Firma Aguirre plan emergente para atender a desplazados por la violencia

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Sin la presencia de las familias desplazadas del municipio de Coyuca de Catalán ni de los organismos de defensa de derechos humanos que han estado al pendiente de su seguridad, ayer en la residencia oficial Casa Guerrero, el gobernador firmó ante sus secretarios de despacho y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, una plan emergente de acciones para su atención.
Lo anterior sólo se conoció a través de un boletín y porque el gobernador le ordenó a la subdirectora de Comunicación Social, Ángeles Navarro, que diera “amplia difusión que se conozca a través de los medios y que puedan ustedes socializarlo”, aunque al acto prefirieron no invitar a la prensa.
Antes del boletín de prensa, de la Dirección de Comunicación Social, enviaron a los medios de comunicación la transcripción del discurso del gobernador, dicho en ese acto realizado en Casa Guerrero –debe suponerse que al  mediodía porque en el boletín no se precisa.
El gobernador Ángel Aguirre, primero agradeció al secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y a los funcionarios –no se precisa cuáles– involucrados en su estrategia de atención a las familias desplazadas.
Luego reiteró su postura sobre estos temas, “siempre he venido diciendo que las tareas de gobierno deben ser ante todo preventivas, uno debe de anticiparse a los acontecimientos, a los hechos, y lo segundo es siempre darle seguimiento, cuando alguien suscribe un documento como el que hoy estamos anunciando ante el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el señor Juan Alarcón Hernández”.
A decir del gobernador, Juan Alarcón Hernández, acudió a la firma de ese plan de atención a las familias desplazadas, en calidad de “testigo de honor”, lo cual Ángel Aguirre, dijo valorar ampliamente.
“En la firma de este documento, lo más importante es que se dé cumplimiento y se desarrollen acciones de manera horizontal y que puedan converger todos en torno a este plan de emergencia especialmente hacia la zona de los que debido a la violencia han sufrido el desplazamiento hacia otras comunidades”, precisó.
“Quiero asimismo recomendarle a (la subdirectora de Comunicación Social), Ángeles Navarro, que se le dé una amplia difusión que se conozca a través de los medios y que puedan ustedes socializarlo, especialmente con las organizaciones que en este caso han venido expresando su interés de participar en lo que es este plan emergente para los desplazados de Guerrero y digo de Guerrero porque, no solamente hay que enfocarnos al caso de Las Ollas, nos puede como dice el dicho saltar la liebre en alguna otras comunidades y que las podamos meter en el marco de este programa”.
El gobernador indicó que en su plan, “tiene que participar necesariamente el gobierno federal, yo le he solicitado al licenciado Roberto Campa quien es el subsecretario de Prevención del Delito, para que una buena parte de los recursos que se van a asignar a Guerrero, en donde por cierto Guerrero será la entidad que reciba el mayor monto a nivel nacional en materia de prevención del delito, algunos de estos recursos los podamos incorporar dentro de esta estrategia”.
Enseguida instruyó a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, “hay que compartírselo desde ahora a la secretaria (de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario) Robles, independientemente de que vendrá muy pronto”.
Y pidió también que informara a la directora para la Comisión de Defensa de los Pueblos Indígenas –aunque no precisó si la instancia federal o estatal–, para dar la misma atención a las comunidades indígenas.
Mientras que al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Iñaki Blanco, le pidió que coadyuve en la promoción, “porque como nos lo ha hecho saber, hay cosas por ejemplo que tienen que ver con justicia, hay cosas donde hay que aplicar la ley para dejar muy en claro, más allá de que nosotros busquemos la reconciliación de los grupos en conflictos”.
“De ninguna manera podemos dejar a la deriva la aplicación de la ley, eso no se pone en tela de duda, tendrá que continuarse tal como lo acordamos, pero ahora cosas que habrá que trabajar también con la Procuraduría General de la República (PGR), con su representación, con otras policías, con el Ejército, aquellas instituciones que de alguna manera u otra están involucradas en esta nueva estrategia que hoy estamos implementando”, explicó el gobernador.
Y aunque no se refiere a qué presidente –debe entenderse que el alcalde de Coyuca de Catalán porque tampoco en el boletín se dice–, el gobernador dijo: “Yo lo único que le puedo decir señor presidente es que nos ayude en el acompañamiento a todas estas acciones, y que se convierta usted como lo ha hecho, en un monitor, que nos digan realmente donde estamos cumpliendo y cuando no sea así, que a convocatoria de usted, nos volvamos a reunir y evaluar lo que se tenga que evaluar para que, repito, esto realmente pueda ser motivo de orgullo a quienes hoy estamos suscribiendo un documento por demás importante”.
Y felicitó al subsecretario Iñaki Blanco: “Les agradezco mucho, felicito a Iñaki, tú tienes una tarea clave que es garantizar y preservar en todo momento los derechos humanos, muchas gracias”.
De acuerdo con el boletín de prensa, el subsecretario Iñaki Blanco “detalló que mediante el Plan emergente signado se busca que las familias afectadas tengan acceso a vivienda, salud, educación, empleo, proyectos productivos y seguridad”.
E informa que el Plan emergente de acciones para la atención de familias afectadas consta de cuatro etapas: “En la primera se realizaron ya reuniones para definir su estructura y alcance; en la segunda, se identificaron las necesidades y los programas sociales que las satisfacen”.
“Para la tercera etapa se establecieron compromisos en materia de procuración de justicia, como la investigación de los hechos de violencia y sanción a los responsables; así como de tipo social y económico, mediante apoyos educativos, vivienda, proyectos productivos, salud, empleo temporal y seguridad pública y prevención del delito”.
“Y la cuarta etapa contempla el seguimiento de los compromisos asumidos y la realización de reuniones de evaluación permanente”.
Luego se da a conocer que en la “implementación del citado plan intervienen la Secretaría General de Gobierno, la de Finanzas y Administración, así como Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Seguridad Pública y Protección, Civil, entre otras dependencias. Y que asistieron integrantes del gabinete estatal encabezados por el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.