El levantamiento en Costa Chica, una estrategia del gobierno para militarizar la región: CRAC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se volvió a deslindar ayer del movimiento de ciudadanos en contra de la delincuencia organizada, que se está dando desde la semana pasada en los municipios de Ayutla y Tecoanapa y alertó que se trata de la ingerencia del gobierno del estado para desestabilizar esa zona donde opera la Policía Comunitaria. Dice que lo está haciendo por medio de la UPOEG con fines de militarizar y asumir el control allí donde se ha anunciado la instalación de las mineras extranjeras y el establecimiento de la reserva de la biosfera.
Anoche en un documento que emitió la CRAC y del que se responsabilizan los 16 coordinadores regionales, manifiestan su deslinde e informan que quienes están detrás del movimiento es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “a pesar de que en los primeros días, ellos mismos manejaron que era la CRAC quien dirigía el levantamiento”.
Incluso expresan que la dirigencia de esa organización se ha reunido en más de tres ocasiones con el propio gobernador del estado, “para definir el rumbo que le han de dar a dicho levantamiento”.
Los coordinadores añaden que por eso es necesario “destacar la postura engañosa y de mala fe que los dirigentes de la UPOEG manejaron ante los medios de comunicación desde el principio del levantamiento, ya que a sabiendas de que son ellos los promotores del mismo, han insistido en involucrarnos en un movimiento que no es propio de nuestra forma de actuar”.
Los coordinadores que se responsabilizan del documento son Claudio Carrasco Hernández, Moisés Fogueroa Estrada, Asunción Ponce Ramos, Felícitas Martínez Solano, Maximino Tranquilino Santiago, Carlos Morales Chávez, Epifanio Venancio Hilario, Bernardino García Francisco, José Mendoza Vázquez, Arturo Rojas Román, Emilio Gálvez Flores, Jelacio Barrera Quintero, Pablo Guzmán Hernández, Rey Pastrane Peralta, Margarito Ramírez Micaela y Ernesto Morales Castro.
En su documento critican también la actitud del gobernador, Ángel Aguirre Rivero y sus funcionarios, “al insistir en su intención de hacernos parte de este levantamiento, refiriéndose en todo momento a las personas que se han involucrado en el mismo como a Policías Comunitarios, cuando públicamente nosotros nos hemos  deslindado de toda participación en esas acciones”.
Y ante esa situación exigen “respeto a nuestra institución comunitaria, y que cuando se refiera a la Policía Comunitaria esté seguro de que se refiere a nuestro sistema”.
Los coordinadores de la CRAC expresan que su preocupación es que valiéndose de un sentimiento legitimo de la población ante la creciente inseguridad y violencia “se le manipule involucrándola en acciones que requerirían de mayor planificación, pero que en todo caso sólo están encaminadas a fortalecer el afán de protagonismo de algunos dirigentes de la UPOEG”.
La CRAC manifiesta su respeto a la base de las comunidades “que sin mayor información se han involucrado en dicho alzamiento, con la intención de brindar seguridad a los suyos, pero los llamamos a la cordura y al respeto al pueblo”.
Y para reforzar su deslinde enlistan algunas prácticas que se han observado en el levantamiento “y que muestran claramente que no es la CRAC- Policía Comunitaria, quien lo dirige”.
Citan que en ningún tiempo, desde 1995 en que se formo la CRAC “nuestros elementos se han cubierto el rostro con capuchas o pasamontañas; nuestra identificación siempre ha sido el uniforme de playera verde y pantalón negro, contamos con credenciales expedidas por las autoridades comunitarias, y por ser nombrados por nuestras asambleas, todo nuestro pueblo nos conoce, por lo que no tenemos ninguna necesidad de cubrir nuestras caras”.
Asimismo aclaran que los policías comunitarios “no estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico; nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario, por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande.
Asimismo dicen que en los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, “nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario; las personas que son detenidas pueden ser visitadas por sus familiares quienes están al tanto de sus procesos”.
Además, explican que el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC, “en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un toque de queda ni ha ordenado, ni siquiera sugerido la suspensión de clases en las instituciones educativas. En el territorio comunitario, las personas pueden transitar libremente en cualquier hora sin temor, ya que es tarea de nuestra policía comunitaria garantizar su seguridad y no al revés”.
Asimismo, explican que la institución comunitaria siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y ordenes, “pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos de indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, Ejército o Marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos”.
Explican que estas practicas del movimiento de Ayutla y Tecoanapa, así como la propia realidad y los acontecimientos “van dando claridad de lo que cada organización construye”.
Y recuerdan que la institución comunitaria denunció desde la asamblea celebrada en la comunidad de La Concordia el 22 de diciembre “el afán de los dirigentes de la UPOEG  de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del gobierno del estado”.
También advierten que lo que se busca con este movimiento  es “desestabilizar” a toda la región en la que opera la CRAC-Policía Comunitaria, dar pretextos al gobierno para que se instalen en nuestros territorios cuarteles de la Policía Estatal, Federal, Ejército o Marina, (como igual ocurrió en Olinala), “a fin de poder militarizar nuestras regiones, dar legalidad a prácticas paramilitares, y con todo ello obstaculizar el crecimiento y el trabajo organizativo de las verdaderas organizaciones del pueblo”.
Denuncian en este sentido que las instancias del Estado “están avanzando en su estrategia de franquearle el paso a los grandes proyectos de saqueo y despojo de nuestros recursos, como las concesiones mineras y la reserva de la biosfera, generando inestabilidad en la población, asegurándose interlocutores a modo y militarizando las regiones que pudieran organizarse para protestar”.
Y denuncian que en este afán la UPOEG “se entromete en los asuntos internos de la CRAC, ya que su dirigente Bruno Plácido Valerio, ha informado ante diversos medios de comunicación de una supuesta reunión de la CRAC celebrada el 30 de diciembre pasado, en la que presumiblemente se acordó una siguiente reunión para el próximo 19 de enero en la comunidad de Potrerillo Rincón, municipio de Malinaltepec, en la que se rectificara la visión de la CRAC”.
E insisten que para esa reunión ningún representante de la CRAC convocó, “ni fue invitado a esa reunión del día 30 de diciembre, por lo que ningún acuerdo que se haya tomado en dicha reunión es válido para nuestro sistema comunitario, por lo tanto, también la supuesta reunión convocada para el próximo 19 de enero en Potrerillo del Rincón, informamos que no es la CRAC quien la está convocando”. En este contexto, los coordinadores de la CRAC hacen un llamado a los comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, consejeros y vecinos en general “a que no se dejen sorprende ni a prestarse a este juego de intereses de los dirigentes de la UPOEG, y a que sigamos construyendo nuestra organización, a revisar incluso las deficiencias de nuestra institución, pero en las instancias propias, haciendo valer nuestros principios que nos han dado sustento y fortaleza”.
Y es que también denuncia que ya hay la presencia de los promotores de la UPOEG en comunidades incorporadas al sistema comunitario, “incitando a la población a unirse al levantamiento, y llamamos a los comisarios municipales y policías comunitarios a no dejarse sorprender, pues si hubiera alguna indicación u orden de implementar cualquier operativo de seguridad, será notificado por nuestras estructuras como el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria o los propios Coordinadores Regionales”.
También hacen un llamado a las organizaciones sociales del estado para que se mantengan alertas, “ya que está visto que el gobierno del estado le ha brindado el carácter de interlocutor válido a la UPOEG y le ha dado su respaldo para implementar cualquier tipo de acción que se les ocurra a sus dirigentes, por lo que no sería extraño que trasladen este tipo de acciones a cualquier lugar en el que tengan presencia”.