Arremete el gobernador en contra de Ayotzinapa, prepas populares y protestas del sector educativo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En una entrevista de radio, el gobernador Ángel Aguirre Rivero habló ampliamente de asuntos educativos y arremetió contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, contra los líderes de las preparatorias populares, así como de organizaciones que, reiteró, han hecho de la lucha social su “modus vivendi”.
Vía telefónica, y durante casi una hora de declaraciones, señaló que los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa son privilegiados, pero les han sembrado el rencor y la ira contra la sociedad y contra el gobierno, personas que van a sus instalaciones a aleccionarlos.
Señaló que hay una serie de organizaciones que todo lo descalifican (en referencia a los organismos civiles de derechos humanos que apoyan la lucha de los normalistas), porque es su forma de vida, “han encontrado como una manera de lucrar, no les gustó cuando dije que les gusta prolongar los conflictos”.
Reiteró que si se calcula el subsidio y otros gastos, más o menos cada uno de los 500 jóvenes normalistas, cuesta 14 mil pesos mensuales al estado, “no se equipara ni con la UNAM”.
Declaró, “cómo se podía explicar a estos jóvenes que les ha sembrado permanentemente el rencor social, hay quien va especialmente a aleccionarlos ahí mismo, a sus instalaciones, sabemos quiénes son los que están sembrando todo el día el rencor, la ira en contra de la sociedad, en contra del gobierno, y no sólo al gobernador, y no se dan cuenta que están en un espacio de privilegiado”.
También señaló que los estudiantes alientan actos vandálicos fuera de la ley, “cómo nos explicamos que si en este momento están dentro de la normalidad educativa, con un director que propuso el señor Manuel Olivares (secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos), que tanto declara en contra de las cosas que estamos haciendo en el gobierno, cómo explicar que sigan secuestrando camiones”.
Subrayó que es un delito y si son sorprendidos van a decir que los están reprimiendo, y cuando la semana pasada se canceló un acto para la entrega de materiales para Ayotzinapa, porque los dirigentes no acudieron a la cita, aceptó que los esperó hasta las 5; pues se convocó a los reporteros a las 3 de la tarde.
Señaló que ahí quedaron computadoras y una camioneta Van, de un costo aproximado de 5 millones de pesos, “le he pedido a la secretaria (Silvia Romero Suárez) que lo entregue a otras normales, donde sí se valoran estas acciones que fortalecen a la calidad educativa”.
Asimismo, señaló que aunque los estudiantes dicen que no hay inversión en Ayotzinapa, invitó a los ciudadanos ajenos a la normal, a integrantes de la comisión nacional y estatal de derechos humanos para que vean las obras, “que no se hacían desde hace muchísimo años”.
Sobre el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados dos estudiantes, y al que se refirió como una mancha en su gobierno, insistió en que hablará con el nuevo procurador de la República, porque hay nuevos ingredientes para que profundicen más en las investigaciones, pues en el sexenio anterior “sabemos cómo se protegió a la Policía Federal”.
En otro tema, destacó que es emblemático que Guerrero se sumara a la aprobación del decreto de reforma educativa, que sólo espera el aval de un mínimo de 17 estados a través de sus congresos locales, para que se convierta en ley, y aseguró “no se trata de afectar conquistas laborales, mucho menos que se le cancele su propio trabajo”, pero “de manera perversa” hay quienes han dado este enfoque que no corresponde a la realidad.
Argumentó que hay prácticas que se han dado desde hace muchos años, como la herencia de plazas, que ya no se justifican, y eso ha causado muchas discrepancias con las organizaciones político-sindicales. Y es que la herencia de plazas se va a cancelar en Guerrero con la publicación oficial de esta reforma.
Luego, destacó su compromiso con la educación y anunció que va a seguir promoviendo los bachilleratos interculturales en las localidades rurales, que suman 18 en la entidad. Señaló que en Tlalixtaquilla, donde opera una preparatoria popular, se instaló un bachillerato intercultural porque había incertidumbre.
“A veces la comunidad cooperaba, a veces no (para el pago de maestros de la preparatoria), ahora tienen bachillerato intercultural con reconocimiento oficial”.
Cuestionó las acciones de “seudo líderes” de preparatorias populares que el martes protestaron en el Congreso local por más recursos, “motivados más en la parte económica, para ver qué beneficios personales puede obtener”.
Cuestionó que las preparatorias populares hayan pedido 200 millones para salarios e infraestrictura, que ni a la Universidad Autónoma de Guerrero puede entregar el estado, y aseguró que cuando estas escuelas nacieron, se acordó que las comunidades y los pueblos absorberían sus pagos y alimentos de quienes trabajen en esos plantes, y así fue durante muchos años.
Recriminó que hace un año por primera vez, se les entregó un pequeño subsidio para que mejore la situación académica de esas escuelas, y ahora piden demasiado.
Asimismo se refirió a los maestros de beca bachiller, la plaza más baja de la Secretaría de Educación Guerrero, a quienes el año pasado después de una movilización incrementó sus ingresos de 800 a mil 800 pesos mensuales, y ahora le piden plazas formales, cuando no pueden atender toda la demanda de los egresados de las normales públicas.
En el mismo sentido, habló de la Universidad Autónoma Latinoamericana y del Caribe de Ciencias y Artes (UALCCA), a la que se le negó el registro como escuela de educación superior, y que inicialmente solicitó 2 mil millones, lo que consideró un absurdo.
En esta relación incluyó al representante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez, quien cuando se les agota lo que solicitó al gobierno, regresa con otro bloqueo.