Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Ayutla y Tecoanapa: gobierno exhibido otra vez

La elefantiásica capacidad de reacción del gobierno del estado lo sitúa siempre a remolque de los acontecimientos sociales. Sucedió el año pasado en el caso de Huamuxtitlán y Olinalá, donde la población se cansó de la pasividad y probablemente complicidad de las autoridades locales con la delincuencia organizada. Ocurrió en el caso de los desplazados de la sierra de Coyuca de Catalán, donde la irresponsabilidad del gobierno estatal facilitó el asesinato de la señora Juventina Villa junto a su hijo a manos de comandos criminales que se posesionaron de la región. Y vuelve a ser el caso en Ayutla y Tecoanapa, cuyos habitantes también desempolvaron las armas para organizar su propia estrategia de autodefensa frente al acoso de las bandas delincuenciales.
En los tres casos mencionados, el gobierno –el estatal, el federal y el municipal– resplandeció por su ausencia, y se hizo presente cuando los ciudadanos armados habían conseguido ya el control de carreteras y calles. A Ayutla y Tecoanapa, las fuerzas federales de la Operación Guerrero Seguro no llegaron sino hasta la tarde del sábado 12, ocho días después de que unas 800 personas decidieron emprender por su cuenta acciones reservadas a la policía, instalar retenes y realizar patrullajes. Para entonces esa policía ciudadana había detenido a 40 individuos bajo la acusación de pertenecer al crimen organizado, que seguramente ya fueron entregados a la Procuraduría General de Justicia del estado.
El movimiento de Ayutla y Tecoanapa, como el de Huamuxtitlán y Olinalá, revela la existencia de una profunda desesperación social por la incapacidad del gobierno para ofrecer respuestas efectivas ante el poderío y la furia de la criminalidad. No son necesarias cualidades especiales para formular ese diagnóstico, y hasta el gobernador Ángel Aguirre Rivero tuvo que admitirlo el martes pasado durante la visita que realizó a Xalpatláhuac, donde manifestó que la revuelta en Ayutla tiene su origen en la ineficacia de las autoridades y el cansancio de la población. Pareció que Aguirre mostraba con ese gesto si no aprobación al menos tolerancia a ese movimiento popular, pero ahora sabemos que no fue así, pues mientras el gobernador declaraba eso en la Montaña, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal abría una averiguación previa contra los ciudadanos que recurrieron a la autodefensa armada.
Con un legalismo que contrasta con la pasividad de la Procuraduría ante la delincuencia, Garzón Bernal se ha atrevido a cuestionar el hecho de que en Ayutla y Tecoanapa los ciudadanos se defiendan por sí mismos, como si lo hicieran por gusto. “Puedo decir que como Procuraduría valoramos que fue un hecho violento y que se tiene que integrar la averiguación y de la misma habrá de deducirse qué tipo de delito se da y si hay agravantes o excluyentes de responsabilidad”, dijo.
“Independientemente de que se estén dando situaciones de usos y costumbres, que son respetados, también hay fundamentos legales que nos obligan a actuar. Nosotros tenemos que seguir con la averiguación previa”, pues “hay una ley, un marco jurídico y constitucional e internacional. Yo debo actuar con total apego a la ley”, justificó. (El Universal, 13 de enero de 2013).
El criterio jurídico de la procuradora resultaría irreprochable en otro contexto, otras circunstancias u otro lugar, pero es inaplicable en el contexto y las circunstancias sociales que caracterizan hoy a la Costa Chica, presa de la delincuencia y donde el Estado de derecho ha sido pulverizado no por ciudadanos que sacan escopetas y pistolas de bajo calibre para protegerse, sino por los cárteles y cacicazgos regionales coludidos con las autoridades y la policía. Esa desarticulación del orden legal, en la que la inacción de la Procuraduría tiene parte decisiva, es lo que motivó la movilización ciudadana, y no al revés como sugiere la procuradora. Debe recordarse que la reacción de la población de Ayutla y Tecoanapa, como en los casos anteriores, se produjo por un hecho concreto, el secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado, ocurrida el sábado 5 y cuya liberación fue conseguida por esa policía emergente sin la participación de la Procuraduría ni de ninguna otra autoridad.
La falta de sentido común de la procuradora nace quizás de la exasperación gubernamental por la creciente pérdida del control oficial en amplias porciones del estado. La sierra de Coyuca de Catalán era hasta hace poco la referencia más exacerbada de esa realidad, pero puede percibirse que el poderío de las bandas criminales resulta irrefrenable, pues su expansión es notoria en toda la Tierra Caliente, Acapulco, la Costa Grande y la Costa Chica. El documentado trabajo de la reportera Gloria Leticia Díaz sobre la forma en que los grupos delincuenciales se han apoderado de la sierra de Costa Grande, publicado ayer en la revista Proceso y en El Sur, no deja lugar a dudas acerca de la magnitud del desafío que ese empuje supone para la ley y el gobierno. El gobierno no ejerce ahí sus funciones, no gobierna, y la población está expuesta a ser asesinada, a ser sometida por las mafias o a tener que huir. Replicado ese fenómeno en otros municipios y regiones del estado, como Tecoanapa y Ayutla, el saldo es atemorizante. De ahí la impertinencia del escandalizado alegato de la procuradora Garzón Bernal, que suponemos es compartido por el gobernador Ángel Aguirre.
La restitución del Estado de derecho no tiene que ver con los movimientos ciudadanos de autodefensa armada –porque no lo destruyen–, sino con la desactivación de las bandas de la delincuencia organizada, de los cacicazgos organizados y de la complicidad organizada de las corporaciones policiacas y del gobierno mismo. Esa masa de intereses es la que ocasiona las matazones, expulsa poblaciones enteras e impone el terror. Hasta ahora ninguna iniciativa u operativo gubernamental ha logrado frenar la violencia, disminuir las ejecuciones y los secuestros y devolver la tranquilidad al estado. Y el gobierno estará condenado a fracasar una y otra vez en esa tarea si mantiene su estrategia de simular que combate al crimen, aparentar que no ha sido rebasado y perseguir a los ciudadanos que hacen los quehaceres que el aparato gubernamental no realiza. En un razonamiento originado por un instinto de sobrevivencia, la sociedad está decidida a no ser rebasada como el gobierno.

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