El gobernador también debe ser enjuiciado por responsabilidades administrativas, plantea experto

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Para el constitucionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM, Alberto Castillo del Valle, la iniciativa de reforma constitucional entregada al Congreso del Estado por el gobernador Angel Aguirre Rivero es “sensata” y trae avances y adecuaciones a la realidad y perspectivas del 2013.
Aunque también destacó que le faltó al proyecto definir que será el Tribunal Superior de Justicia el que defienda a la Constitución Política del estado y definir a la UAG como órgano público autónomo.
Valoró además que el gobernador haya propuesto en su iniciativa ser sujeto de juicio político por sus acciones y omisiones, pero que le faltó establecer que también es responsable por las faltas administrativas, y por lo tanto propuso incorporar esa parte a la nueva Constitución.
Doctor en derecho por la UNAM, Castillo del Valle fue invitado al Congreso del Estado a exponer un análisis sobre la iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución local, que envió el gobernador Angel Aguirre Rivero, por la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la perredista Abelina López Rodríguez.
Lo anterior como parte del inicio de los trabajos de consulta ciudadana para la reforma integral de la Constitución organizada por acuerdo del pleno del Congreso local, aunque en esta ocasión no asistieron los ciudadanos que aportarán propuestas para enriquecer la iniciativa, sólo asistieron diputados locales, magistrados y representantes de abogados que no lograron llenar la Sala José Francisco Ruiz Massieu.
Antes de la ponencia del doctor Alberto Castillo se hizo la inauguración formal de los trabajos de la consulta ciudadana en el vestíbulo del recinto legislativo, a la que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Jesús Martínez Garnelo, y en representación del gobernador el coordinador de la Consejería Jurídica, Raymundo Melgarejo Vázquez.
Por el Congreso estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, y el presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar Beltrán, e integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Además de personalidades como el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, y en representación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Marcial Rodríguez Saldaña.
Intervinieron en esta inauguración, improvisando discursos, primero el secretario de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el priista Héctor Astudillo Flores, y luego la presidenta de la misma, Abelina López Rodríguez.
Astudillo Flores dijo que el arranque formal sirve para que los ciudadanos hagan análisis y enriquezcan la iniciativa del gobernador.
Mientras que Abelina López dijo que las consultas ciudadanas marcan una evolución, pero se necesita de la voluntad de las instituciones.

Sensata iniciativa de reforma constitucional: Alberto Castillo

Ya en la sala Ruiz Massieu salieron de manera abrupta el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, y el presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar Beltrán, para atajar a los maestros de la CETEG que pretendían irrumpir en el evento.
Los maestros apenas lograron llegar a la entrada del recinto, gritando y golpeando la puerta de la sal, lo que provocó que el ponente, Alberto Castillo, suspendiera por uno minutos su intervención.
Pero luego reanudó su análisis del articulado de la iniciativa, que dijo debe ser modificado o cambiar su redacción.

Uno de los temas centrales de su análisis fue el de pedir a los diputados definir qué son las garantías y los derechos humanos en la Constitución.
Aunque tampoco lo explicó, insistió que deben quitar de la iniciativa el concepto de derechos humanos, porque ya están definidos en la Constitución federal, y poner y definir las garantías individuales y de grupos.
Luego en términos generales dijo que la iniciativa tiene “cosas buenas, otras regulares y otras que deben corregirse”.
También la pareció que es bueno que se destaque el control de constitucionalismo, pero cuestionó que el control de convencionalidad es un peligro para todos los funcionarios, pues les da la facultad para desconocer las leyes aprobadas por los diputados y es un peligro porque da paso a la exposición de diferentes criterios de jurisprudencia.
Recalcó que debe corregirse la redacción, como el decir “los derechos humanos de los guerrerenses”, pues los que transiten por el estado no pierden sus derechos humanos.
En el tema de la unión de dos personas del mismo sexo, Alberto Castillo dijo no estar de acuerdo en que se diga que es un matrimonio, porque rompe con el concepto familiar, y pidió a los diputados darle otro nombre, aunque planteó dar “plena validez al concubinato”.
Sobre la equidad de género dijo estar de acuerdo que quede así redactado, aunque acotó no estar de acuerdo porque todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos.
Alberto Castillo bromeó con los diputados sobre los homosexuales, a quienes llamó “jotos”, cuando explicó que en su equipo de trabajo en la Facultad de Derecho tiene a puras mujeres y luego le cuestionan que debe darle chance a hombre, y siempre les dice que no lo hará, “aunque se pongan faldas y parezcan jotos”.
Resaltó que se le dé el derecho individual a los ciudadanos de presentar iniciativas de ley y que no se pida, como en la federal, un porcentaje determinado para poder presentar una iniciativa.
Igual dijo que es de avanzada poner en la nueva Constitución el derecho procesal constitucional.
Pero dijo no estar de acuerdo en que hay “diputados migrantes”, porque no concibe cómo debe elegirse a una persona que reside fuera y no vota en el estado.
Felicitó que el gobernador asuma que la PGJE, el Instituto de Acceso a la Información, el Instituto de Transparencia y el Instituto Electoral del Estado sean organismos públicos autónomos.
Igual destacó que debe darse todo el carácter de Tribunal Superior al Poder Judicial, al que deben incorporarse la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Electoral del Estado, es decir incorporarle “todo el entramado de los órganos jurisdiccionales”.
Del Poder Judicial, propuso que no se nombre jueces a jóvenes de 25 años como se establece en la iniciativa, sino subirlo a 35 años y que demuestren experiencia profesional.
Y enseguida dijo: “Valoro que el gobernador proponga ser sujeto de juicio político por sus actos y omisiones. Pero también debe ser enjuiciado por responsabilidades administrativas”, dijo.
Pero luego pidió a los diputados “meditar” sobre incorporar un recurso jurisdiccional para las resoluciones de juicio político.
Y añadió que el inicio de desafuero empiece sólo en el momento en que el juez libre la orden de aprehensión.
Posteriormente se dieron intervenciones de los diputados, presentes sólo para pedir orientaciones sobre artículos de los cuales ya había explicado.