No influyó para que la jueza beneficiara a un golpeador de Sánchez Nava, dice Astudillo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El el alcalde Héctor Astudillo Flores negó estar detrás de “las decisiones de los responsables de administrar justicia”, después de que la jueza de primera instancia Rosalinda Sáenz Rodríguez reclasificara el delito de intento de homicidio en contra de Guillermo Sánchez Nava por el de lesiones, en beneficio del ex trabajador del ayuntamiento capitalino Antonio López Velázquez, uno de los tres acusados de la golpiza contra el perredista Guillermo Sánchez Nava.
Astudillo Flores también afirmó que cualquier interés que pueda haber en involucrarlo con la agresión es “meramente político”.
Entrevistado durante el primer foro de análisis y discusión de la iniciativa de reforma integral de la Constitución del estado, en el Congreso local, el diputado local insistió que él no tuvo nada que ver en la agresión de la que fue víctima Sánchez Nava hace dos años.
La agresión ocurrió el 11 de enero de 2011, cuando Astudillo Flores era alcalde, y los principales señalamientos del PRD son precisamente en su contra, pues acusa a la policía municipal de borrar evidencias en el lugar de los hechos.
La familia de Sánchez Nava y los perredistas también señalan como responsable al entonces candidato a la gubernatura y ahora diputado federal, Manuel Añorve Baños, porque Sánchez Nava acudió al lugar tras el aviso de que brigadistas del PRI estaban retirando propaganda de Ángel Aguirre Rivero, entonces candidato del PRD, PT y Convergencia.
Sánchez Nava fue golpeado a unos 100 metros del Palacio de Gobierno por los brigadistas del PRI, quienes lo dejaron gravemente herido y en estado de coma, y actualmente sigue inmóvil y sin poder hablar quien fuera uno de los dirigentes más destacados del PRD y de lo que se conoce como la izquierda histórica de los años 1970 en Guerrero.
“Nadie en su sentido común de sensatez puede promover un acto así”, afirmó el diputado priista en respuesta a los señalamientos de familiares y amigos de Sánchez Nava.
También dijo que no tiene injerencia en la administración de justicia, por lo que no se le puede acusar de estar detrás de la decisión de la juez que la semana pasada reclasificó el delito de tentativa de homicidio para dejarlo en lesiones graves, delito que alcanza fianza.
Afirmó que no tiene el poder necesario para tener injerencia en las decisiones de una juez “que respondió a la indicación de un juez federal”.
Lamentó que se le involucre en el caso “más por buscar venganza que por buscar justicia”, y dijo que los señalamientos de los perredistas que lo acusan de ser uno de los autores intelectuales de la agresión fueron hechos “respondiendo a intereses políticos y no de justicia”.
Se le preguntó si él o la dirigencia del PRI apoyaron legalmente a su ex trabajador en el ayuntamiento, Antonio López, y negó cualquier tipo de ayuda; “¿qué te puedo decir del PRI?, si está hecha una ínsula, cada quien está en su lado defendiendo sus intereses de grupo, no a los priistas”, señaló.
Recordó que en mayo de 2011 acudió a comparecer a la Procuraduría en relación con el caso, y adelantó que aunque lo llamaran nuevamente no aportará elementos nuevos, más que las respuestas que ya dio; “me preguntaron el cómo me enteré del hecho, y contesté que me lo informó el jefe de la policía; si yo les había ordenado que movieran el carro, y les dije que no, que todo funcionaba bajo un protocolo”, dijo.
Defendió al entonces comandante de la policía municipal, Fernando López Cabrera, que fue quien dio la orden de mover el vehículo de Guillermo Sánchez Nava antes de que llegara el agente del Ministerio Público (MP), y que según representantes perredistas, “junto con sus elementos borraron evidencias”.
Se le preguntó por qué durante su periodo en la alcaldía no se acató la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que solicitó aplicar sanciones administrativas al comandante, y respondió que sí fue acatada.
Esto a pesar de que los primeros días de diciembre el abogado coadyuvante del PRD en el caso, Miguel Flores Morales, informó que la recomendación emitida el 29 de marzo de 2011 no fue acatada.
Después reconoció que no atendió la recomendación del organismo, “se le aplicó una sanción, en este caso al comandante, se tomó una decisión, no se hizo como querían (la Codehum)… lo que pasa es que hay muchos puntos de vista de qué es lo que tiene que hacerse, pero sí acatamos algunas cosas que se nos plantearon”.
Dijo que no se aplicó la recomendación como iba, porque “es un asunto que tiene interés político, y bueno, pues tiene muchas repercusiones”.
Y finalmente defendió a los ex agentes policiacos, y sostuvo que “uno de los policías que estuvieron a cargo del momento en el que se dieron los hechos es uno de los policías mejor calificados que tiene la policía municipal”.