Lanzan discursos los diputados sobre la inseguridad y la autodefensa ciudadana

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En una sesión nocturna, los diputados del Congreso del Estado advirtieron ayer que el hecho de que los ciudadanos se armen para enfrentar a la delincuencia organizada es la génesis de un levantamiento social ante la ineficiencia del gobierno para garantizar la seguridad pública, lo cual “puede generar un problema de caos y anarquía futura que no le conviene a Guerrero”.
Los diputados se auto exhortaron a coadyuvar con el gobierno del estado en el diseño de un programa de seguridad pública e incluso propusieron hablar en ese momento con el secretario general de Gobierno y la Policía Federal para frenar una probable escalada de violencia, porque la UPOEG denunció la detención de 28 de sus integrantes –no dijeron quiénes los detuvo— y se aprestaban a liberarlos, pero no concretaron estas posturas porque las hicieron en intervenciones y no como puntos de acuerdo.
El primero en llevar el tema a la tribuna fue el coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, quien dijo: “Hoy vivimos un verdadero clima de inseguridad, es un asunto serio y grave, porque afecta la vida y el patrimonio de los ciudadanos de Guerrero”.
Explicó que la ciudadanía ha tomado una decisión, la de generar mecanismos de autodefensa, y en ese sentido existen voces que aplauden la medida y otras que la critican, pero no se debe olvidar que se generó porque la sociedad no ha encontrado una respuesta de parte de los órganos de gobierno, y es una respuesta por la desesperación y el desánimo.
Dijo que subió a tribuna para señalar que este asunto debe ser tomado en cuenta por todos los actores políticos, porque la sociedad está actuando.
Pero acotó que no debe politizarse ni partidizarse el tema, pero tampoco deben quedarse callados.
Advirtió que si no se atiende de manera sistemática lo ocurrido, “puede generar un problema de caos y anarquía futura que no le conviene a Guerrero”.
La fracción parlamentaria del PRI, dijo, hace un llamado al gobierno del estado para que encabece un diseño y promueva y aplique un programa de seguridad “que atienda las causas reales de la delincuencia y no signifique un mejoral o una pastilla para un dolor de cabeza, porque es un problema que afecta la estructura anímica de los guerrerenses”.
Añadió que debe ser un programa que no sea diseñado por un iluminado y desde el escritorio, porque se convertiría en un programa burocrático, sino en el que participen los ciudadanos, porque saben cómo encontrar medidas que ayuden su entorno de seguridad y el entorno de vida.
Propuso que participen además los tres órdenes de gobierno y los sectores sociales.
Indicó que en su momento el Congreso local puede comprometerse a impulsar en el ámbito de su competencia las reformas legales que se requieran para este programa integral de recuperación a favor de los ciudadanos.
Reiteró que en una acción de esta naturaleza, por su conducto, la fracción del PRI expresa su más amplia decisión de contribuir a la tranquilidad de los pueblos de Guerrero con los tres órdenes de gobierno y los poderes públicos.
En tanto que del PRD, el diputado Nicanor Adame Serrano intervino para decir que la seguridad pública es un tema delicado y complicado, a pesar de las reflexiones sobre cómo recuperar la seguridad en el estado y el país.
Indicó que lo que más lastima es la seguridad pública y el daño al tejido social, pues destruye la economía, la paz, la familia, el presente y el futuro.
Pero señaló que no es un problema aislado, sino que incide en diferentes factores, que las políticas públicas deben considerar para el restablecimiento de la paz social.
Aunque dijo que muchas han sido las estrategias que se han instaurado o experimentado, como aumento de penas y participaciones de las fuerzas armadas, no han sido suficientes ni las más adecuadas.
Indicó que por eso los ciudadanos están participando de manera activa en los mecanismos de la paz, pero debe analizarse qué beneficios trae esa participación directa y debe valorarse.
Enfatizó que los ciudadanos están desplegando medidas ante la ineficiencia de los órganos de gobierno, como ocurrió en los municipios del estado.
Como diputados dijo que deben analizar de manera contextual donde se privilegien las garantías individuales y no se debe permitir que se violente el Estado de derecho.
Dijo que hace falta institucionalizar un sistema ciudadano de seguridad pública en el país, donde los ciudadanos participen en las tareas de seguridad pública, “hay que darle poder al soberano, que desempañe tareas de policías comunitaria y de barrio”.
Además propuso dotar de presupuesto a las instancias policiales, porque los recursos los maneja la federación.
Y advirtió que lo ocurrido en Ayutla puede ser la génesis de un levantamiento social.

