se castigue a los autores intelectuales de la masacre, Rubén Figueroa Alcocer y Héctor Vicario Castrejón, se afirma en el documento.