Queda Guerrero en la Zona Centro en la nueva estrategia federal de seguridad
Con la división territorial del país en cinco regiones, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto comenzó a dar forma a la reestructuración en materia de seguridad.
Diseñado con el propósito de crear un sistema de coordinación y cooperación que “genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno”, la subdivisión territorial tiene la finalidad de homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad, según establece el Diario Oficial de la Federación.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer por lo pronto cómo quedó la división por estados:
La Zona Noroeste estará conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; la Noreste, por Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; la Occidente, por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; la Centro, por Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la Sureste, por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Esta división es uno de los 12 acuerdos a los llegaron los gobiernos de los estados durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y que fueron publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de este día se contará con un plazo no mayor a 45 días para instalar las instancias regionales de coordinación.
En ellas participarán representantes de las secretarías de Gobernación, la Defensa Nacional y la Marina, así como agentes de la Procuraduría General de la República.
Durante la sesión del CNSP, el pasado 17 de diciembre, los gobernadores se manifestaron a favor de dividir al país en cinco regiones.
También aprobaron la incorporación de representantes de la sociedad civil al Consejo, así como elaborar e impulsar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal.
Asimismo, la activación y apropiación social de los espacios públicos; otorgamiento de préstamos para crear empresas sociales, y orientación educativa para combatir las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras). (Agencia Proceso / Ciudad de México).




