Jesús Mendoza Zaragoza

Levantamiento ciudadano armado

Diecisiete años lleva la Policía Comunitaria promovida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), presente en 14 municipios de la Montaña y la Costa Chica. Recientemente se integró un significativo número de comunidades del municipio de Ayutla, cuya cabecera municipal se ha conmovido por el alzamiento armado de cientos de ciudadanos decididos a tomar en sus manos la seguridad de sus pueblos. Por otro lado, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha estado aglutinando las demandas más sentidas de muchos pueblos, entre las cuales está la seguridad como prioridad. Ambas organizaciones tienen un origen común pues representan la emergencia en que viven muchos pueblos orioginarios del estado de Guerrero y ambas están presentes, de formas diferentes, en el levantamiento armado de Ayutla que se está extendiendo en otros municipios vecinos.
El año pasado hubo diversas expresiones ciudadanas que asumen el problema de la inseguridad de manera directa y organizada como los casos de Olinalá y de Huamuxtitlán. Este tema que no había atraído el interés de los ciudadanos ha ido pasando al centro de la preocupación de muchos pueblos y de la sociedad entera. La creación de policías comunitarias y ciudadanas ha sido muestra de ello y el alzamiento de Ayutla y de municipios aledaños es otra manifestación de este hecho.
Si el Estado ha fallado en su obligación de dar seguridad a los ciudadanos, éstos están respondiendo de manera directa, lo que constituye e implica una denuncia: la autoridad no cumple su función. Este es un hecho que se ha ido manifestando cada vez con mayor claridad. La Policía Comunitaria se abrió paso debido a la incapacidad de las autoridades para dar seguridad a los pueblos. En parte, este ha sido un factor de su crecimiento. Por lo visto, las autoridades han perdido su función social al mantener un interés distinto a los intereses de la sociedad. Esta orfandad social es asumida ahora por los pueblos, que toman las armas para darse protección a sí mismos ya que las policías municipales y la estatal están muy ocupadas protegiendo a las autoridades o, eventualmente, los intereses de los criminales.
Un movimiento ciudadano armado como el de Ayutla es impensable en una sociedad democrática que tiene establecidas las instituciones del Estado para su servicio, para el bien común. El caso es que las instituciones de seguridad pública y las de procuración de justicia están extraviadas y la autodefensa se impone como necesidad de emergencia y de supervivencia. El extravío de las instituciones públicas es un asunto sistémico que históricamente ha funcionado así y que muestra un sistema no democrático que funciona para un interés distinto al de la colectividad.
La movilización armada en Ayutla, en este sentido, es absolutamente legítima en cuanto que expresa el principio de la legítima defensa, pero es atípica en cuanto que no es parte de la normalidad. No es normal que los ciudadanos tomen las armas al margen de la autoridad que tiene la encomienda exclusiva de la seguridad pública. Si no es normal, sí que es una llamada de atención pública de que las instituciones del Estado no están funcionando bien y de que se necesitan correctivos o transformaciones al respecto para que esté garantizada la seguridad pública y la justicia para todos.
Por otro lado, estamos ante un signo de alto valor social, de una respuesta ciudadana responsable. Uno de los grandes lastres que padece nuestra ciudadanía es la automarginación en los asuntos públicos, la deficiente participación en la solución a los problemas sociales. En este caso, tenemos a ciudadanos y ciudadanas de pueblos rurales y originarios que asumen de manera corresponsable un tema público. No están contra la autoridad sino, en cierto modo, están supliendo la incapacidad de la autoridad, de manera provisional, mientras la autoridad esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones.
Pero esta movilización ciudadana en Ayutla y en otros municipios vecinos no se improvisa ni es sólo una reacción visceral. Es resultado de un proceso de organización de pueblos de raíces indígenas que conservan una gran riqueza cultural. Uno de los rasgos de esa riqueza es su sentido de comunidad que da una gran cohesión social a los pueblos. En ellos, la gente celebra sus asambleas para tratar los asuntos comunitarios y con la participación de los ciudadanos se discuten y se resuelven democráticamente los problemas. Cuentan con mecanismos que resguardan valores como la confianza, el control social, la solidaridad, el servicio y la corresponsabilidad. Sin estos componentes culturales es prácticamente imposible generar un sistema de seguridad y de administración de justicia como el que la CRAC y la UPOEG han construido. Y sin el sentido profundo de organización comunitaria no habría sido posible la movilización ciudadana armada y masiva que ha saltado al escenario público. Al parecer, esta movilización va más allá de las organizaciones mencionadas.
Los pueblos originarios tienen mucho que enseñar a nuestra sociedad individualista y miedosa que vive asustada ante la incapacidad de las autoridades y el poder destructor de las organizaciones criminales. Esta sociedad tan civilizada y tan mercantilizada es incapaz de responsabilizarse de sí misma porque carece de un núcleo cultural que le dé fortaleza y la haga capaz de ponerse de pie. El desprecio por la cultura en el sentido más original y no tanto en el sentido ilustrado, ha derivado en vulnerabilidad. La cultura como núcleo que integra una visión de la vida con valores, convicciones, principios y actitudes, y que se expresa en un estilo y un proyecto consciente de vida es fundamental para contar con una sociedad sólida y responsable. Los pueblos originarios conservan una gran fuerza cultural que les ha permitido resistir a los embates adversos y sobrevivir a pesar de los pesares. Tanto la CRAC como la UPOEG han contado con la sabiduría necesaria para sacar lo mejor de sus pueblos y para ponerlo al servicio del bien común.
En las ciudades no podemos pensar en movilizaciones como la de Ayutla. Pero sí podemos pensar en fortalecer la cohesión social desde los ciudadanos. Entre vecinos, entre organizaciones, entre comunidades naturales podemos pensar en recuperar lo mejor que tengamos en términos culturales, en recoger valores que tenemos descuidados como la solidaridad y el servicio, para responsabilizarnos de la seguridad y para construir la paz.