Mueren más de 350 presos en incendio en cárcel hondureña; lo investigará la CIDH

DPA

Tegucigalpa

Honduras amaneció conmocionada al enterarse de la muerte de más de 350 presos en las primeras horas de ayer debido a un incendio en el centro penal de la central ciudad de Comayagua, a 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El gobierno hondureño confirmó que en el incendio murieron más de 350 presos, confirmando las cifras que previamente había reportado la prensa.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo en horas de la tarde del miércoles que “más de 350 personas fallecieron” por el incendio, la mayor tragedia que conoce el país, fuera de los desastres naturales.
El comisionado nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, indicó en tanto que la cantidad de fallecidos puede llegar a 356.
Por su parte, el presidente Porfirio Lobo ordenó a Bonilla “suspender” a los responsables del centro penal, así como al responsable nacional del sistema carcelario, el comisionado Danilo Orellana.
Asimismo, el gobernante indicó que integrará una comisión independiente, con “acompañamiento internacional”, para investigar lo ocurrido y “deducir responsabilidades” para quienes sean señalados como culpables de la tragedia, a la que definió como “lamentable e inaceptable”.
En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió ayer  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío a Honduras de una delegación para investigar las causas del incendio. A petición del jefe de la Organización de Estados Americanos, la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, designará a una delegación que incluirá al relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, con el objetivo de realizar “una investigación de los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria”.
El equipo de la CIDH deberá presentar un “informe exhaustivo” de sus hallazgos al gobierno hondureño y a la OEA, según un comunicado del organismo hemisférico.
Mientras, la Policía Nacional, responsable del control del sistema carcelario nacional, investiga las causas del incendio.
El vocero policial Héctor Iván Mejía indicó que inicialmente se estimó que el incendio se había originado en un cortocircuito del sistema eléctrico, pero ahora se trabaja sobre la hipótesis de un incendio provocado para generar una fuga.
Esto pareció confirmarse con la versión de la gobernadora del departamento (provincia) de Comayagua, Paola Castro, quien afirmó que recibió una llamada a su teléfono móvil de parte de un preso que le dijo que uno de los presos aseguraba que iniciaría un incendio.
La gobernadora Castro, que trabajó antes en el centro penal en programas de rehabilitación, indicó que el centro es modelo, ya que opera bajo la modalidad de una granja penal donde los detenidos se dedican en el día a cultivos agrícolas y solo en la noche son llevados a sus celdas.
Sin embargo, la polémica se desató por la denuncia de presos sobrevivientes y heridos que denunciaron que los policías carcelarios se rehusaron a abrir las celdas a pesar de los pedidos de auxilio.
Uno de los presos heridos afirmó que ello provocó que muchos reos fallecieran asfixiados por el humo desatado por las llamas, mientras otros quedaron completamente calcinados.
También los familiares denunciaron que los carceleros no ayudaron a liberar previamente a los reos.
Pero el ministro de Seguridad Bonilla rechazó cualquier acto deliberado e indicó que incluso fueron agentes policiales quienes llegaron a auxiliar a los reos y por ello varios lograron sobrevivir.
El cuerpo de bomberos también denunció que reaccionaron rápidamente cuando fueron notificados del incendio, pero dijo que no les permitieron una entrada fácil al centro penal y que tardaron mucho en que les permitieran acceder a controlar el incendio y rescatar a los prisioneros que estaban encerrados.
Los bomberos señalaron que faltaba electricidad y que tuvieron que alumbrarse con focos de mano para dirigir la operación.
Mientras, miles de familiares se encuentran fuera del centro penal de Comayagua para poder conocer el paradero de los suyos. Un intento de penetrar la instalación fue rechazado por policías y militares.
El centro penal albergaba 820 reclusos y la Policía Nacional indicó que sólo se encuentran bajo su mando 475 detenidos, mientras un poco más de 50 reos son atendidos en centros hospitalarios. El resto estaría muerto o se habría fugado.