Piden familiares al Tribunal Superior la libertad del preso acusado de secuestro y vínculos con el ERPI

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Carolina Beda Ocampo Sotelo y Olimpia Díaz Ocampo demandaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Jesús Martínez Garnelo, que frene la injusticia que se está cometiendo en contra de Antonio Díaz Bahena, esposo de la primera y padre de la segunda, quien se encuentra preso en el penal de Iguala, acusado de participar, presuntamente, en el secuestro del médico Rodrigo Borja, cometido por supuestos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en 1999, en Ciudad Altamirano.
Las dos mujeres llegaron ayer desde Ensenada, Baja California, en donde radican tras su salida de Coyuca de Catalán de donde son originarias y eran víctimas de la persecución por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quienes hostigaban a Díaz Bahena para que entregara a miembros del ERPI que encabezada Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, en la sierra del estado.
Las dos mujeres acudieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)  acompañadas por el abogado de Díaz Bahena, Heguel Mariano Ramírez.
“Queremos que haya un alto a la injusticia que están haciendo con mi esposo, y que ya resuelvan su caso porque ya nos han causado mucho daño desde que comenzó el acoso del gobierno”, clamó Carolina Beda, afuera del Tribunal Superior de Justicia, en donde acudió a solicitar una audiencia con el presidente petición que no le fue concedida debido a que el funcionario judicial se encontraba de gira con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La persecución a Díaz Bahena se remonta a 1999, cuando a raíz del secuestro del médico Rodrigo Borja en Ciudad Altamirano, él y su familia que vivían en Coyuca de Catalán, comenzaron a ser acosados y hostigados por agentes del CISEN, quienes lo acusaban de que en su casa daban asilo a guerrilleros. La acusación la sostenían los agentes debido a que la familia Díaz Ocampo daba alojamiento a gente que bajaba de la sierra por tener algún familiar enfermo en el hospital general de la cabecera municipal y no tenía dónde quedarse a dormir.
“Hasta entonces vivíamos muy felices en Coyuca de Catalán, pero salimos de allí en el 2001 por el acoso permanente que sufríamos del CISEN, todo porque mi esposo fue fundador del hospital regional (el era trabajador de la Secretaría de Salud) y nosotros teníamos un restaurante en frente, entonces allí llegaba mucha gente de todos lados y les dábamos alojamiento”, explicó doña Carolina Beda.
Después denunció que el gobierno se dio cuenta que su familia albergaba a mucha gente allí, en su casa “y comenzó a través del CISEN a acusarnos, decía que nosotros le dábamos posada a gente guerrillera, del ERPI, y comenzaron a acosar a mi esposo para que entregara a personas porque aseguraban que él sabía de ellos”, explicó doña Beda Ocampo.
Agregó que del hostigamiento y el acoso, el gobierno pasó a las amenazas pues en el 2001 su hija, Olimpia Díaz Ocampo, sufrió un intento de secuestro, por lo que decidieron salir de Coyuca de Catalán. “Él dejó su trabajo, vendimos el restaurante, dejamos nuestra casa, todo, sin la posibilidad de que ahora recuperemos nuestros bienes”, se quejó la mujer.
Informó que se trasladaron en busca de seguridad a Ensenada,  pero hasta allá siguió la persecusión pues el 13 de agosto del 2011, agentes federales lo detuvieron acusado del secuestro del médico de Ciudad Altamirano, Rodrigo Borja García.
“Pero más bien le endilgaron ese delito para localizarlo y seguirlo presionando para que les diera información del paradero del Comandante Ramiro, pues él (Antonio Díaz) era tío político de Ramiro porque su sobrina, Sonia Vida Santana, estaba casada con él”, explicó.
Agregó que ahora Ramiro está muerto y que el gobierno “ya debe detener esta injusticia y esta persecución que se está cometiendo no sólo en contra de Díaz Bahena, sino en contra de toda su familia”, exigió.
Por su parte, Olimpia Díaz Ocampo declaró que si bien actualmente ya no sufren la misma persecución que antes, “el daño sicológico que nos dejó es muy fuerte, no podemos ver que una gente se nos quede viendo porque pensamos que nos están vigilando. La situación que vivimos fue muy fuerte”, dijo entre sollozos.
Agregó que “por eso pido a las autoridades que ya cese todo esto, que liberen a mi padre porque es inocente. Mi padre siempre se dedicó a apoyar a la gente”, manifestó.
La petición de audiencia con el presidente del TSJ para plantearle el caso, obedece a que en las próximas horas la Tercera Sala Penal resolverá por segunda ocasión el caso, luego de que el Juez Quinto de Distrito, con residencia en Iguala, concedió un amparo a Díaz Bahena, y ordenó a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia dejar insubsistente el auto de formal prisión en su contra.
“Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la Tercera Sala Penal de que si se equivocó una vez, que no se equivoque dos veces”, manifestó el abogado de Díaz Bahena, Heguel Mariano.
Explicó que en las próximas horas quedaría firme la resolución del amparo, y que el juez federal le va a ordenar a la Tercera Sala Penal que dé cumplimiento inmediato al amparo y emita un plazo constitucional que puede ser de formal prisión o de libertad.
Informó que la Tercera Sala Penal estaría resolviendo el jueves, “por eso ojalá nos escuche antes el presidente del Tribunal”, expresó el abogado.
Denunció que el caso de Antonio Díaz, “muestra el otro rostro del sistema de justicia, que es la facilidad con la que puede ser enjuiciada una persona pobre”, y explicó que en el caso de su defendido sólo obra una imputación de oídas, “pues quien lo acusa dice que le contaron personas de su confianza que Antonio Díaz Bahena también participó en el secuestro y que lo reconoció a través de una fotografía que le mostró un comandante de la Policía Judicial (hoy Policía Ministerial)”.
Heguel Mariano aseguró que en el expediente no se encuentra esa supuesta fotografía, como tampoco hay algún parte informativo o declaración del citado comandante judicial, “entonces como se le puede conceder valor a una declaración así”, se preguntó el abogado.
Informó que en la audiencia con el presidente Martínez Garnelo pretenden hacerle ver que en verdad no existen elementos para mantener en prisión a Díaz Bahena.
Luego de más de dos horas de espera en la oficina del magistrado les informaron que no es posible que los reciba pronto porque se encuentra en gira con el gobernador Ángel Aguirre.