Utilizan en la PGJE 40 plazas de policías para labores de administración, denuncian

Redacción

Chilpancingo

El agente de la Policía Ministerial, Ricardo Melgar denunció que la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Martha Elva Garzón Bernal y el director general, Marco Esteban Juárez Escalera, utilizan de manera irregular 40 plazas de policías ministeriales para funciones administrativas, lo que ocasiona la disminución de personal de seguridad para combatir la delincuencia en la entidad.
En una visita a la redacción de El Sur señaló que la PGJE realiza cursos de capacitación para policías ministeriales de nuevo ingreso, sin embargo, los acreedores de los espacios no desempeñan su papel, sino que trabajan dentro de la dependencia como secretarias, asistentes y personal de aseo.
Ricardo Melgar informó que son 10 hombres y 30 mujeres que no cuenta con el perfil adecuado para desempeñarse como ministeriales, tienen un sueldo de 5 mil 200 pesos, cuando los administrativos cobran menos; recordó que hace tres años hubo una situación similar en la Procuraduría.
“Si vas al área de logística hay mucha gente que participaron para adquirir plazas como ministeriales y son administrativos, portan sus armas dentro de las oficinas, pero andan como asistentes, secretarios, personal de aseo, se pasan viendo su Facebook, por eso es la inconformidad, porque carecemos de agentes para cubrir todo el estado”, declaró.
Indicó que la Ley General del Trabajo estipula que el trabajador tiene dos periodos de vacaciones por año de 12 días y en el periodo decembrino sólo les otorgaron cinco días, por lo que exige que respeten sus días de asueto.
Mencionó que también carecen de uniformes, armamento y las patrullas se encuentran en malas condiciones, lo que les genera problemas al realizar recorridos en los lugares con mayor incidencia delictiva.
Dijo que Garzón Bernal y Juárez Escalera hacen caso omiso de las arbitrariedades en la dependencia, al otorgar las plazas de manera irregular y no para brindar mejor servicio a la ciudadanía.
Exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero, que instruya a la PGJE para evitar estas irregularidades en la entrega de las plazas, “que se investigue quién está detrás de las anomalías y sean otorgadas al personal que cuenta con el perfil adecuado para hacer frente al crimen organizado”.
Responsabilizó a la fiscal guerrerense Garzón Bernal y la director de la Policía Ministerial, Juárez Escalera en caso de que sea amenazado o atenten en contra de su familia e integridad física.