Claman familiares por un proceso justo a los detenidos; algunos laboraban para el crimen

Mariana Labastida

Ayutla

Familiares de detenidos por integrantes del movimiento en contra de la delincuencia organizada en este municipio pidieron un proceso justo, porque en algunos casos no saben los delitos que se les imputan, y otros aceptaron que sus familiares “cobraban cuota”, por lo que pidieron que se les juzgue únicamente por ese delito.
La familia Vargas Gijón agradeció a la Policía Comunitaria porque rescató a sus familiares de que la población los linchara, luego de que fueron acusados del secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alberto García.
Los arrestados son cuatro integrantes de una familia: tres hermanos y el hijo de uno de ellos. Todos dicen que están presos por un delito que no cometieron.
En una reunión con el gobernador, se vieron pancartas de algunos de los familiares de detenidos por integrantes del movimiento en contra de la delincuencia organizada que tomó el control de las calles de Ayutla el domingo 6 de enero.
“Somos gente de paz y trabajo sr. Gobernador y a las pruebas nos remitimos”, “dónde quedaron los derechos y garantías individuales sr. Gobernador”, “exigimos una verdadera investigación de los hechos”, se leía en esas pancartas.
La esposa de Godofredo Lugardo Tornés admitió que su esposo cobraba cuota, “a lo mejor esto puede perjudicarme, si es culpable que pague, si no devuélvanmelo, su único delito es haber cobrado cuota (pero) jamás participó en un secuestro, en un levantón, ni droga, su único delito es haber cobrado cuota y que es un borracho perdido”.
Resaltó que lo hizo porque tenía miedo “como todo el pueblo” y si es por eso que se le juzgará pidió que se inicie un proceso penal a los policías municipales y al alcalde, Severo Castro Godínez, de quien dijo es el segundo presidente que “sabía cómo estaba todo el movimiento”.
Explicó que su esposo fue asignado por los delincuentes, quienes lo tenían amenazado para recolectar las cuotas de ciertas áreas, y a los comerciantes les informaron que era a él a quien tenían que pagarle.
Dijo que está de acuerdo en que enjuicien a su esposo de manera justa por usos y costumbres de la Policía Comunitaria y que haga trabajo comunitario, pero sólo por ese delito, porque teme que le adjudiquen otros delitos que no cometió.
“Por miedo, por temor aceptamos todo eso”, le dijo otro de los detenidos a su familiar, pero no sabe cuál es el delito del que se le acusa.
Y en la misma situación están las familias de Vicente Mayo Mateo y Víctor Manuel Alcaide Serrano, quienes fueron detenidos en los recorridos de los integrantes del movimiento contra la delincuencia organizada.
De éstos, los familiares denunciaron que por varios días no tuvieron información de ellos, el sábado les dijeron que estaban en la comunidad de Ahuacachagüe donde pudieron verlos unos minutos y constataron que estaban bien y estaban siendo atendidos.
De la familia Vargas Gijón son cuatro los detenidos por los integrantes del movimiento de autodefensa y a diferencia del resto, ellos fueron golpeados durante su detención. Incluso algunos familiares recibieron golpes, según relató la esposa de Rafael Vargas Gijón.
A Rafael Vargas lo bajaron de su automóvil hombres armados que se presentaron como policías comunitarios, pero contrario a como actúan los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a la que pertenece la Policía Comunitaria, lo golpearon y le arrebataron sus pertenencias, recordó la esposa, quien denunció que también fue golpeada.
Rafael Vargas fue detenido para que se presentara su hijo Rafael Amador Vargas Carrillo, quien supuestamente fue el último que vio al comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alberto García antes de ser levantado, por lo que fue responsabilizado del plagio.
Cuando acudieron en ayuda de sus familiares, también fueron detenidos Agustín Vargas Gijón y Osiel Vargas Chávez, el domingo 6 de enero y el sábado 12 supieron en dónde estaban.
Los detenidos relataron a sus familiares que el lunes y martes los tuvieron en la comunidad de Rancho Nuevo donde los querían “linchar”, uno estaba amarrado y a otro lo tenían “embolsado”. Al lugar llegaron integrantes de la Policía Comunitaria, quienes lo rescataron y se los llevaron a otra comunidad, donde se encuentran actualmente.
Por ello la familia está agradecida con la Policía Comunitaria, porque, según les contaron los detenidos, el trato fue diferente después de que los sacaron de la primera comunidad y actualmente están alimentados y atendidos, aunque siguen sin saber porque todos fueron detenidos si al único que se buscaba por el secuestro del comisario era a Rafael Vargas Carrillo.
Expusieron que hay personas “que se cuelgan de ser de la comunitaria” y es de los que desconfían, porque tienen la certeza que si llevan a sus familiares a juicio bajo el sistema de justicia de la Policía Comunitaria podrán defenderlos y demostrar que son inocentes.
Aunque temen que la detención sea una rencilla contra la familia, debido a que Rafael Vargas Gijón es dirigente del Grupo Unificado de Transportistas del Estado de Guerrero y le dijeron que hay cuatro personas, ex agremiados, que lo amenazaron que si sale libre lo buscarán porque están seguros de que es el responsable del secuestro del comisario, aún si se comprueba lo contrario.
Los familiares de los detenidos buscaron la atención del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, afuera del plantel del colegio de Bachilleres de Ayutla en donde se reunió con integrantes del movimiento contra la delincuencia organizada que encabezan integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) pero no tuvieron éxito, después se volvieron a manifestar en la actividad del mandatario estatal en la explanada del Ayuntamiento donde los ignoró aun cuando pasó a un lado de ellos.
Reprocharon que Aguirre haya ido a bromear  y luego se puso a preguntar sobre el chilate, cuando “hay muchos problemas en Ayutla, vino a decir algo sin fondo”.