Halla la Auditoría irregularidades en la cuenta pública federal del 2010

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un “gran número de irregularidades” en la cuenta pública de 2010, entre ellas el uso de documentos apócrifos, especulación en bolsa con recursos federales, programas agrarios que no cumplieron con sus objetivos e incluso contrataciones de servicios por miles de millones de pesos.
Al entregar a la Cámara de Diputados la revisión de la cuenta pública 2010, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que se elaboraron diversas “denuncias de hechos”, de las cuales 53 corresponden al área de agricultura y tienen que ver con recursos destinados a organizaciones sociales.
Se trata únicamente de denuncias “administrativas”, y aunque la ASF está facultada para interponer denuncias penales, no lo hizo.
Otras irregularidades encontradas fueron en el IMSS, durante la administración de Juan Molinar Horcasitas, actual dirigente del PAN.
Durante la entrega de su informe, Portal sostuvo que los resultados muestran “la problemática existente en los programas de apoyo y subsidios en sectores como el campo, donde se ha previsto la utilización de intermediarios que no han contribuido, en diversos casos, al establecimiento de medidas de control, transparencia y rendición de cuentas, respecto de la manera en cómo se utilizan los recursos federales asignados”.
Añadió: “Los beneficios de estos mecanismos no son evidentes, y se puede concluir que en alguno de los casos se privilegian fines distintos para los cuales fueron creados los programas, presentándose diversos esquemas mediante los cuales se evade la correcta comprobación de los recursos, como la presentación de documentación presuntamente apócrifa”.
El auditor se refirió también al programa de vivienda, y aquí estableció que “se autorizaron inversiones en capitales y bonos de dudosa calidad, por lo que es recomendable la revisión de la legislación, a fin de evitar la especulación con recursos públicos”.
Respecto de los recursos utilizados para la “infraestructura”, reveló que “un gran número” de proyectos sufrieron modificaciones que implicaron elevaciones “sustanciales” de los montos o aumento en los plazos de contratación, como fue el caso de la llamada “estela de luz”.
A pesar de todas las irregularidades detectadas por el auditor, existen casos emblemáticos de obras o acciones realizadas en 2010 de las que no hizo un pronunciamiento, como fue el caso de la conocida “licitación 21”, que tiene que ver con la concesión del espectro radioeléctrico a favor de Nextel y donde se denunciaron diversas irregularidades, desde la confección de la convocatoria hasta el fallo.

La extinción de Luz y Fuerza, justificada

La Auditoría encontró que el pago adicional de 276 millones de pesos para la construcción de la Estela de luz no se justificaron porque se trata de conceptos duplicados y sugirió que, en tanto no se concluya la auditoría, a esta obra no se pague el finiquito a la empresa Gutsa.
En su informe de resultados de la Cuenta Pública 2010, la ASF reportó que en el gobierno federal privó la desorganización para supervisar el desarrollo del monumento y autorizar la duplicación de su costo.
El órgano fiscalizador dijo que como la mayor parte de la entrega de recursos dese el fideicomiso que operaba Banjército y el fiduciario, esto es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INERHM), y de este a la compañía se realizaron en 2011 será hasta el próximo año cuando se termine el presunto daño patrimonial y si hay elementos para presentar denuncias penales.
La oficina detectó entre las irregularidades en el monumento para conmemorar el Bicentenario del inicio de la Independencia entre otras, el retraso de quince meses en la creación de la comisión organizadora del Bicentenario; de quince meses más hasta que se invitó al concurso nacional; de cuatro meses más sin ninguna actividad;: de un mes adicional desde la entrega del proyecto hasta la firma del contrato.
Asimismo, que el INERHM aceptó que aun cuando Gutsa ofrecía los mejores precios, éstos estaban por encima de las bases de licitación; que el Instituto admitió el sobrecosto de mil dos conceptos adicionales por un monto de 697 millones de pesos, que no han sido justificados con sus precios unitarios.
Otro tema fue la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Juan Manuel Portal justificó la acción “por ser  un área estratégica del Estado”.
Subrayó: “El proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro en 2010 se ha realizado de conformidad con el decreto de extinción y las bases para la desincorporación”.
Reveló que el costo de la liquidación fue de 45 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil se pagaron con recursos fiscales y 15 mil con dinero “autogenerado”.
Cada uno de los entes auditados y observados cuentan a partir de ahora con 30 días hábiles para subsanar las irregularidades.