Acuerda el movimiento contra la delincuencia en Ayutla coordinarse con el gobierno estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes del movimiento en contra de la delincuencia organizada en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, se reunieron ayer con funcionarios del gobierno del estado encabezados por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y acordaron actuar de manera coordinada, para que no caigan los ciudadanos sublevados en acciones ilegales.
Los representantes del movimiento civil estuvieron encabezados por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien al final de la reunión informó que, sin embargo, van a continuar con los retenes y que van a mantener en su poder a los detenidos, que hasta ayer ya sumaban 28.
Por parte de los funcionarios estatales, además del secretario de Gobierno Salgado Gómez, estuvieron la procuradora de Justicia del estado, Martha Elva Garzón Bernal y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez Padilla, pero al final de la reunión sólo Salgado Gómez accedió a responder a preguntas de los reporteros.
La reunión, que duró casi cuatro horas, se realizó en una sala de la Secretaría de Gobierno a donde acudieron unos 15 ciudadanos que desde el domingo encabezan los retenes en Ayutla en contra de la delincuencia organizada.
Al final de la reunión los funcionarios y los dirigentes del movimiento ciudadano firmaron una minuta de acuerdos, en la que se estableció que van a trabajar de manera coordinada en materia de seguridad, “porque la inseguridad es un problema que tiene que ver con todos, desde las familias, los ayuntamientos, el gobierno del estado y el gobierno federal”, dijo el dirigente de la UPOEG, al final del encuentro.
Explicó que esta coordinación con el gobierno estatal implica que el problema de la inseguridad se va a resolver de manera más integral, “porque, además, tiene que ver con transportistas, comerciantes, maestros y ciudadanos en general, por eso es importante el acuerdo de que actuemos en coordinación para resolver el problema de la inseguridad”, manifestó.
Plácido Valerio informó que otro de los acuerdos fue el establecimiento de mesas de trabajo para ir evaluando las acciones coordinadas que se van a realizar entre el gobierno del estado y el gobierno federal con las comunidades.
El dirigente agregó que en la reunión con los funcionarios estatales no se acordó levantar los retenes y que tampoco determinaron entregar a los detenidos que hasta ayer sumaban 28, sino que se acordó que se va a revisar su situación jurídica y que se va a buscar un mecanismo para que declaren, pero insistió que la situación legal de los presos se resolverá posteriormente, sin que se caiga en situaciones ilegales por parte de los pueblos que participan en el movimiento.

Se integra un Tribunal Popular

El dirigente de la UPOEG explicó que los mecanismos legales para declarar y juzgar a los presos se irán resolviendo en las mesas de trabajo con las autoridades estatales, y agregó que seguramente en los próximos días habrá más detenidos porque las comunidades se siguen organizando pues quieren resolver de manera definitiva el problema de la inseguridad.
“Todavía vamos a buscar un mecanismo para su declaración pública, para que al rato no salga alguien que diga que son inocentes, o que solamente se les está agarrando por cuestiones políticas o por cuestiones de grupos”, declaró.
Plácido Valerio se reservó los nombres y la ubicación de los detenidos, sólo dijo que por cuestiones de seguridad se encuentran en una comunidad alejada de la cabecera municipal.
El dirigente social demandó, por otra parte, al gobierno estatal que convoque a los presidentes municipales a que se sumen a estas acciones de los ciudadanos, “porque ellos se están haciendo ajenos a pesar de que manejan un recurso para la seguridad”.
También dijo que en la reunión pidieron a los funcionarios que llamen a cuentas a los maestros, transportistas, comerciantes y ganaderos, “porque alguien está pasando la información a la delincuencia para que después sean extorsionados, también hay doctores que están curando a los delincuentes ilegalmente, por eso es que demandamos al gobierno que se revise toda esta situación de manera más integral”.
Informó que aprovechando la coyuntura, el movimiento va a reconstruir el tejido social mediante un procedimiento que partirá desde la familia, además de que se va a revisar el funcionamiento de las autoridades comunitarias, como los comisarios municipales y agrarios, el funcionamiento de los síndicos que se están haciendo ajenos a este movimiento.
Con miras a ello informó que se está construyendo un tribunal popular para discutir públicamente la situación en que se encuentra cada pueblo y cada municipio. También agregó que parte de su función será la determinación de la situación legal de los detenidos, “para que nadie por temor se haga ajeno, porque hay gente que sabe lo que están haciendo, pero se hacen ajenos y yo creo que ya es tiempo de romper con este mundo de males y simulaciones”, dijo.
Al respecto rechazó la información de algunos medios de comunicación en el sentido de que este tribunal decretó un toque de queda y la suspensión de clases, “lo que se pidió fue la participación de las escuelas para resolver un problema que nos involucra a todos, porque no puede ser que solamente los campesinos salgan a organizarse y alguien que tiene un salario se haga ajeno a este conflicto, cuando también a ellos los están extorsionando, igual que a los transportistas, los ganaderos y comerciantes”, explicó.
Con respecto a la crítica de la procuradora Martha Elva Garzón Bernal, en el sentido de que se toman atribuciones que no les corresponden al ejecutar detenciones, el dirigente de la UPOEG, respondió que en la reunión, en la que estuvo presente la funcionaria le pidieron coordinación y diálogo, “y le dijimos que no adelante información vaga, sobre todo porque a las instituciones se les dio la oportunidad de ejercer sus facultades y si no lo hicieron, hoy los ciudadanos tendremos que hacer lo que un día ellos dejaron de hacer”.
Plácido Valerio agregó que en vez de buscar confrontaciones y culpables “y decir que lo que estamos haciendo es ilegal, mejor debemos trabajar juntos para resolver un problema que tenemos todos”, concluyó.
Por la noche, los dirigentes de la UPOEG se reunieron en el Congreso local con un grupo de diputados encabezados por el priista Rubén Figueroa Smutny y el del Movimiento Ciudadano, Evencio Romero Sotelo.
A los diputados, los dirigentes les solicitaron su respaldo a su movimiento y denunciaron que existen taxis clonados, mismos que son utilizados por la delincuencia organizada para cometer los ilícitos.