Fallan las instituciones: PAN

Del PAN, Jorge Camacho Peñaloza también intervino para decir que cuando el Estado pierde la rectoría de la seguridad pública, es síntoma de que las instituciones están fallando.
Que la sociedad participe en esas tareas de seguridad es sinónimo de inseguridad, es llegar a un Estado fallido, dijo.
El caso de Ayutla habla de que en Guerrero las instituciones han sido ineficaces, entre las que se encuentra el Congreso local, señaló.
Indicó que Ayutla se suma a otros casos, como Olinalá, Cualac y Huamuxtitlán, que son indicadores de una realidad que no pueden soslayar ni minimizar.
Reconoció que hay errores en la cohesión de la sociedad y no se puede decir que la sociedad está mejorando, ni se puede decir que no pasa nada, porque serían cómplices.
Señaló que no pueden esperar que esta sociedad armada sea un ejemplo y otras personas tomen las armas y hagan justicia.
Dijo que la fracción del PAN propone que el Congreso local exhorte a los órganos policiales y a los tres órdenes de gobierno, a una reunión urgente para definir una política de Estado para dar seguridad eficaz, resguardo patrimonial y justicia.
Luego el diputado del PRD, Valentín Rafaela Solís, indicó que debe decirse que en la actualidad en el país en general se vive una ola de violencia que propicia que la gente viva con temor y no se le debe cuestionar su derecho a defenderse
Y Evencio Romero, del MC, descalificó al panista Jorge Camacho al decir que la situación de violencia no es culpa del gobierno del estado, sino de los doce años del gobierno del PAN.
Anunció que acababa de sostener una reunión con los dirigentes de la UPOEG, que mantienen los retenes en Ayutla, para sostener reuniones de trabajo y analizar la situación y no sólo ser protagonista en tribuna.
Indico que no es con discurso sino en los hechos como deben resolverse los problemas.
Pidió a la Comisión de Gobierno que deben establecer comunicación con el secretario de Gobierno y la Policía Federal, para analizar la situación, y que se intervenga para liberar a 28 integrantes de la UPOEG, porque si no ellos van a actuar.
Pero como sólo fueron intervenciones, las propuestas no se votaron y tampoco se buscó al secretario general de Gobierno, ni a la Policía Federal, para tratar el tema de la UPOEG.

Asuntos de trámite

En la sesión se dio a conocer la suspensión definitiva de los amparos concedidos el año pasado a los magistrados electorales Isaías Sánchez Nájera y Regino Trujillo Hernández, para poder continuar en el cargo un año más.
Lo anterior da paso a que en la próxima semana los diputados de-signen a los nuevos magistrados electorales entre los que acudieron a realizar el examen de conocimientos aplicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el año pasado.
Y se aprobó por unanimidad solicitar al gobernador Ángel Aguirre su anuencia para que comparezca la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y explique el estado que guarda el proyecto del Acabús, que es una obra emblemática del gobierno estatal.
Luego se aprobó la integración de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del 16 de enero al 30 de marzo. Mario Ramos del Carmen propuso a la actual Mesa Directiva, más los diputados del PRD, Amador Campos Aburto, Germán Farías Silvestre, Nicanor Adame Serrano, los priistas, Héctor Astudillo Flores,  Alicia Zamora Villalva y Olaguer Hernández Flores y Mario Ramos del Carmen de Movimiento Ciudadano.
La Mesa Directiva la integra como presidente, Antonio Gaspar Beltrán del PRD, Elí Camacho Goicochea del PRD, Karen Trujillo del PVEM, Delfina Concepción del PAN y Laura Arizmendi de Movimiento Ciudadano.