Simula el gobierno su intervención en los casos de autodefensa para cuidar su imagen: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La respuesta del gobierno no es para ayudar a la ciudadanía que se organiza para su autodefensa, sino para cuidar su imagen y sobre todo para que la sociedad no se dé cuenta que están desbordados por la delincuencia organizada, denunció el director de Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Lo anterior, porque en una reunión con el alcalde de Ayutla de los Libres el viernes en Acapulco, el gobernador Ángel Aguirre Rivero instruyó al secretario de Gobierno para que haga lo necesario para que los ciudadanos armados regresen pronto a sus localidades.
Por separado, el asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández, adelantó que mañana o en los próximos días se hará un pronunciamiento sobre el movimiento de Ayutla y Tecoanapa, que la semana pasada se armó para autodefenderse.
El gobierno del estado ha señalado que la instalación de retenes en las carreteras por ciudadanos armados y la detención de presuntos delincuentes, están vinculadas a la organización de seguridad y justicia que se gestó hace 17 años en las comunidades indígenas de la región, y que tienen permiso para el uso de armas de fuego.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, opinó que la intervención del gobierno –como en el caso de Olinalá el año pasado–, no es de respaldo y apoyo a los ciudadanos, sino para tomar el control, sin resolver el problema de fondo.
Añadió que parece que sólo busca decir que las instituciones no han perdido el control, y su intervención, aunque sea de manera inmediata y temporal, es para no dar una imagen de debilidad.
Subrayó que los ciudadanos se armaron en un justo reclamo de revertir la espiral de inseguridad y de impunidad que aqueja a los pueblos, y el gobierno pretende mediatizar el evento para que la gente que ha decidido levantarse, se abstenga de continuar los operativos.
Consideró que este movimiento (el tercero, después de Olinalá y Huamuxtitlán en la región La Montaña) es un síntoma de la descomposición que existe en las corporaciones encargadas de la prevención y de investigar los delitos y la ineficacia del Estado para garantizar seguridad y justicia.
“Obviamente, si los ciudadanos toman las armas para hacer valer la ley del pueblo, es producto del hartazgo, del llegar al límite de la paciencia de la sociedad que espera que sus autoridades actúen”.
Subrayó que la decisión de levantarse y detener a presuntos delincuentes, indica que la gente no confía en las instituciones, porque están coludidas con el crimen organizado, “eso es un indicador fatídico de política fallida del gobierno del estado, a pesar de millonarias inversiones en materia de seguridad pública”.
Por ejemplo, señaló que en Olinalá (que en noviembre también se levantó en armas), las autoridades sometieron a los ciudadanos que, ante el temor a la acción de los soldados del Ejército y la Marina, han tenido que soportar violaciones a sus derechos humanos a costa de una seguridad temporal.
“Creo que la maniobra que están realizando las autoridades estatales y municipales (en Ayutla) es para persuadir a las personas, a que desistan de su decisión de seguir imponiendo el orden con su propia fuerza y organización, con el fin de cuidar y limpiar la imagen de la autoridad, preservar más la institucionalidad, la apariencia de un estado de derecho que persiste, que garantizar la seguridad ciudadana”.
Consideró que eso es jugar con fuego, porque trata de simular que sí va a resolver problemas de inseguridad, pero lo único que busca es calmar los ánimos.

Desde 2009 el problema en Ayutla

Barrera Hernández recordó que en la región de Ayutla hace tiempo existe una fuerte militarización y desde la muerte de los dirigentes  de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en 2009, siempre se manejó un ambiente de inseguridad, de grupos de la delincuencia y agentes del Estado.
Denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado descartó esa línea de investigación, y así consintió que siguieran actuando esos grupos, y ahora son evidentes las consecuencias de la inacción y complicidad de las de las autoridades, porque el patrón de ajusticiamiento y ejecuciones se ha dado de 2009 a la fecha.
“Vemos que todo este ambiente no tiene que ver con un levantamiento de una semana, tiene que ver con un malestar acumulado, por lo menos desde que documentamos el caso de Raúl y Manuel, pero la autoridad nunca hizo nada, y a la fecha no se sabe de los responsables de su muerte”, dijo.
Insistió en que la mejor salida es atender las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la impunidad, la corrupción y colusión de policías con el crimen, y con la falta de castigo a quienes cometen delitos.
Reiteró que el modelo implementado por el gobierno federal, a través del programa Guerrero Seguro, que sólo le apuesta a que con soldados de elite van a imponer el orden sin atacar causas de inseguridad.
Señaló que un movimiento como la CRAC, que ha demostrado eficacia y, durante 17 años, se ha ganado el prestigio y la confianza, demuestran que hay alternativas pensadas desde la lógica ciudadana, por la seguridad de la población, no de las instituciones y la seguridad de los funcionarios.
Concluyó que la autoridad debe entender que existe un pluralismo jurídico y debe nutrirse y aprender de los sistemas de justicia comunitario, de la participación social, de tener controles ciudadanos.