Raymundo Riva Palacio

El 4 de diciembre de 2006, la Policía Federal detuvo en la ciudad de México a Flavio Sosa por los delitos de sedición, robo, secuestro, lesiones y despojo agravado durante la toma de Oaxaca, presuntamente cometidos como uno de los líderes de la insurgencia que quiso derrocar al gobernador Ulises Ruiz. La orden de detenerlo fue del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien a contrapelo de lo que eran las prácticas políticas, no consultó su decisión con nadie. La detención provocó alarma y  molestia en Los Pinos y la Secretaría de Gobernación, por las consecuencias políticas que podría detener el arresto, pero en la opinión pública sucedió un fenómeno que terminaría definiendo la Presidencia de Felipe Calderón.
Calderón había llegado a la Presidencia con unas elecciones competidas y cuestionadas, pero la detención de Sosa, mostraban las encuestas de Los Pinos, le había dado un elevado porcentaje de aprobación. Los estrategas de Calderón, encabezados en ese entonces por su poderoso asesor Juan Camilo Mouriño, vieron una oportunidad de legitimarse en la silla presidencial y recomendaron utilizar como eje del mensaje y actitud presidencial el combate a los cárteles de la droga, una preocupación desde la campaña. Se articuló la propaganda en spots, y el gabinete de seguridad comenzó a competir por los espacios mediáticos para promover sus éxitos.
Aparejado a ello vino el discurso de guerra de Calderón, que comenzó a utilizar desde sus primeros días en Los Pinos y repitió incansablemente durante 2007 y la primera parte de su gobierno. La primera referencia vino un día después del arresto de Sosa, cuando dijo en un foro de inversiones: “Tengo la certeza de que mi gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra contra la delincuencia”. Usó frecuentemente la palabra “guerra” –aunque en enero de 2011 en Monterrey negó que alguna vez la hubiera empleado–, y convenció a México y el mundo que este país, en efecto, estaba en guerra. Los comunicados de prensa hicieron las veces de partes de guerra y sin matiz alguno, varios medios realizaban cotidianamente una contabilidad de muertos en el campo de batalla, hasta parar sus recuentos en más de 50 mil muertos.
Para el final del sexenio, el discurso presidencial ya había cambiado de “guerra” a “lucha” contra la delincuencia organizada, pero el daño político ya estaba hecho y metió al país en una confusión que tuvo su primer reflejo en la Ley General de Víctimas presentada este miércoles por el presidente Enrique Peña Nieto, como un reconocimiento a todos aquellos que cayeron en el sexenio pasado, que no resuelve el problema de injusticia en México, ni aclara los orígenes y contexto de los muertos. Esta Ley, con todas las bondades que significa voltear a ver a las víctimas, conduce a todos por un camino oscuro que es necesario aclarar para mirar el futuro. ¿De qué son víctimas? ¿De la injusticia? ¿Daños colaterales? ¿De la matanza entre delincuentes como afirmaba el gobierno anterior? Si se vivió una guerra, ¿vivimos una guerra civil?
Los mexicanos necesitan saber qué es lo que se vivió el sexenio pasado, si fue una lucha contra los delincuentes mal definida como “guerra”, o si en efecto, al tener más de mil muertos en combates –como marcan algunos estándares internacionales–, lo que hubo fue una guerra civil. La definición de lo que sucedió es fundamental para transitar hacia adelante y resolver los abusos o injusticias políticas que se hubieran cometido. Si se quieren resolver –como varios miles de ciudadanos acusaron en La Haya a Calderón de genocidio–, hay que saber qué hizo el gobierno para juzgarlo en sus méritos o para entender su contexto. Este es el primer paso para deslindar responsabilidades o, en lo simbólico, para decidir el tipo de memorial que se quiere, si es que finalmente se desea uno. Pero no pueden ponerse parches a un sexenio que se vivió de manera tensa y confrontada, sin saber como sociedad por lo que pasó. Es necesario poner a debate público un tema de esta naturaleza, que no es menor ni intrascendente, sino un legado y una responsabilidad que no puede omitirse para madurar como sociedad y país.